La transición portuaria y sus implicaciones laborales
La salida de Panama Ports Company (PPC) de los puertos de Balboa y Cristóbal marca un hito histórico en la actividad portuaria panameña. El proceso de transición hacia los nuevos operadores Maersk y MSC ha generado expectativas y preocupaciones, especialmente en el ámbito laboral y operativo.
El 100% de los trabajadores que mueven esos dos puertos no trabajaban para Panama Ports. Un porcentaje más reducido trabajaba para la empresa. Un porcentaje más alto trabajaba para las empresas que le prestan servicios como la famosa Servitiva.
Esta realidad laboral compleja plantea varios desafíos para los nuevos operadores, quienes deberán garantizar la continuidad operativa mientras gestionan las relaciones con múltiples proveedores de servicios y sindicatos.
El rol crítico de las empresas de servicios portuarios
Servitiva, una de las principales empresas prestadoras de servicios portuarios, se encuentra en el centro del debate sobre la continuidad operativa. Su relación contractual con PPC ha sido cuestionada por expertos del sector.
El contralor Anel Flores señaló que el contrato de Panama Ports fue el atraco más grande que ha tenido el estado panameño, cuestionando cómo PPC le pagaba más a Servitiva que las utilidades que recibía.
Los nuevos operadores tendrán 18 meses para evaluar y potencialmente renegociar estos acuerdos de servicios, buscando optimizar la eficiencia operativa y financiera de los puertos.
La posición del expresidente Torrijos
El expresidente Martín Torrijos se pronunció sobre la transición portuaria, ofreciendo una perspectiva matizada sobre el proceso:
Panamá Port no fue un buen socio para Panamá, incluso obstaculizó el desarrollo logístico del país. Por eso nadie lamenta su salida. Pero una cosa es cuestionar una concesión y su inexplicable renovación y otra muy distinta es terminarla sin transparencia ni explicación alguna sobre sus posibles implicaciones para el país.
Su declaración refleja la complejidad del proceso y la necesidad de mayor transparencia en la toma de decisiones que afectan activos estratégicos nacionales.
Perspectivas internacionales sobre la transición
La comunidad marítima internacional observa con atención el proceso de transición. Fuentes del sector destacan particularmente el papel de la actual ministra de Trabajo, Doris Zapata, en la gestión de las relaciones laborales durante este período crítico.
El jueves 29 de febrero se perfila como una fecha clave para evaluar el impacto real de la transición en las operaciones portuarias, cuando se espere un incremento significativo en el movimiento de carga previo al fin de semana.
En la recta final del juicio por el caso Odebrecht, el Ministerio Público continuó este 24 de febrero con la presentación de sus alegatos, solicitando condenas para varios exfuncionarios, empresarios y abogados vinculados al presunto esquema de sobornos y blanqueo de capitales relacionado con la constructora brasileña.
Durante la audiencia, la Fiscalía Especial Anticorrupción pidió sentencia condenatoria por blanqueo de capitales contra el exministro de Obras Públicas Federico José “Pepe” Suárez. La fiscal Yanibeth Malek sostuvo que la vinculación de Suárez se sustenta principalmente en el testimonio de Mauricio Cort, quien firmó un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público.
Según explicó Malek, Cort declaró que, por solicitud directa de Suárez, recibió fondos a través de la sociedad Cort Business and Broker, la cual mantenía cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA). La fiscal indicó que Cort fue citado al despacho del entonces ministro, donde este le entregó un contrato ficticio de la sociedad Kleinfeld Services para canalizar fondos provenientes de Odebrecht.
De acuerdo con la acusación, la empresa de Cort recibió 7 millones de dólares en cuentas de la BPA mediante contratos simulados por supuestos servicios que nunca se prestaron. La asistencia judicial enviada por Estados Unidos reveló órdenes de pago emitidas por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht —conocida como la “Caja 2”— a favor de la sociedad de Cort, utilizando a Kleinfeld Services como intermediaria.
Mutio, Niño y el uso de sociedades para mover fondos
La Fiscalía también presentó cargos contra el uruguayo Juan Francisco Mutio Cerdeira, quien participó en la audiencia vía Zoom el 24 de febrero de 2026. Según declaraciones de los delatores brasileños Vinicius Veiga Borin y Hilberto Mascarenhas, Mutio figuraba como firmante de Sherkson International S.A., sociedad que recibía fondos provenientes de la Caja 2.
