El Partido Revolucionario Democrático (PRD) emitió un comunicado al país tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato y sus adendas vinculadas a la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.
En su pronunciamiento, el colectivo político expresó su respeto absoluto al Órgano Judicial y a las decisiones del máximo tribunal. Señaló que en un Estado democrático de derecho los fallos deben acatarse y que la institucionalidad está por encima de cualquier contrato o interés particular.
El PRD indicó que la decisión judicial marca el inicio de una nueva etapa para el país y coloca sobre el Estado panameño una responsabilidad histórica: asegurar una transición ordenada que garantice la operación continua de los puertos, proteja los empleos de miles de trabajadores panameños y preserve la estabilidad de la plataforma logística, considerada uno de los pilares de la economía nacional.
El partido advirtió que Panamá no puede detenerse, pero tampoco actuar con improvisación. En ese sentido, sostuvo que las empresas que asuman la administración de los puertos para garantizar la continuidad operativa en esta coyuntura deben tener claro que su papel será estrictamente temporal. Según el comunicado, esa presencia responde a una necesidad inmediata de estabilidad, mientras el país define, con responsabilidad y transparencia, un nuevo modelo de concesión alineado con el interés nacional.
Asimismo, planteó que el nuevo esquema debe construirse con total transparencia mediante una licitación pública abierta en el corto plazo, con reglas claras y equitativas que permitan la participación de múltiples operadores. El objetivo, añadió, es asegurar cánones y retribuciones acordes con el valor real y estratégico de los puertos.
El PRD también señaló que el proceso debe incluir auditorías periódicas obligatorias y la publicación constante de información que permita a la ciudadanía conocer cómo se administran estos activos y cuánto recibe el Estado por su explotación.
En el documento se destaca que los puertos constituyen bienes estratégicos de la nación y que su administración debe traducirse en desarrollo, estabilidad y oportunidades reales para la población.
Como partido de oposición, el PRD manifestó que vigilará que el proceso se lleve a cabo con legalidad, planificación y visión de país. Reiteró su respeto al fallo de la Corte Suprema, su compromiso con la protección de los bienes del Estado y la defensa de los empleos de los panameños, así como su exigencia de transparencia total.
Finalmente, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD afirmó que, cuando están en juego los intereses del país, el partido se mantendrá del lado de Panamá, de los trabajadores y de la institucionalidad.
La empresa APM Terminals Panamá informó que el proceso de estabilización del Puerto de Balboa continúa desarrollándose con resultados positivos, como parte del plan para garantizar la continuidad del hub logístico en el Pacífico panameño.
Según detalló la compañía, actualmente se ejecutan de manera simultánea distintas tareas vinculadas a recepción de carga, pruebas técnicas y operaciones marítimas, con el objetivo de minimizar el impacto en los usuarios y en la cadena logística nacional e internacional.
Personal capacitado y proceso laboral en marcha
La terminal completó el 100% de la capacitación de sus colaboradores en el nuevo sistema operativo que gestionará la información y los movimientos de carga. Con esto, la empresa busca asegurar una transición ordenada y eficiente en el manejo de datos y operaciones.
En materia laboral, se informó que al cierre de este jueves se concretó la sustitución patronal del 82% del personal.
Movimiento de carga y primeros buques
En el área de carga general, el servicio se mantiene activo. Este jueves se atendió el primer buque de granel seco, que transportaba arroz para importación. Además, continúa la entrega de vehículos a sus respectivos propietarios.
Respecto a la carga de importación destinada al mercado local, se realizaron pruebas en las puertas de acceso a la terminal.
En cuanto a la carga contenerizada, la empresa confirmó que mañana arribará el primer buque portacontenedores tras el período de pruebas. Este paso se produce luego de realizar ensayos operativos en un segundo buque y completar 500 movimientos exitosos el miércoles.
Conexión ferroviaria y exportaciones
La conexión con el sistema ferroviario también avanza. Durante la jornada se despacharon tres trenes adicionales, fortaleciendo la integración logística entre el puerto y otras plataformas de transporte.
Paralelamente, se mantiene la recepción regular de contenedores de exportación y contenedores vacíos en el horario habitual.
