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La audiencia celebrada este 10 de febrero de 2026 en el juicio relacionado con el caso Odebrecht estuvo marcada por la solicitud de la defensa de varios imputados de convocar a una testigo para contrainterrogatorio, lo que llevó a la suspensión temporal del proceso.

Los abogados Alfredo Vallarino y Alma Cortés solicitaron la comparecencia de Damaris Rodríguez, exfuncionaria de la Policía Nacional, al considerar necesario someterla a contrainterrogatorio. Ante la petición, la jueza Baloisa Marquínez decretó un receso hasta el viernes 13 de febrero, con el propósito de garantizar su comparecencia y permitir que las defensas —entre ellas las encabezadas por Rolando Rodríguez y Alfredo Vallarino— realicen el interrogatorio correspondiente sin mayores dilaciones.

Testimonio de perito contable sobre finanzas del Partido Panameñista

La jornada inició con la comparecencia del contador público autorizado José Ángel Hidrogo Calvo, presentado como perito a solicitud del abogado Erasmo Muñoz, defensor del empresario Jaime Lasso, vinculado a la investigación por los sobornos pagados por la constructora Odebrecht.

Durante su declaración, el perito explicó el manejo financiero de sociedades relacionadas con Lasso, entre ellas Fundación Don James, Poseidón y VTech, las cuales —según el análisis presentado— administraron fondos de la campaña del Partido Panameñista entre 2009 y 2013 por aproximadamente 6.7 millones de dólares.

Hidrogo detalló que se realizaron 49 pagos, incluyendo cerca de 688 mil dólares a proveedores, entre ellos medios de comunicación. También mencionó desembolsos por 669 mil dólares a Álvaro Tomás, pagos de planilla y honorarios a 46 personas vinculadas al partido, entre quienes recordó a Luis Carles y Jonathan del Rosario.

El perito indicó además que hubo traspasos de fondos por 1.03 millones de dólares al expresidente Juan Carlos Varela, 7 mil dólares a José Luis Varela, y pagos a proveedores extranjeros por contratos de comercialización de artículos promocionales por más de tres millones de dólares.

Según el experto, los movimientos financieros analizados se encuentran dentro de parámetros normales para empresas bajo un mismo propietario. También aclaró que un excedente de 24 mil dólares detectado en los registros no formaba parte de donaciones.

Ante preguntas de la fiscal Jenisbeth Malek, el perito reiteró que los fondos de campaña fueron entregados a personas vinculadas al entonces candidato presidencial, a proveedores y a otros beneficiarios ya mencionados. Sobre el período de participación de Lasso en la recaudación de fondos, indicó que su análisis se basó en información correspondiente al período 2009-2013.

Testimonio técnico sobre proyecto hidroeléctrico

Posteriormente, la defensa del empresario Navin Mohan Bhatka, representada por el abogado suplente Eduardo Sequeira, presentó al empresario del sector energético Gilberto Ferrari, exdirector general de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA).

Ferrari aclaró no mantener vínculos comerciales ni familiares con Bhatka y explicó que su participación respondía a una solicitud pericial. Su intervención se centró en describir la participación del empresario en el proyecto hidroeléctrico San Bartolo-Las Cruces, en el río San Pablo, durante el período 2010-2011. Durante su exposición presentó material audiovisual sobre el funcionamiento de la hidroeléctrica.

Ni la fiscalía ni el abogado querellante formularon preguntas al testigo.

Análisis financiero de empresa energética

El último testigo de la jornada fue el economista Gustavo Adolfo Villa López, presentado por la abogada Guillermina McDonald, también en defensa del empresario Bhatka.

Villa López indicó no conocer personalmente al empresario y explicó que su labor consistió en elaborar un análisis financiero de la empresa Corporación de Energía del Istmo, abordando aspectos como líneas de crédito, desembolsos y gobierno corporativo. Según el economista, el patrimonio del empresario era superior a lo reflejado en los registros de 2011 y 2014.

