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El magistrado Carlos Vásquez será ponente de la advertencia de inconstitucionalidad interpuesta por la defensa del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

El recurso cuestiona la competencia de la jueza de garantías Oris Medina, quien el pasado 28 de enero presidió la audiencia de imputación en la que se formularon cargos contra Carrizo y se le impuso la medida cautelar de arresto domiciliario.

Los abogados defensores Pedro Meilán y Roberto Moreno alegaron que Medina no tenía facultad para conocer el caso, al sostener que Carrizo, por haber sido vicepresidente de la República, adquiere de manera automática una curul como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que —según su tesis— le otorga fuero especial y obliga a que cualquier investigación sea tramitada directamente ante la Corte Suprema de Justicia.

Moreno argumentó que la Constitución reconoce ese estatus a los expresidentes y exvicepresidentes, por lo que su cliente solo podría ser investigado y juzgado por el máximo tribunal del país.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a esa interpretación. Las fiscales Adela Cedeño y Patricia Herrera señalaron que Carrizo no ha sido juramentado como diputado del Parlacen, requisito indispensable para adquirir formalmente el fuero, por lo que la jueza Medina sí era competente para dirigir la audiencia.

A pesar del planteamiento de la defensa, la jueza continuó con el acto judicial, imputó cargos y ordenó el arresto domiciliario del exvicepresidente.

La advertencia de inconstitucionalidad ahora queda en manos del magistrado Vásquez, quien deberá analizar si existió o no una vulneración constitucional en la actuación de la jueza de garantías y, en consecuencia, determinar si el caso debe mantenerse en la jurisdicción ordinaria o ser remitido a la Corte Suprema de Justicia.

Una campaña masiva de vacunación se mantiene activa a nivel nacional con la aplicación gratuita de más de una docena de vacunas, como parte de un esfuerzo del Ministerio de Salud para reforzar la protección de niños, adolescentes, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La jefa nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Itzel de Hewitt, explicó que actualmente las dosis se están colocando en policlínicas y centros de salud, con énfasis en la población en edad escolar, además de brigadas que recorren comunidades y espacios donde se desarrollan cursos y talleres de verano, tanto deportivos como culturales y académicos.

La estrategia se intensificará con el inicio del año escolar y durante la Semana de Vacunación de las Américas, que se desarrollará del 26 de abril al 2 de mayo, período en el que se abrirán puestos especiales en centros comerciales para facilitar que padres y acudientes completen los esquemas pendientes de sus hijos.

El esquema actualizado contempla vacunas como la Tdap, dirigida a adolescentes, embarazadas y adultos mayores; la del neumococo para personas con enfermedades crónicas; la MR contra sarampión y rubéola; la del virus sincitial respiratorio (VSR) para adultos mayores, pacientes crónicos y embarazadas; así como la del virus del papiloma humano (VPH), disponible para hombres y mujeres hasta los 45 años.

En el caso de la población infantil, se aplican vacunas como la hexavalente, rotavirus, neumococo tetravalente, hepatitis A y B, y la triple viral (sarampión, rubéola y paperas).

Hewitt hizo un llamado especial a los familiares de adultos mayores con movilidad reducida para que los acerquen a los centros de salud, donde se les puede aplicar la Tdap, el VSR y la vacuna Neumo 20, que protege contra 20 serotipos de la bacteria Streptococcus pneumoniae, responsable de enfermedades graves como neumonía, meningitis y sepsis.

“Estas vacunas no están disponibles en muchos países y son claves para prevenir complicaciones respiratorias en personas de riesgo”, destacó la funcionaria.

El aumento reciente de muertes por influenza ha convertido a esta vacuna en la más solicitada por la población, seguida de las de papiloma humano y sarampión.

Como parte de la estrategia de alcance, el programa también se trasladó a centros universitarios. Solo en jornadas realizadas en la Facultad de Enfermería y Ciencias Veterinarias de la Universidad de Panamá, Udelas y la Universidad Interamericana de Panamá, se aplicaron alrededor de 3,200 dosis a estudiantes, docentes y personal administrativo, principalmente de nuevo ingreso.