La compañía destacó que continúa el monitoreo permanente de los contenedores refrigerados que transportan mercancía perecedera, con el fin de proteger la integridad de estos productos.
Inventario concluido y plan de mantenimiento
Bajo la supervisión de la Autoridad Marítima de Panamá, se completó el inventario total de los activos de la terminal. Tras esta revisión, se activó la fase de diseño e implementación de un plan de mantenimiento para equipos e infraestructura.
Canales de atención
La empresa habilitó canales de contacto para clientes y proveedores. Los clientes pueden escribir a CSBalboa@apmterminalspanama.com, mientras que los proveedores cuentan con el correo procurement@apmterminalsbalboa.com y un formulario de registro en línea. También mantienen información actualizada en su cuenta de Instagram @apmterminalspanama.
Sobre APM Terminal
APM Terminals es un operador global especializado en el desarrollo y administración de terminales de contenedores. Como división independiente del grupo A.P. Moller-Maersk, opera en 60 ubicaciones estratégicas en 34 países y cuenta con aproximadamente 20 mil colaboradores.
Durante 2025, la compañía gestionó más de 27 mil buques y registró 25.8 millones de movimientos en sus terminales hub y gateway. Además, cerca del 60% de los volúmenes manejados globalmente corresponden a líneas navieras distintas a Maersk.
En América Latina tiene presencia en 10 terminales distribuidas en México, Colombia, Costa Rica, Perú, Guatemala, Argentina y Brasil. De acuerdo con el índice del Banco Mundial, participa en 10 de los 20 puertos más eficientes del mundo y figura entre los cinco principales operadores portuarios globales por volumen, según rankings especializados como Drewry.
El abogado principal de Nicolás Maduro, Barry Pollack, informó ante un tribunal federal en Nueva York que el Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, impidió que Venezuela pueda pagar los costos de la defensa legal de su cliente en el proceso penal que enfrenta en ese país.
En una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein —quien lleva el caso en el Distrito Sur de Nueva York— y fechada el pasado 20 de febrero, Pollack explicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió una licencia el 9 de enero que autorizaba a la defensa de Maduro a cobrar fondos del Gobierno venezolano para sufragar sus honorarios. Sin embargo, esa autorización fue modificada apenas tres horas después sin explicación, dejando sin efecto la posibilidad de recibir esos pagos.
Según el letrado, la modificación de la licencia impide que Venezuela transfiera recursos para cubrir los gastos legales de Maduro, lo que —afirmó— interfiere con el derecho del acusado a contratar al abogado de su elección, protegido por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Pollack sostuvo que, de no restablecerse la licencia original, su cliente no puede costearse la defensa de otra forma y la decisión de la OFAC limita gravemente su capacidad de representación legal.
El abogado también recordó que, en la audiencia inicial del 5 de enero, el juez pidió a la Fiscalía y a la defensa coordinarse sobre los permisos de la OFAC para garantizar que los abogados puedan representar a sus clientes correctamente. Pollack señaló que el 11 de febrero solicitó formalmente a la OFAC que restituyera la licencia original, pero la agencia no ha respondido a esa petición a la fecha.
Pollack advirtió que, si la OFAC no restituye o rechaza formalmente la licencia, presentará una moción ante el tribunal solicitando una reparación judicial para resolver la situación, lo que podría generar un nuevo calendario de escritos y movimientos legales.
La medida afecta únicamente a Maduro en este caso específico, ya que su esposa, Cilia Flores, acusada de cargos similares de narcotráfico y corrupción, no ha sido afectada por la modificación de la licencia y su situación de pago para la defensa continúa separada.
Maduro se declaró no culpable de los cargos que se le imputan y su próxima audiencia judicial está prevista para el 26 de marzo en Nueva York, donde se seguirá discutiendo su caso en la justicia de Estados Unidos.
La Santa Sede anunció este jueves la reactivación de los viajes internacionales del papa León XIV, quien, tras la celebración del Jubileo y sus desplazamientos realizados a finales de 2025, emprenderá en los próximos meses una intensa agenda que incluye África, el Principado de Mónaco y España.
De acuerdo con la información oficial, el recorrido más extenso será en el continente africano, del 13 al 23 de abril. Durante diez días, el Pontífice visitará cuatro países: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.