Malek señaló que Sherkson International fue una de las sociedades creadas para movilizar dinero ilícito y que recibió 488 mil dólares desde la cuenta de Active Capital Holding. Ese dinero, afirmó, fue utilizado para el pago de sobornos a funcionarios panameños.
El beneficiario de Active Capital Holding es el banquero Juan Antonio Niño Pulgar, para quien la Fiscalía también solicitó condena. Niño figura igualmente como beneficiario de Active Capital Reinsurance. El expediente recoge que la primera señal de alerta sobre su vinculación surgió a partir de una asistencia judicial proveniente de Suiza, en la que se establecía que la cuenta de Active Capital estaba dentro del círculo de Odebrecht y era utilizada con fines ilícitos.
Además, la fiscal indicó que a través de otra sociedad vinculada a la constructora, Sigma Investment, se recibieron 7 millones de dólares que luego fueron distribuidos a diversas cuentas bancarias locales, incluyendo las de Active Capital. Según la acusación, Niño tuvo un rol activo en la recepción de esos fondos.
Malek también citó la declaración de Luiz Eduardo Da Rocha Soares, ex tesorero de Odebrecht, quien explicó que ante las restricciones regulatorias se optó por abrir múltiples cuentas en Panamá para facilitar las transacciones.
En cuanto al ecuatoriano Fredy Barco Vera, quien alcanzó un acuerdo de pena con la Fiscalía, se expuso que los sobrecostos en proyectos adjudicados a Odebrecht se justificaban mediante compras de acero y subcontrataciones. También se explicó que Niño contrató a Mutio para prestar servicios de reaseguro a través de Active Capital. En documentos oficiales, Mutio figuraba como beneficiario final y representante legal de Sherkson.
La Fiscalía sostiene que estos contratos de reaseguro eran utilizados como fachada para encubrir la transferencia de 7 millones de dólares provenientes del Departamento de Operaciones Estructuradas.
Suárez, Niño y Mutio siguieron el desarrollo del juicio de manera virtual, mientras que sus abogados sí estuvieron presentes en la sala.
Fiscalía pide condena para Jaime Lasso y absolución para su hija
En la misma jornada, la fiscal Yanibeth Malek solicitó condena contra el médico Jaime Lasso y absolución para su hija Michele Lasso.
La relación de ambos con el caso surge a través de las sociedades Poseidon Enterprises y la Fundación Don James, controladas por Jaime Lasso, las cuales recibieron transferencias desde Klienfield Services. Según la acusación, posteriormente Lasso entregaba esos fondos al expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), quien también enfrenta cargos, pero no forma parte de este juicio por su condición actual de parlamentario centroamericano, lo que traslada la competencia a la Corte Suprema de Justicia.
Lasso, quien fue embajador en Corea del Sur y se autodefinió como lobista, admitió haber recibido 700 mil dólares de Odebrecht para financiar un programa social de reproducción asistida. Sin embargo, el exintendente de Odebrecht en Panamá, André Rabello, declaró que en total se depositaron alrededor de 10 millones de dólares en sociedades vinculadas a Lasso. Incluso, tras su designación como embajador, la empresa continuó relacionándose con su hija Michele.
No obstante, el Ministerio Público concluyó que no pudo acreditar la participación dolosa de Michele en el manejo de los fondos. Según su defensa, ella desconocía la existencia de las cuentas y no tenía control sobre las sociedades ni emitía órdenes de pago.
En cambio, la Fiscalía sostuvo que Jaime Lasso sí fue beneficiario de otras sociedades alimentadas con fondos de Odebrecht, como V Tech Ltd. Rabello declaró que Lasso actuó como lobista para gestionar pagos a favor de la constructora y facilitar contactos con miembros del Partido Panameñista. Malek rechazó la versión de Lasso de que los fondos eran donaciones y afirmó que su actuación buscaba dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.
Nuevas solicitudes de condena en la fase final
En la etapa final de los alegatos, la fiscal Thalia Palacios pidió condenas contra Carlos Duboy, Rodrigo Díaz Paredes, Juan Carlos Rosas O’Donell y Jorge Alberto Rosas, al vincularlos con transferencias provenientes de la Caja 2.