Audiencia continuará el viernes

Al cierre de la sesión, la jueza Baloisa Marquínez confirmó la suspensión de la audiencia hasta el viernes 13 de febrero, cuando se espera la comparecencia de la testigo solicitada por la defensa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá rechazó este lunes las afirmaciones realizadas por el expresidente Juan Carlos Varela sobre supuestos fondos de cooperación provenientes de la República Popular China y su presunto uso por el actual gobierno, asegurando que dichas declaraciones carecen de sustento.

En un comunicado oficial fechado el 9 de febrero de 2026, la Cancillería afirmó que la administración actual no ha recibido recursos económicos de China, ya sea en forma de contribución, financiamiento o préstamo.

La entidad también precisó que el único convenio de cooperación técnica y económica suscrito entre Panamá y China fue firmado durante el período presidencial 2014-2019, correspondiente a la administración del propio Varela. Según el Ministerio, durante el actual quinquenio no se ha implementado ni recibido ningún programa de cooperación técnica o económica proveniente del país asiático.

El comunicado sostiene que resulta “falso e irresponsable” insinuar que el gobierno actual haya utilizado fondos de cooperación china o que exista manejo de recursos en ese sentido, señalando que tales afirmaciones no están respaldadas por hechos ni documentación verificable y generan confusión en la opinión pública.

El Gobierno Nacional indicó además que corresponde al expresidente Varela explicar las razones de sus declaraciones, al considerar que presentan información de forma tendenciosa y omiten elementos relevantes sobre los acuerdos suscritos durante su administración.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso con la transparencia, la verdad y la responsabilidad institucional, y subrayó que la política exterior del Estado no debe utilizarse para generar confusión política. Asimismo, señaló que Panamá merece un debate público sustentado en hechos verificables y no en insinuaciones o narrativas engañosas.

La audiencia del caso Odebrecht continuó este lunes con la presentación de testimonios periciales solicitados por distintas defensas, en lo que podría ser una de las últimas semanas de este proceso judicial. La sesión inició alrededor de las 12:45 p. m. con la verificación de la presencia de todas las partes.

La jueza dio paso al testimonio del perito José Luis Francia Arias, presentado por el abogado Fernando Peñuelas, defensor de María Isabel Carmona y Gonzalo Monteverde, empresarios vinculados a las compañías Isagon, Cementerio Central y Constructora MAQ. El especialista sostuvo que, según su análisis, los esposos Carmona-Monteverde no guardan relación con los hechos investigados en el expediente, ni con empresas ficticias u operaciones “offshore”.

El perito afirmó que no existe vínculo entre las empresas de los empresarios y movimientos bancarios ilícitos. Explicó que los fondos analizados se trasladaron de Perú a República Dominicana, según reportes de la Superintendencia de Banca de Perú, y que no pasaron por el sistema bancario panameño. Añadió que Constructora MAQ registró entre 2010 y años posteriores movimientos financieros por aproximadamente cuatro a cinco millones de dólares, los cuales —según dijo— fueron cancelados a entidades bancarias, conforme a información obtenida mediante cooperación internacional.

Durante su declaración, el experto también mencionó que los empresarios proyectaban desarrollar en Panamá un estacionamiento similar a iniciativas realizadas en Perú. Indicó además que, aunque ambos enfrentan una investigación administrativa en Estados Unidos, no presentan problemas con sus cuentas bancarias y señaló desconocer por qué no se incorporaron al expediente reportes del banco Saint Georges relacionados con sus operaciones.

En el contrainterrogatorio, la fiscal Thalía Palacios cuestionó las conclusiones del perito. Este reiteró que la empresa Isagon no fue utilizada para pagos de la llamada “Caja 2” de Odebrecht —estructura empleada para desembolsos ilícitos— y sostuvo que, según la información disponible, Olivio Rodríguez Jr. realizaba esos pagos, en un rol comparable al de Andrés Campo Ravelo. También manifestó discrepancias con declaraciones de Mónica Moura que, según la fiscalía, vincularían a los empresarios con transferencias investigadas.