En Argelia estará en Argel y Annaba, en un itinerario que evoca la figura de san Agustín de Hipona, estrechamente vinculado a esa tierra. Posteriormente se trasladará a Camerún, donde tiene previstas actividades en Yaundé, Bamenda y Duala. En este país también acudirá a la región anglófona del norte, escenario de un conflicto interno que desde hace una década enfrenta a fuerzas gubernamentales con grupos independentistas.
La gira continuará en Angola, con paradas en Luanda, Muxima y Saurimo, y concluirá en Guinea Ecuatorial, donde visitará Malabo, Mongomo y Bata. Este último país es el único de África cuya lengua oficial es el español. El viaje combinará encuentros pastorales con comunidades cristianas —en su mayoría en contextos de desarrollo— y mensajes centrados en la paz, la atención a los más vulnerables y el acompañamiento a quienes trabajan en favor de los pobres. Por su duración y amplitud, la agenda recuerda la histórica gira africana realizada en 1985 por san Juan Pablo II, quien recorrió siete países en once días.
Antes de esa visita a África, el 28 de marzo, León XIV realizará un desplazamiento de un solo día al Principado de Mónaco, en vísperas de la Semana Santa. Será la primera vez en la era moderna que un Papa visite el pequeño Estado europeo, donde el catolicismo es la religión oficial y el diálogo entre Iglesia e instituciones civiles tiene presencia en la vida pública. La visita responde a invitaciones reiteradas formuladas inicialmente al papa Francisco y posteriormente a su sucesor.
Más adelante, del 6 al 12 de junio, el Obispo de Roma viajará a España. La agenda contempla actos en Madrid y Barcelona. En la capital catalana inaugurará la nueva y más alta torre de la basílica de la Sagrada Familia, obra emblemática que transformó el perfil urbano de la ciudad y que fue concebida por Antoni Gaudí, fallecido hace un siglo y declarado venerable Siervo de Dios el año pasado.
Durante la misma gira, el Papa se trasladará al archipiélago de las Canarias, con actividades previstas en Tenerife y Gran Canaria. Las islas representan una de las principales rutas migratorias entre África y Europa, con decenas de miles de llegadas cada año, un contexto que añade un componente social y humanitario a la visita.
Con esta serie de desplazamientos, León XIV recorrerá realidades muy distintas: desde un país de mayoría musulmana como Argelia, donde los cristianos constituyen una minoría, hasta naciones africanas con mayoría cristiana; pasará por uno de los Estados más pequeños del mundo y culminará en España, un país de profundas raíces cristianas que hoy enfrenta procesos de secularización.
El proceso judicial por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en Panamá alcanzó este miércoles 25 de febrero su jornada número 22, marcada por la culminación de los alegatos del Ministerio Público.
Durante esta etapa final de su exposición, la Fiscalía Especial Anticorrupción pidió al tribunal una sentencia condenatoria contra 16 personas por el delito de blanqueo de capitales y solicitó la absolución de otros cinco imputados. El juicio se desarrolla en la sala de la jueza Baloisa Marquínez.
En caso de un fallo condenatorio, los acusados enfrentarían penas que parten de un mínimo de cinco años de prisión.
Exfuncionarios y empresarios entre los señalados
Entre las personas para quienes la fiscalía solicitó condena figuran el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y varios exministros de su administración: Demetrio “Jimmy” Papadimitriu (Presidencia), Frank De Lima (Economía y Finanzas), Federico José “Pepe” Suárez (Obras Públicas), Carlos Duboy (Vivienda) y José Domingo Arias (Vivienda).
También se pidió sentencia en contra del exdiputado Jorge Alberto Rosas y su primo Juan Carlos Rosas; el excónsul en Corea del Sur Jaime Lasso y Rodrigo Díaz Paredes, exejecutivo de la empresa Mundial de Valores.
La lista incluye además a los peruanos María Isabel Carmona y Gonzalo Monteverde; el uruguayo Juan Francisco Mutio Cerdeira; y los ciudadanos andorranos Cristina Lozano Bonet y Francesc Xavier Pérez Giménez.