También solicitó la absolución de Rosa Mari Molino, al no encontrar pruebas de su participación directa ni conocimiento sobre el origen de los fondos.
En el caso de Duboy, exministro de Vivienda durante el gobierno de Ricardo Martinelli y extesorero del Partido Panameñista, la Fiscalía lo identificó como beneficiario final de Strategic Management Corp., sociedad que recibió transferencias por 49 mil y 89 mil dólares desde Constructora Internacional del Sur y Klienfield.
Palacios citó nuevamente a André Rabello, quien dijo haber conocido a Duboy en 2009, poco después de que Odebrecht obtuviera el proyecto de renovación urbana de Curundú. También recordó que el acuerdo de pena firmado por la constructora en Estados Unidos reconoció el pago de 788 millones de dólares en sobornos en distintos países, incluyendo Panamá.
La fiscal aseguró que Duboy sabía que no debía recibir dinero de la empresa, pero aun así aceptó los fondos, con conocimiento de su origen irregular.
Respecto a Rodrigo Díaz Paredes, exmiembro del Consejo Ejecutivo Nacional del PRD, se le vinculó con transacciones por 5.5 millones de dólares realizadas por el directivo Olivio Rodrigues a sociedades como Mundial de Valores, Villa Loly y Lodaro, en negociaciones relacionadas con el proyecto de la autopista Madden-Colón.
Según la acusación, Mundial de Valores —que posteriormente se fusionó y dio origen a Prival Securities— recibió transferencias por 139 mil, 219 mil y 299 mil dólares, y en total 1.8 millones de dólares de forma irregular.
Finalmente, la fiscal Palacios solicitó condena para los abogados Jorge Alberto Rosas y Juan Carlos Rosas O’Donell, socios de la firma Rosas & Rosas, que tenía entre sus clientes a Odebrecht. Señaló que la firma recibió 2.8 millones de dólares por servicios de pago de planillas especiales para Constructora Internacional del Sur, operaciones que calificó como inusuales.
Además, presentó documentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que certifica que Rosas & Rosas recibió 10 millones de dólares de Odebrecht. Según la tesis fiscal, los socios conocían el origen ilícito de esos recursos.
Con la intervención de la fiscal Palacios, el Ministerio Público concluyó su fase de alegatos. El juicio continuará este 25 de febrero a la 1:30 p.m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó su discurso del Estado de la Unión en una sesión que marcó un récord por su duración: 1 hora y 47 minutos, convirtiéndose en la más extensa en la historia del país.
Durante su intervención, el mandatario abordó temas de política interna, economía, comercio internacional, migración, seguridad electoral y relaciones exteriores. También reiteró promesas hechas en 2025, incluyendo lo que denomina el inicio de una “era dorada” para Estados Unidos.
Economía y migración como ejes centrales
La primera parte del mensaje se concentró en asuntos internos. Trump aseguró que su administración ha producido un “cambio radical para la historia”, al sostener que la economía estadounidense crece a niveles sin precedentes.
Afirmó que el país es hoy más seguro y que tanto las fuerzas armadas como la policía cuentan con el equipamiento necesario, lo que —según dijo— ha devuelto el respeto internacional a Estados Unidos.
En materia migratoria, el presidente defendió las medidas implementadas durante su primer año de mandato. Señaló que, tras un período en el que millones de inmigrantes cruzaron la frontera sin control, ahora el país cuenta con “la frontera más fuerte y segura en la historia”. Añadió que el tráfico de fentanilo a través de la frontera se redujo en 56% en un año.
Con tono enfático, el mandatario declaró que su gobierno está “cansado de ganar”, al referirse a los resultados que atribuye a su gestión.
Aranceles pese al fallo de la Corte Suprema
Uno de los temas más sensibles del discurso fue la política arancelaria. Trump reconoció el impacto del fallo de la Corte Suprema que anuló los aranceles globales que había anunciado el 2 de abril de 2025. Esa decisión representó uno de los principales reveses en su segundo mandato.
No obstante, afirmó que el fallo constituye solo un obstáculo temporal y aseguró que los aranceles seguirán vigentes bajo otras bases legales. Actualmente, las tarifas del 15% impuestas recientemente requieren respaldo legislativo para mantenerse más allá de 150 días, plazo tras el cual expirarían si el Congreso no actúa.