Ante la insistencia del Ministerio Público sobre la trazabilidad de dinero hacia República Dominicana, el perito mantuvo que los fondos provenían de Perú y correspondían a recursos propios. Asimismo, expresó dudas sobre señalamientos de seis transferencias por un millón de dólares destinadas a la campaña presidencial de José Domingo Arias, indicando que dichas operaciones habrían ocurrido después de las elecciones.

Posteriormente intervino el abogado Fernando Morales, defensor de Arias, quien consultó sobre 18 transferencias realizadas por Isagon. El perito respondió que la empresa no forma parte de un holding ni de la estructura de Odebrecht, y que sus operaciones financieras son verificables.

En otra fase de la audiencia, el abogado Sidney Sitton presentó como testigo al perito Eliseo Ábrego, quien participó en el caso New Business y laboró en la Policía Nacional. Ábrego reconoció haber elaborado un informe en el marco de investigaciones por blanqueo de capitales, pero indicó no encontrar relación directa entre ese documento y el proceso Odebrecht. Ni la fiscalía ni la parte querellante formularon preguntas adicionales.

El abogado Alfredo Vallarino, defensor del expresidente Ricardo Martinelli, intentó cuestionar el informe mencionado. Durante esa intervención se aludió a las empresas Carretero y la firma Rosas & Rosas como parte de investigaciones previas del perito.

Tras un receso, la jueza admitió el testimonio del perito Juan Iván Roger Harper, presentado por la abogada Guillermina McDonald, defensora del empresario Navin Mohan Bhatka. El especialista, con experiencia en auditoría, auditoría forense y grafoscopía, indicó que conoce a Bhatka únicamente por su vinculación al proceso y estimó su patrimonio en alrededor de 40 millones de dólares.

Roger Harper señaló que los movimientos bancarios del empresario se realizaron de manera regular en distintas entidades financieras. También explicó que la compra de un helicóptero por 3.215.000 dólares se efectuó mediante pagos parciales, incluyendo desembolsos cercanos a 814 mil dólares. Además, mencionó inversiones en proyectos hidroeléctricos como Laguna, Don Bartolo y otros en la provincia de Veraguas, sin encontrar indicios de blanqueo de capitales.

Durante el interrogatorio de la fiscalía, el perito indicó que los pagos de viáticos analizados correspondían a operaciones habituales y que la adquisición del helicóptero respondió a necesidades operativas del empresario.

Concluida la etapa de interrogatorios, la jueza dio por finalizada la audiencia de este lunes dentro del juicio por el caso Odebrecht.

La ciudad de Panamá será sede en 2027 de la Reunión Anual de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un encuentro regional que reunirá a alcaldes y líderes urbanos de América Latina y el Caribe para intercambiar experiencias sobre desarrollo urbano sostenible.

El anuncio fue realizado por el presidente del BID, Ilan Goldfajn, a través de su cuenta en la red social X, luego de sostener una reunión con el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, durante su visita oficial al país. Según el funcionario, el evento congregará a representantes de más de 50 ciudades de la región.

Goldfajn destacó que, durante el encuentro con el alcalde capitalino, se abordaron iniciativas conjuntas entre el BID y la ciudad de Panamá, entre ellas el proyecto de regeneración urbana de El Chorrillo–Cerro Ancón, que incluye la construcción de un teleférico como parte de un plan orientado a ampliar oportunidades económicas y generar empleo. También señaló que Panamá será una de las ciudades pioneras en el programa innovador del BID para Ciudades y Regiones, enfocado en integrar turismo y desarrollo urbano.

Por su parte, el alcalde Mayer Mizrachi explicó que en la reunión se revisó la agenda de cooperación que el BID impulsa con los gobiernos locales de América Latina y el Caribe. La Alcaldía de Panamá indicó en un comunicado que la designación de la capital como sede del encuentro regional permitirá posicionar al país en el debate sobre políticas urbanas y desarrollo sostenible.