Por otro lado, el abogado querellante, Carlos Antúnez Morales, solicitó la absolución de Juan Antonio Niño Pulgar, Aurora Muradas, Navin Bhatka, Michelle Lasso, Rosa Mari Molino y Jaumes Pamies, al considerar que no existen pruebas suficientes que demuestren, más allá de toda duda razonable, que conocían el origen ilícito de los fondos recibidos.
Reclamo de resarcimiento al Estado
La fiscalía anunció además que promoverá acciones de responsabilidad civil contra varios imputados para recuperar recursos presuntamente afectados. El argumento central es que el sistema financiero panameño fue utilizado para legitimar capitales de origen ilícito, lo que —según el Ministerio Público— causó un perjuicio reputacional al Estado.
Este reclamo se presenta en representación del Ministerio de Seguridad Pública, que actúa como querellante dentro del proceso, y deberá ser resuelto al momento en que el tribunal emita sentencia.
La solicitud de responsabilidad civil incluye a Martinelli Linares, Díaz Paredes, Duboy, Niño Pulgar, Suárez, Papadimitriu, Arias, De Lima, Jaime Lasso, Michelle Lasso, Muradas y Bhatka. En el caso de los tres últimos, aunque la fiscalía pidió su absolución penal por blanqueo de capitales, mantiene el reclamo civil.
Asimismo, el Ministerio Público solicitó responsabilidad penal para Riccardo Francolini, pese a que este alcanzó un acuerdo de pena el pasado 21 de enero, cuando el juicio ya se encontraba en curso —iniciado el 12 de enero—.
Señalamientos sobre transferencias y sociedades vinculadas
En la primera parte de la jornada, la fiscal anticorrupción Thalía Palacios cerró los alegatos relativos al exministro José Domingo Arias y a los acusados peruanos María Isabel Carmona y Gonzalo Monteverde.
Palacios citó la declaración de Hilberto Mascarenhas, exintegrante del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, quien describió la existencia de una red internacional de operadores financieros que gestionaban pagos para la empresa.
Según la fiscal, los operadores bancarios Humberto De León y Eduardo Patrao —exfuncionarios de Credicorp Bank y Global Bank— facilitaron transferencias a favor de las sociedades El Santuario, Cementerio Centrales, Deltora Enterprises Group, Construmaq S.A. e Izagon, vinculadas a Carmona y Monteverde, que habrían recibido fondos de Odebrecht.
Estos recursos, añadió, circularon a través de estructuras como Select Engineering y Constructora Internacional del Sur, bajo el control del Departamento de Operaciones Estructuradas.
Pagos vinculados a la campaña presidencial de 2014
En relación con José Domingo Arias, excandidato presidencial del partido Cambio Democrático (CD) en 2014, la fiscalía sostuvo que recibió aportes canalizados mediante sociedades relacionadas con Odebrecht.
Se citó el testimonio de la publicista brasileña Mónica Moura, quien afirmó que el expresidente Martinelli ofreció 21 millones de dólares para la campaña electoral de CD. Moura indicó que Arias no manejaba directamente los fondos y que la administración de esos recursos recaía en Martinelli.
También se mencionaron las declaraciones del exdirectivo de Odebrecht Luis Mameri, quien señaló que se realizaron pagos a la candidatura de Arias a través de la sociedad Deltora Enterprises; del estratega João Santana, quien afirmó haber sostenido reuniones con personas responsables de la campaña; y del exoperador Rodrigo Tacla Durán, quien aseguró tener conocimiento de transferencias efectuadas por la empresa a la campaña.
La fiscalía indicó que la sociedad José Domingo Arias 2014, S.A., cuyo beneficiario final era el entonces candidato, recibió fondos provenientes de estructuras ligadas a Odebrecht. Además, sostuvo que Arias conocía las prohibiciones del Tribunal Electoral sobre aportes extranjeros y que estaba consciente de la ilicitud de los recursos.
Según la acusación, parte del dinero habría sido canalizado a través de Allure Consulting and Service, registrada en Antigua y Barbuda y gestionada por José Porta Álvarez, antes de llegar al excandidato.