Las autoridades sanitarias reiteraron que todas las vacunas se ofrecen de manera gratuita y forman parte de un plan preventivo que busca reducir brotes, hospitalizaciones y muertes por enfermedades que pueden evitarse con inmunización oportuna.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) anunció la aprobación de 30 vuelos adicionales de ida y vuelta entre Panamá y Toronto, los cuales operarán de manera temporal entre el 13 y el 28 de junio de 2026, en el marco de la Copa del Mundo que se celebrará en Canadá y Estados Unidos.

La medida responde al alto interés de los aficionados panameños por viajar para acompañar a la Selección Nacional en la cita mundialista, así como al incremento proyectado en la demanda de pasajeros durante ese período.

Según informó la AAC, la decisión se tomó tras una solicitud extraordinaria presentada por Copa Airlines, con el objetivo de reforzar la conectividad aérea y facilitar el desplazamiento de los viajeros hacia Toronto, una de las sedes del torneo.

El acuerdo se concretó luego de gestiones realizadas a nivel bilateral entre las autoridades aeronáuticas de Panamá y Canadá. En ese contexto, el pasado 19 de enero, el director general de la AAC, Rafael Bárcenas, elevó una petición formal de “Gobierno a Gobierno” para ampliar las frecuencias aéreas disponibles.

Con esta aprobación, la Autoridad Aeronáutica Civil reiteró su compromiso de implementar soluciones ágiles que beneficien a los usuarios del transporte aéreo y fortalezcan la presencia de Panamá en eventos de alto impacto internacional.

La audiencia judicial de este lunes inició a las 9:52 de la mañana, luego de que la jueza Baloisa Marquínez informara sobre la realización de una reunión previa entre las partes antes del inicio formal de la sesión. Posteriormente, se procedió con la identificación de todos los participantes, quienes brindaron sus datos personales ante el tribunal.

Durante la jornada se presentó como testigo el perito en informática forense Eduardo Rivas Reyes, quien explicó que actualmente labora en el sector privado, tras haber prestado servicios en el ámbito público. Rivas indicó que su informe se basa en una investigación iniciada en 2023, relacionada con el análisis de correos electrónicos extraídos de equipos informáticos vinculados al caso.

El perito detalló que se localizaron 28 correos electrónicos que evidencian comunicaciones entre el señor Stanziola y una empresa constructora, relacionadas con trabajos ejecutados. A preguntas de la fiscal del Ministerio Público, Rivas explicó que la información fue obtenida a partir de cuentas identificadas en la empresa Active Capital, cuyos datos fueron descargados en un archivo de formato PST, para luego ser seleccionados, analizados y resumidos.

Según el testimonio, el peritaje fue realizado en julio de 2023 sobre un ordenador propiedad del señor Niño, en presencia de este, del abogado defensor Salas y otras personas. El perito indicó además que ha participado en aproximadamente nueve mil peritajes judiciales, con un promedio de 1,200 por año en el área de Medicatura Forense.

Rivas también reconoció haber sido parte de un peritaje realizado para el exministro Jimmy Papadimitriu, identificado como el expediente número 6-0001-026 del 9 de enero de 2026. En cuanto a la cadena de custodia, explicó que esta se formaliza una vez se completa toda la documentación y se identifica plenamente el material analizado. En su informe figura como fecha de creación de un perfil denominado “Norberto Odebrecht” el mes de julio de 2003, lo cual fue objeto de análisis a solicitud del abogado Sauri.

El perito precisó que durante la diligencia estuvo presente el gerente de informática de la empresa Constructora del Oeste, quien participó en la recopilación de los datos.

Antes de cerrar la sesión, a las 11:39 de la mañana, la jueza Marquínez realizó un recuento de los testigos propuestos por la defensa. En varios casos, los abogados desistieron de las declaraciones debido a la inasistencia de los citados, como ocurrió con el testigo José Luis Sáez Villanueva. En cambio, se mantuvo la participación de la perito María Guadalupe Lasso de Icaza. Asimismo, se informó que varios testigos de nacionalidad brasileña, entre ellos Tacla Durán, no comparecerán en el proceso.