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En la continuación del juicio relacionado con el caso Odebrecht, este jueves 5 de febrero se desarrolló una jornada centrada en la presentación de pruebas técnicas y testimonios de expertos ante la jueza Baloisa Marquínez.

El perito contable Alvin Ibarra, antiguo miembro de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), fue el primer testimonio presentado citado por la defensa del exministro de la Presidencia Demetrio “Jimmy” Papadimitriu, acusado por presunto blanqueo de capitales junto al expresidente Ricardo Martinelli y otros implicados. Ibarra explicó que realizó un análisis del holding empresarial administrado por Diamantis Papadimitriu y María Bagatelas, padres del exfuncionario, concluyendo que ellos eran los accionistas y beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de sus compañías.

El perito señaló que las sociedades Dushking, S.A. y Demetering, S.A. mantenían una relación contractual con Constructora de El Oeste para trabajos de desalinización de arena marina en conjunto con Odebrecht. Según la investigación, estas empresas recibieron transferencias de Constructora Internacional del Sur y Klienfield Services, firmas utilizadas por la Oficina de Operaciones Estructurales de Odebrecht para canalizar pagos ilícitos. No obstante, Ibarra señaló que en su evaluación no identificó indicios de blanqueo de capitales ni reportes de actividades ilegales, y precisó que no se practicaron peritajes a cuentas personales de Papadimitriu.

Posteriormente declaró el auditor forense Leonel Sanjur, presentado por la defensa de Rosa Mari Molino y Juan Carlos Rosas, de la firma Rosas & Rosas, que brindó servicios a Odebrecht. Sanjur explicó que su peritaje determinó que la firma manejó aproximadamente 3.9 millones de dólares vinculados a la constructora entre 2009 y 2010. Según detalló, los servicios incluían trámites corporativos, gestiones ante el Registro Público, actualización de representantes legales y suministro de efectivo.

El auditor indicó que los pagos se canalizaban mediante cheques emitidos a nombre de Roberto Gutiérrez y que la relación profesional con Odebrecht terminó en 2010, antes de que existieran regulaciones específicas sobre la administración de fondos de clientes.

Álvaro Tomas banquero y abogado fue el tercer testigo, quien declaró a solicitud de la defensa del lobista Jaime Lasso. Tomas explicó que asesoró al comité de finanzas del Partido Panameñista entre 2009 y 2014, particularmente durante la campaña presidencial de Juan Carlos Varela. Señaló que el comité buscaba donaciones de grupos empresariales y que, por temor a represalias o exposición pública, algunos aportantes preferían no entregar fondos directamente.

El último en comparecer fue el contador público Manuel Erasmo Moreno, quien presentó un informe relacionado con el exministro de Vivienda y subtesorero del Partido Panameñista, Carlos Duboy. De acuerdo con la investigación fiscal, la sociedad Strategic Management Group Inc., creada por Jaime Lasso en 2006, recibió en 2008 dos transferencias por un total de 150 mil dólares provenientes de Constructora Internacional del Sur y Kleinfeld Services. En ese momento, Duboy ejercía como subtesorero del partido y el dinero habría sido destinado íntegramente a la campaña política.

Cerca de la 1:00 de la tarde, la jueza Marquínez suspendió la audiencia y ordenó la reanudación de la declaración de Moreno para el viernes 6 de febrero.

La Cámara Panameña de la Construcción inició una nueva etapa institucional con la toma de posesión de Irene Orillac de Simone, quien se convirtió en la primera mujer en presidir el gremio. El acto se realizó la noche del miércoles 4 de febrero en el hotel Sheraton, con la asistencia de autoridades gubernamentales, representantes del sector privado y miembros de la organización.

Orillac en su discurso de toma de posesión planteó que tendrá una gestión enfocada en consolidar los avances alcanzados por la Capac, fortalecer los servicios a sus afiliados y reactivar las comisiones de trabajo. Subrayó, además, la ampliación de los programas de capacitación como una herramienta clave para elevar la competitividad del sector y acompañar la reactivación económica.

La nueva presidenta insistió en la necesidad de mantener un diálogo permanente con las autoridades y con los distintos actores económicos y sociales, así como en reordenar las prioridades de la inversión pública. A su juicio, la ejecución de proyectos estratégicos y el impulso a iniciativas de infraestructura y vivienda son determinantes para generar empleo y sostener la estabilidad laboral en la industria.

Durante su intervención, Orillac destacó también la reciente firma de una convención colectiva con las organizaciones sindicales, alcanzada en un clima de diálogo y estabilidad, que —dijo— sienta las bases para una etapa de relaciones laborales más predecible en el sector.

Orillac reemplaza a Alejandro Ferrer Solís, quien presentó un balance de su gestión marcada por un entorno económico desafiante, con restricciones fiscales, menor inversión pública y tensiones laborales. El expresidente señaló que las expectativas iniciales de crecimiento moderado y dinamismo inmobiliario no se materializaron, debido a la limitada capacidad de inversión del Estado, el ajuste fiscal y el alto nivel de endeudamiento acumulado.