La Red de Ciudades del BID es una plataforma creada para promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre municipios de la región, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales y fomentar modelos de crecimiento urbano sostenibles.

El encuentro previsto para 2027 reunirá a alcaldes y líderes urbanos de países que van desde México hasta Argentina. Según Mizrachi, la ciudad buscará invitar a alcaldes de distintos municipios panameños, en coordinación con el BID, con el propósito de fortalecer la articulación municipal y acercar al país a las principales redes regionales de desarrollo urbano.

“Panamá será sede de este importante congreso que pondrá al país en el centro del desarrollo urbano regional, ya que el BID también trabaja de forma directa con los gobiernos locales y no únicamente con los Estados”, señaló el alcalde.

Un analista jurídico chino sugirió que Pekín debería considerar posponer una eventual visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China y aplicar medidas de castigo “severas” contra Panamá, luego de que la Corte Suprema panameña anulara el contrato de una filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings para operar dos puertos ubicados en los accesos del Canal de Panamá.

La propuesta fue planteada por Tian Feilong, vicedecano de la facultad de Derecho de la Universidad Minzu, en un artículo publicado en el portal informativo Guancha.cn, con sede en Shanghái. En su análisis, el académico sostuvo que Beijing debería imponer sanciones “institucionales” contra lo que calificó como “representantes” o “proxies” de Estados Unidos en Panamá, así como sanciones secundarias contra actores estadounidenses vinculados al caso.

El mes pasado, la Corte Suprema de Panamá declaró nulo el contrato que permitía a la empresa vinculada a CK Hutchison administrar puertos en ambos extremos del Canal. La decisión se produjo en medio de tensiones geopolíticas, mientras el presidente estadounidense Donald Trump ha reiterado que Estados Unidos debe recuperar control sobre la vía interoceánica, afirmando que esta “está operada por China”.

La reciente estrategia de seguridad nacional de Washington también plantea la necesidad de mantener a “adversarios” alejados de territorios estratégicos, como el Canal de Panamá y Groenlandia.

En su artículo, Tian atribuyó la decisión judicial panameña a la influencia de Estados Unidos y propuso que China ejerza presión en áreas donde Washington requiere cooperación de Beijing, como comercio, tecnología, materias primas y asuntos globales. Incluso sugirió reexaminar los mecanismos de cooperación comercial entre ambos países y reconsiderar la visita de Trump a China prevista para este año.

El académico planteó además la posibilidad de investigar y sancionar a empresas o personas que, según su criterio, hayan contribuido a afectar intereses chinos en el extranjero, señalando que el caso de Panamá podría tener implicaciones para la posición internacional de inversión de China y para la Iniciativa de la Franja y la Ruta en América Latina.

Según Tian, la decisión panameña reflejaría una forma de “coerción geopolítica” y evidenciaría una intensificación de la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos. También afirmó que Panamá habría asumido un papel central en esa confrontación.

Medios internacionales han informado que empresas estatales chinas habrían suspendido conversaciones sobre nuevos proyectos en Panamá, una medida que Tian calificó como legítima dentro del derecho internacional y la legislación china sobre sanciones extranjeras. El analista sugirió que podrían adoptarse nuevas sanciones contra instituciones, empresas e individuos panameños.

La reacción oficial de Panamá no se hizo esperar. La semana pasada, el presidente José Raúl Mulino respondió a las críticas señalando que “Panamá es un país digno y no permitirá ser amenazado por ningún país del mundo”.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó que Washington se siente “alentado” por la decisión de la Corte Suprema panameña.

En paralelo, Trump sostuvo recientemente una conversación telefónica con el presidente chino Xi Jinping y anunció en redes sociales que ambos discutieron un viaje que planea realizar a China en abril, mientras Xi también podría visitar la Casa Blanca hacia finales de este año.

Tian concluyó que la disputa en torno al Canal de Panamá forma parte de una competencia estratégica más amplia entre China y Estados Unidos, que —según su análisis— se extiende a los ámbitos comercial, tecnológico y financiero.