Defensa alega inocencia y apunta a Martinelli
Concluida la intervención de la fiscalía, inició la etapa de alegatos del querellante y de los abogados defensores. El Ministerio de Seguridad Pública dispone de dos horas para su exposición, mientras que cada uno de los 21 abogados cuenta con una hora.
El primero en intervenir fue Fernando Morales, abogado de José Domingo Arias, quien defendió la inocencia de su cliente y señaló al expresidente Martinelli como el principal negociador con Odebrecht para los fondos destinados a la campaña.
Morales citó nuevamente las declaraciones de Moura y Santana para argumentar que Arias no administraba los recursos. No obstante, reconoció que las transferencias de Odebrecht se dirigieron a sociedades bajo control del excandidato.
Según los publicistas brasileños, la campaña fue diseñada por 21 millones de dólares: 3.5 millones serían cubiertos por CD y el resto por Odebrecht. André Rabello, entonces representante de la empresa en Panamá, confirmó esa versión. Para justificar los pagos, se utilizaron sociedades pantalla y contratos simulados.
Parte de los fondos fue dirigida a la sociedad José Domingo Arias 2014, S.A., creada y controlada por el candidato. Martinelli siguió la audiencia de manera virtual, a través de la plataforma Zoom.
Posteriormente, el abogado Gustavo Pereira, defensor de Juan Carlos Rosas O’Donnell y Rosa Mari Molino Paz, cuestionó la acusación contra la firma Rosas & Rosas, argumentando que sus clientes prestaron servicios profesionales relacionados con la planilla de Odebrecht y que tales operaciones fueron registradas sin generar alertas bancarias.
Tanto Morales como Pereira solicitaron la absolución de sus representados.
El Ministerio Público, por su parte, mantiene su solicitud de condena para Arias, Martinelli y Rosas por blanqueo de capitales, mientras que para Rosa Mari Molino pidió absolución.
El juicio continuará con la presentación de los alegatos restantes antes de que el tribunal emita su decisión.
Reformar sistema portuario nacional es una oportunidad que surge tras el fallo de inconstitucionalidad contra la concesión de Panamá Ports Company, según explica el consultor portuario Rommel Troetsch, quien acumula 30 años de experiencia en la industria.
Impacto inmediato en los mercados globales
La decisión judicial ha tenido repercusiones inmediatas en los mercados internacionales, como señala Troetsch:
«Es una noticia impactante que estremece el mercado en Panamá, en Nueva York y en Hong Kong. La noticia fue replicada automáticamente y las acciones de Hutchison cayeron cuatro por ciento. Existe una posible venta de 43 puertos alrededor del mundo que con esta noticia se reducen a 41.»
El experto destaca que Panamá adquiere dos instalaciones portuarias de clase mundial, con infraestructura que es referente en América Latina. Sin embargo, advierte que el Estado deberá negociar la adquisición de los equipos portuarios, que son propiedad privada del operador.
La transición operativa y el rol de Maersk
Un punto crucial en esta coyuntura es garantizar la continuidad operativa de los puertos. Troetsch explica por qué la designación temporal de APM Terminals (brazo portuario de Maersk) tiene sentido:
«Me parece lógico que APM Terminals esté involucrado porque el mayor afectado por una disrupción operativa en Balboa es Maersk. Puede tener el 80% del volumen de carga que maneja Balboa, aproximadamente dos millones de TEUs de los 2.4 o 2.5 que maneja el puerto.»
Retos y oportunidades para el sistema portuario
El consultor enfatiza que Panamá enfrenta una oportunidad histórica para reformular su sistema portuario, especialmente considerando que otras concesiones importantes están próximas a vencer:
«El país adquiere una infraestructura portuaria de clase mundial con una gran oportunidad de reformar su sistema portuario. El caso de Manzanillo, por ejemplo, ya está por vencer ese contrato. Ese contrato puede tener ocho años, siete años de vida, igual el de CCT.»
Implicaciones legales y financieras
Sobre las posibles consecuencias legales, Troetsch anticipa un proceso de arbitraje significativo:
«Me decía un financista portuario de muchos años que aquí el arbitraje puede estar entre 1,500 a 2,000 millones de dólares. No es una expropiación, es una cancelación de contrato en la que hay una implicación legal de ambas partes.»