Nuevas propuestas al Congreso
En el plano legislativo, el presidente presentó varias iniciativas y promesas:
Reducción de los costos de la atención médica.
Solicitud a los estados para prohibir que menores accedan a atención médica relacionada con identidad de género sin consentimiento de los padres.
Encargar al vicepresidente JD Vance la conducción de una ofensiva contra el fraude y la corrupción.
Impulsar la denominada Ley Save America, que exigiría identificación oficial y prueba de ciudadanía para votar.
Elecciones y exigencia de identificación obligatoria
De cara a las elecciones legislativas de noviembre, Trump instó al Congreso a aprobar normas más estrictas sobre identificación de votantes. Reiteró sus denuncias sobre un supuesto fraude electoral generalizado, aunque esas afirmaciones han sido cuestionadas en el pasado.
Insistió en que todos los votantes deben presentar identificación y prueba de ciudadanía para participar en los comicios, propuesta que recibió el respaldo visible de los legisladores republicanos presentes.
Advertencia sobre Irán
En política exterior, Trump señaló que Irán estaría desarrollando misiles de largo alcance capaces de amenazar a Europa, bases estadounidenses en el extranjero e incluso territorio de Estados Unidos.
Si bien expresó su intención de resolver la confrontación mediante la diplomacia, advirtió que no permitirá que Teherán obtenga armas nucleares. Indicó que existen negociaciones en curso, aunque afirmó que Irán aún no ha ofrecido garantías explícitas de renunciar a ese tipo de armamento.
Venezuela y suministro de petróleo
En otro apartado de su discurso, el presidente anunció que Estados Unidos ha recibido más de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que calificó como un “nuevo amigo y socio”.
Trump recordó que tras la salida del poder del presidente venezolano Nicolás Maduro —quien actualmente se encuentra detenido en Nueva York—, se acordó la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. También informó que la producción petrolera estadounidense ha aumentado en más de 600.000 barriles diarios.
Tensión con los demócratas
El discurso estuvo marcado por un ambiente de fuerte polarización. Los legisladores demócratas se mantuvieron mayoritariamente en silencio y evitaron aplaudir varios pasajes del mensaje presidencial.
Trump los criticó por no respaldar sus propuestas, particularmente cuando pidió eliminar las llamadas ciudades santuario, y afirmó que deberían sentir vergüenza.
Durante la sesión, el congresista demócrata Al Green fue retirado tras levantar un cartel con la frase “Las personas negras no son simios”, en referencia a un video de contenido racista relacionado con Barack y Michelle Obama que había sido difundido en redes sociales vinculadas al mandatario.
A lo largo del discurso, no hubo intentos visibles de acercamiento o búsqueda de consenso con la bancada demócrata, consolidando el tono confrontativo de la intervención.
El mensaje concluyó con la entrega de condecoraciones y la reiteración de la promesa presidencial de continuar impulsando su agenda económica y de seguridad durante el próximo año.
El Consejo de Gabinete aprobó este martes autorizar a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 8-26, que propone incorporar el artículo 169-A al Código Penal.
La iniciativa introduce una nueva figura penal relacionada con el uso de capuchas, pasamontañas, máscaras u otros elementos destinados a ocultar total o parcialmente el rostro durante manifestaciones, protestas u otras concentraciones públicas.
Actualmente, el artículo 169 del Código Penal establece que quien impida de manera ilegal una reunión pacífica y lícita puede enfrentar una pena de prisión de uno a tres años, o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. Si la conducta es cometida por un servidor público, la sanción aumenta de dos a cuatro años de prisión.
Con la propuesta del Ejecutivo, el nuevo artículo 169-A establecería que toda persona que, durante una manifestación o concentración pública, utilice mecanismos para ocultar su identidad con el propósito de provocar, ejecutar o incitar actos de violencia, intimidación u odio, podrá ser castigada con prisión de dos a cuatro años.
Además, el proyecto contempla penas más severas cuando el uso de estos elementos facilite, encubra o favorezca la comisión de delitos contra la vida, la integridad personal, el patrimonio o la administración pública. En esos casos, la sanción sería de cuatro a seis años de prisión, sin perjuicio de las penas adicionales correspondientes por los delitos que se lleguen a cometer.