La junta directiva de la Capac para 2026 quedó integrada por Gabriel Diez Montilla (primer vicepresidente), Demetrio Arosemena (segundo vicepresidente), Alexis Fletcher (secretario), Juan Carlos Muñoz (tesorero) y Carlos Fábrega (fiscal), junto a representantes de los distintos sectores que conforman el gremio.

Con una trayectoria de más de tres décadas en la empresa familiar Díaz y Guardia, S.A., experiencia en banca privada y participación directa en proyectos inmobiliarios emblemáticos, Irene Orillac de Simone llega a la presidencia de la Capac con un amplio conocimiento del sector. Su recorrido gremial —que incluye más de 25 años en la Junta Directiva— le otorga, según afirmó, una visión integral de los retos que enfrenta la industria y del papel que puede desempeñar en el desarrollo del país.

Copa Airlines anunció el lanzamiento de una serie de vuelos especiales desde Panamá hacia Toronto, en Canadá, y Nueva York, en Estados Unidos, con el objetivo de facilitar el traslado de los fanáticos panameños que deseen acompañar a la Selección Nacional durante el Mundial de Fútbol 2026.

Los vuelos saldrán a la venta a partir de este jueves 5 de febrero, desde las 12:00 del mediodía, con itinerarios diseñados específicamente para ajustarse a las fechas de los partidos. La aerolínea informó que la tarifa promocional será de 679.00 dólares ida y vuelta en clase económica.

El paquete incluye una maleta registrada, preselección de asiento y un cambio de fecha sin cargo, siempre que se realice hasta siete días antes de la salida original y se mantenga dentro de los vuelos especiales. Todos los impuestos están incluidos en el precio.

En esta primera fase, Copa habilitó varias frecuencias hacia Toronto durante el mes de junio, así como múltiples opciones hacia Nueva York entre junio y julio. La aerolínea también adelantó que, conforme se vayan llenando los vuelos iniciales, se abrirán nuevas frecuencias hasta completar un máximo de 30 vuelos aprobados entre ambos países.

Los boletos estarán disponibles hasta el 5 de marzo de 2026 o hasta agotar la capacidad, y podrán adquirirse a través de copa.com, agencias de viajes, oficinas de ventas y el centro de llamadas de la aerolínea.

Con esta iniciativa, Copa busca fortalecer su vínculo histórico con el fútbol panameño y respaldar a la afición en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

La audiencia judicial sobre el caso de la Banca Privada de Andorra (BPA) continuó este lunes con la declaración del economista español Juan Cejudo Peña, quien expuso ante el tribunal detalles sobre el funcionamiento de la entidad financiera y su filial de servicios, así como el uso de estructuras societarias en Panamá para la captación y gestión de clientes internacionales.

La sesión inició con el repaso de los involucrados por parte de la jueza, quien autorizó, a través de Carmen Gisela Vergara, la comparecencia de dos testigos. Cejudo Peña, formado en la Universidad de Barcelona, explicó que llegó a trabajar como asesor externo de BPA Service, una filial encargada de ofrecer servicios de fiscalización y asesoría tributaria fuera de la estructura directa del banco.

Durante su intervención, señaló que BPA Service brindaba acompañamiento a clientes en materia de declaraciones de impuestos, tanto para residentes en Europa como en procesos relacionados con Francia y solicitudes provenientes de Estados Unidos. Indicó que, entre 2008 y 2009, la firma atravesó constantes cambios para adaptarse a la demanda del mercado financiero internacional.

Consultado por la fiscal Ruth Morcillo sobre cómo ingresaban los clientes a la estructura del banco, Cejudo explicó que estos llegaban principalmente por recomendaciones de terceros, contactos bancarios y mediante la creación de sociedades en distintos países, entre ellos Panamá.

El testigo afirmó que BPA Service habría conformado más de 1,500 sociedades en Panamá, y recordó que en un escándalo financiero transmitido incluso en Andorra se reveló que unas 40 de estas sociedades estaban vinculadas directamente a BPA, dentro de un grupo mayor de más de 400 entidades relacionadas con distintos bancos y una firma de abogados panameña.

Uno de los momentos centrales de la audiencia se dio cuando se abordó la intervención de BPA por parte de las autoridades andorranas, originada en una nota del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que advertía sobre presunto blanqueo de capitales. Según Cejudo, las alertas incluían posibles vínculos con fondos del Cartel de Sinaloa (México), así como operaciones relacionadas con un ciudadano ruso y otro chino, aunque aclaró que algunos de estos extremos no lograron ser plenamente demostrados.

Ante nuevas preguntas del Ministerio Público, Cejudo identificó a Sergei Lucas como la filial de BPA Service en Panamá y reconoció errores operativos dentro de la entidad. También señaló como dignatarios de BPA Service a los acusados Lozano y Pamies, además de Francesc Pérez Giménez.

Tras un receso, la jueza procedió a establecer la lista de personas que deberán rendir testimonio en la próxima jornada, en un proceso que continúa revelando los vínculos entre estructuras financieras internacionales y el uso de sociedades offshore con sede en Panamá.