Desafíos futuros y competencia regional
El experto advierte sobre la necesidad de actuar rápidamente ante la creciente competencia regional:
«Cartagena está tomando ventaja. El mayor beneficiario de la expansión del Canal de Panamá es el puerto de Cartagena. Estamos viendo cuatro millones de TEUs. Cartagena acaba de crecer en el 2025 un 14%, mientras Colón creció 8%.»
Troetsch concluye que Panamá debe aprovechar esta coyuntura para desarrollar una estrategia portuaria integral que le permita mantener su liderazgo en el transbordo de contenedores en América, especialmente ante el pronóstico de algunas navieras de alcanzar los 20 millones de TEUs en el corto plazo.
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) inspeccionó los trabajos de soterramiento eléctrico que se desarrollan en el sector de Obarrio, en la ciudad de Panamá, como parte del seguimiento técnico que realiza la entidad para asegurar el cumplimiento de los parámetros de calidad y seguridad establecidos.
La visita fue encabezada por la administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, quien recorrió el área donde se ejecuta la obra para constatar el avance del proyecto. Durante el recorrido, destacó que la iniciativa busca fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico, reducir riesgos y ofrecer un servicio más estable a residentes, comercios y oficinas que operan en la zona.
El proyecto comprende el polígono ubicado entre la calle 54 y su intersección con vía Brasil. Según se informó, la fase de obra civil ya fue completada en su totalidad. Esta etapa incluyó la construcción de ductos, cámaras y registros subterráneos, infraestructura necesaria para permitir el traslado progresivo del tendido eléctrico aéreo hacia un sistema soterrado, menos vulnerable a condiciones climáticas y a fallas externas.
Actualmente, los trabajos se concentran en la instalación de más de 98 mil metros de red eléctrica subterránea. Además, el plan contempla la colocación de 180 luminarias tipo LED para optimizar la iluminación y mejorar la eficiencia energética del sector, así como la incorporación de 55 transformadores que reforzarán la capacidad de distribución. También se prevé la instalación de cuatro interruptores telecontrolados, diseñados para facilitar una operación más rápida y segura ante eventuales incidencias en la red.
La finalización contractual de la obra está programada para diciembre de 2026. No obstante, la ASEP indicó que mantendrá un monitoreo constante del proyecto para verificar que las etapas restantes se desarrollen conforme al cronograma y que cualquier ajuste técnico se gestione bajo criterios de transparencia y responsabilidad.
De manera paralela, la entidad reguladora trabaja en la preparación de una nueva fase de soterramiento que abarcaría desde el área de Soho Mall hasta vía Cincuentenario. Esta ampliación se encuentra en etapa de estructuración previa a su proceso de licitación y busca extender los beneficios de la modernización eléctrica a otros puntos de la ciudad.
Con este proyecto, la ASEP apuesta por una infraestructura eléctrica más robusta, con menor exposición a interrupciones y alineada con un modelo de desarrollo urbano más ordenado y sostenible.
La transición en los puertos panameños de Balboa y Cristóbal, tras la salida de Panama Ports Company y la entrada de MSC y Merck respectivamente, enfrenta complejos desafíos laborales que podrían afectar a más de mil trabajadores, según advierte el abogado Martín González, asesor legal de uno de los sindicatos portuarios.
Compleja red de relaciones laborales en los puertos
La situación laboral en los puertos panameños revela una intrincada red de relaciones contractuales que involucra tanto a trabajadores directos como tercerizados. González explica que existen hasta nueve sindicatos operando en los puertos, una situación inusual que se generó por presuntas manipulaciones empresariales con la aquiescencia de anteriores administraciones del Ministerio de Trabajo.
«Hay más de cinco sindicatos porque en algún momento se formó el juego de la creación de sindicatos porque eran mangoneados por la empresa y con la aquiescencia de distintos ministros y ministras que han pasado por esa cartera del trabajo», señaló González.
Responsabilidad solidaria y derechos laborales
Un punto crucial en la transición es la responsabilidad sobre las prestaciones laborales. González cita el artículo 90 del Código de Trabajo panameño, que establece una responsabilidad solidaria entre las empresas principales y las tercerizadoras:
«Tratándose de empresas que ejecuten trabajo de manera exclusiva o principal para el beneficio de otra empresa, esta y no aquella será reputada como empleador de todos los trabajadores […] pero ambas serán solidariamente responsables por todas las prestaciones e indemnizaciones.»