El proyecto deberá ahora ser discutido en la Asamblea Nacional como parte del trámite legislativo correspondiente.
El Consejo de Gabinete aprobó este martes 24 de febrero la Resolución N.° 10-26, mediante la cual se emite concepto favorable a la Adenda No. 1 que extiende la vigencia del contrato suscrito entre el Estado panameño y la Fundación Ciudad del Saber.
El contrato original, aprobado a través del Decreto Ley No. 6 del 10 de febrero de 1998, tenía una duración de 25 años y venció en febrero de 2023. Con la adenda aprobada, el acuerdo se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.
Según la resolución, la continuidad del proyecto reviste interés público, lo que justifica la extensión del contrato bajo el régimen especial que ha regulado su funcionamiento desde su creación.
Extensión de beneficios fiscales
Además de ampliar el plazo del contrato, la medida contempla la prórroga de la cláusula que establece un régimen especial de exoneraciones fiscales a favor de la Fundación Ciudad del Saber.
Entre los beneficios se incluye la exoneración del pago de impuestos nacionales, contribuciones, tasas, derechos y otros gravámenes. Esto abarca el Impuesto de Importación, el Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) y el Impuesto de Inmuebles, aplicables a bienes, equipos, materiales y actividades necesarias para el desarrollo del proyecto.
El Gabinete también autorizó al ministro de la Presidencia a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley correspondiente a la adenda contractual.
La resolución señala que la prórroga de los incentivos fiscales debe interpretarse en concordancia con los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y eficiencia del gasto tributario, en línea con la política fiscal del Estado.
Respaldo institucional previo
Antes de la aprobación formal de la adenda, el 6 de octubre de 2025 el ministro de la Presidencia indicó que, dado que el contrato fue suscrito entre ese ministerio y la Fundación Ciudad del Saber, corresponde a dicha entidad reconocer y aplicar la extensión de los beneficios fiscales contemplados en el acuerdo.
Esta posición fue respaldada por el Ministerio de Economía y Finanzas, que concluyó que la Fundación Ciudad del Saber cumplió satisfactoriamente con los requisitos establecidos en la cláusula segunda del contrato original.
Con esta decisión, el Ejecutivo asegura la continuidad jurídica y fiscal del proyecto hasta finales de 2027, mientras se tramita el correspondiente proyecto de ley ante el Órgano Legislativo.
En medio de la crisis de recolección de basura que enfrenta Panamá, una ingeniera local ha desarrollado una innovadora solución digital para facilitar el reciclaje. Reciclandopty.com se presenta como una plataforma web que busca educar a los panameños sobre la correcta disposición de residuos y conectarlos con puntos de acopio en todo el territorio nacional.
Plataforma integral para el reciclaje responsable
La iniciativa, liderada por la ingeniera de software y product manager Kirsten Song, ofrece una interfaz intuitiva que permite a los usuarios consultar información específica sobre el reciclaje de diversos materiales, incluyendo aceite de cocina, cartón, latas, papel, plástico, tetrapack y vidrio.
La plataforma no solo indica dónde reciclar, sino que educa sobre cómo preparar correctamente los materiales y evitar errores comunes en el proceso de reciclaje.
Mapa interactivo de puntos de acopio
Una de las características más destacadas de Reciclandopty.com es su sistema de geolocalización de puntos de acopio. Los usuarios pueden encontrar fácilmente los centros de reciclaje más cercanos a su ubicación, con presencia en diversas provincias, incluyendo Chiriquí.
Servicio de recolección a domicilio
La plataforma también conecta a los usuarios con servicios de recolección a domicilio, especialmente útiles para artículos de gran tamaño como electrodomésticos en desuso, facilitando así la disposición responsable de residuos que tradicionalmente son más difíciles de manejar.
Proyecto colaborativo en crecimiento
La plataforma está en constante evolución y busca la participación activa de la comunidad. Los ciudadanos pueden contribuir informando sobre nuevos puntos de acopio o actualizando la información existente, creando así una red cada vez más completa de opciones de reciclaje.
Si quieren aportar a esta página web que está empezando, si quieren comentarles más puntos de acopio, son bienvenidos.
Impacto en la gestión de residuos
Esta iniciativa surge como respuesta a la crisis de recolección de basura en Panamá, demostrando cómo la tecnología puede facilitar soluciones prácticas a problemas ambientales. La correcta separación y disposición de residuos no solo alivia la presión sobre los sistemas de recolección tradicionales, sino que también promueve una economía circular más sostenible.
Cómo participar
Los interesados en contribuir al proyecto pueden contactar directamente a Kirsten Song a través de la plataforma o su perfil de LinkedIn. La iniciativa está abierta a sugerencias y actualizaciones que ayuden a expandir la red de puntos de reciclaje en todo el país.
ReciclandoPT.com representa un paso significativo hacia la modernización de la gestión de residuos en Panamá, combinando tecnología, educación ambiental y participación ciudadana en una solución integral para el desafío del reciclaje.
El Gobierno panameño tomó control de los puertos de Balboa y Cristóbal tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato con Panama Ports Company (PPC). La administración del presidente José Raúl Mulino ejecutó un plan coordinado que incluye contratos temporales por 18 meses con las navieras Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC) para garantizar la continuidad operativa.
Un plan preparado con anticipación
Según explicó el presidente Mulino, el Ejecutivo trabajó durante meses en diferentes escenarios, incluyendo la posibilidad del fallo de inconstitucionalidad, que describió como «el escenario menos deseado». El mandatario reveló que se prepararon múltiples planes de contingencia con equipos legales, financieros y técnicos.
«Teníamos una pizarra en una de las oficinas de la presidencia donde desde hace tiempo habíamos estado analizando Plan A, Plan B, Plan C, Plan D… y en una esquina teníamos ‘fallo de la corte’ porque era el escenario menos deseado».
Esta preparación permitió que la transición se realizara sin interrumpir las operaciones portuarias, protegiendo más de 7,000 empleos directos y la estabilidad de la cadena logística nacional.
Garantías laborales y operativas
El Ministerio de Trabajo confirmó que todos los derechos laborales, incluyendo antigüedad y beneficios, están garantizados bajo los nuevos operadores temporales. Un punto crucial es que empresas como Servisa, que emplea a más de 2,000 trabajadores portuarios, mantendrán sus contratos con los nuevos operadores.
«Los 7,000 trabajadores no tienen nada de qué preocuparse, todo se ha blindado tanto con Maersk como con MSC para que sus salarios, derechos laborales y antigüedad se mantengan intactos», explicó la ministra de Trabajo durante el anuncio.
El futuro de las operaciones portuarias
El Ejecutivo anunció que se prepara una licitación internacional para la operación permanente de ambos puertos, proceso que se desarrollará durante los 18 meses de la administración temporal. Una decisión clave es que no se permitirá que una sola empresa maneje tanto el puerto del Pacífico como el del Atlántico.
Sobre la posibilidad de que Panama Ports participe en la futura licitación, el presidente Mulino indicó que los términos de referencia determinarán las condiciones de participación, sin adelantar si empresas con arbitrajes pendientes contra el Estado podrán participar.
Implicaciones internacionales
La decisión ha captado la atención de medios internacionales como Bloomberg y CNN, dado el papel estratégico de los puertos panameños en el comercio mundial. El gobierno enfatiza que esta acción representa un ejercicio legítimo de soberanía basado en un fallo judicial, mientras mantiene la continuidad operativa que el comercio internacional requiere.
Antecedentes y controversias
La decisión culmina años de cuestionamientos sobre la gestión de Panama Ports, incluyendo denuncias sobre subarrendamiento irregular de terrenos estatales y falta de transparencia en sus operaciones. El contrato había sido objeto de críticas desde su firma durante la administración de Ernesto Pérez Balladares, con sucesivos gobiernos que «miraron hacia otro lado», según análisis de expertos.
«Desde el presidente Pérez Balladares hasta el presidente Cortizo, todos miraron para otro lado con el tema Panama Ports, todos sin excepción», señaló un analista del sector marítimo.
La controversia se intensificó durante el gobierno de Laurentino Cortizo, cuando se intentó una prórroga del contrato por 20-25 años adicionales, decisión que generó múltiples cuestionamientos y eventualmente llevó a la demanda de inconstitucionalidad.