Riesgo de despidos masivos tras período de prueba
El experto laboral advierte sobre posibles despidos masivos después del período inicial de 90 días, especialmente considerando las diferencias salariales entre los trabajadores actuales y los estándares de las nuevas operadoras:
«Una empresa con un contrato de 18 meses que asume un pasivo laboral de trabajadores de 10, 15, 20, 25 años y sobre todo, muchos que vienen con salarios muy buenos […] va a empezar a salir de toda esa gente, sobre todo de vieja data.»
Cuestionamientos sobre la transición
González cuestiona la rapidez y transparencia del proceso de transición, señalando paralelos con situaciones anteriores que resultaron perjudiciales para el Estado panameño. Menciona específicamente la Resolución 14 del 2002 y las modificaciones posteriores al contrato original mediante las leyes 55 de 2005 y 25 de 2010.
Impacto en las operaciones portuarias
La transición ya está afectando las operaciones portuarias. González señala que se han presentado problemas con el software de operaciones y la coordinación logística, lo que ha impactado el movimiento de contenedores y la operación del ferrocarril transístmico.
«Ayer se hizo la primera prueba a las tres con un buque […] en Colón no se ha descargado, y eso conllevó la ausencia de movilidad y transporte de contenedores a través del ferrocarril.»
Esta situación podría tener repercusiones significativas para la competitividad de los puertos panameños, considerando que existen alternativas regionales como Cartagena y otros puertos del Caribe que podrían captar el tráfico desviado.
La transición de los puertos de Balboa y Cristóbal a sus nuevos operadores Maersk y MSC marca un momento histórico para Panamá, donde el factor humano emerge como pieza fundamental para garantizar la continuidad de las operaciones portuarias. Expertos del sector marítimo y fuentes sindicales coinciden en que el éxito de este proceso dependerá en gran medida de cómo se maneje la situación laboral de los trabajadores.
El factor laboral como eje de la transición
Un aspecto crítico en este proceso es la situación de los trabajadores portuarios, especialmente aquellos que laboraban directamente para Panama Ports Company (PPC). La ministra de Trabajo, Doris Zapata, ha estado jugando un papel crucial en las negociaciones con los cinco sindicatos involucrados.
«El 100% de los trabajadores que mueven esos dos puertos no trabajan o no trabajaban para Panama Ports. Un porcentaje más reducido trabajaba para la empresa. Un porcentaje más alto trabajaba para las empresas que le prestan servicios como la famosa Serviestiva», señalan fuentes del sector marítimo consultadas.
La perspectiva internacional sobre la transición
Fuentes del sector marítimo internacional han expresado su satisfacción con el manejo de la situación laboral por parte de las autoridades panameñas. Tanto Maersk como MSC han enviado señales claras a sus clientes sobre la continuidad de las operaciones, estimando un período de 48 horas para tener el control total de los sistemas operativos.
La posición del expresidente Torrijos
El expresidente Martín Torrijos se pronunció sobre la situación, reconociendo que aunque Panama Ports «no fue un buen socio para Panamá», existe preocupación por la forma en que se ha manejado el proceso.
«Reconozco que la transición operativa salió bien y como panameño, me alegra que así haya sido. Sin embargo, el país merece coherencia y merece explicaciones. No conocemos los criterios de selección ni sabemos cómo esto podría impactar la competitividad de nuestro centro logístico», manifestó Torrijos.
El rol de las empresas de servicios portuarios
La situación de Serviestiva, principal empresa de servicios portuarios, emerge como un punto crucial en la transición. Según expertos del sector, su futuro podría estar en juego durante los próximos meses, especialmente considerando que el contrato temporal de operación es por 18 meses.
La jornada del jueves se perfila como crucial para evaluar el verdadero impacto de la transición, ya que coincide con el primer fin de semana de operaciones bajo la nueva administración, período en el que tradicionalmente se intensifica el movimiento de carga en los puertos panameños.
