La audiencia del caso Odebrecht entró este lunes 23 de febrero en la etapa de alegatos finales con la intervención del Ministerio Público, representado por la fiscal Ruth Morcillo, quien expuso la línea argumentativa con la que busca sustentar la responsabilidad penal de varios de los imputados.
Durante su presentación, la fiscal sostuvo que, más allá de la estrategia defensiva que —anticipó— intentará desvincular al exministro de la Presidencia Jimmy Papadimitriu Bagatela de la titularidad directa de acciones en determinadas sociedades, la investigación logró reconstruir un circuito financiero que, a su juicio, conduce hasta el exfuncionario. Según explicó, las acciones de empresas vinculadas al sector pesquero y de materiales de construcción figuraban a nombre de sus padres, Diamantis Papadimitriu y María Bagatela de Papadimitriu, lo que —argumentó— no desvirtúa quién habría sido el beneficiario real.
Morcillo subrayó que el rol desempeñado por el exministro dentro del Ejecutivo, especialmente en proyectos de alto perfil como la transformación del sistema de transporte y la construcción del Metro de Panamá, es un elemento relevante dentro del análisis de la causa. Recordó que la figura de la Secretaría del Metro se mantuvo durante su gestión y que se trataba de un servidor público con amplias facultades de decisión.
Uno de los ejes centrales del alegato fue la cooperación internacional, particularmente la asistencia judicial de Andorra. La fiscal indicó que la documentación obtenida en ese principado permitió rastrear movimientos financieros vinculados a la trama investigada, fortaleciendo así la hipótesis de la acusación sobre el flujo de fondos presuntamente ilícitos.
También hizo referencia a la llamada División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, conocida como “Caja 2”, señalada por autoridades estadounidenses como el mecanismo utilizado por la constructora brasileña para canalizar pagos indebidos. Según la fiscal, a lo largo del juicio han surgido referencias a sociedades que habrían servido como estructuras de fachada para recibir sobornos, aspecto que —dijo— será valorado integralmente por el tribunal.
En relación con las pruebas testimoniales, Morcillo adelantó que la defensa podría cuestionar la ausencia de ciertos declarantes brasileños. No obstante, afirmó que el Ministerio Público también habría tenido interés en escuchar versiones como las de Olivio Rodríguez y Angela Palmeira, quienes —según explicó— describieron el procedimiento interno para solicitar y autorizar pagos irregulares a cambio de contraprestaciones contractuales.
La fiscal recordó además el acuerdo de colaboración suscrito entre el Ministerio Público y la empresa constructora, en el que Andrés Luis Campos Ravelo asumió compromisos vinculados a la devolución de fondos pagados en concepto de sobornos a servidores públicos panameños.
Como parte de su exposición, presentó una cronología de los principales contratos adjudicados a Odebrecht en Panamá entre 2004 y 2017, incluyendo obras de infraestructura vial, saneamiento, proyectos energéticos y las líneas 1 y 2 del Metro, entre otras. Este recuento buscó contextualizar la magnitud de la presencia de la constructora en el país durante distintos periodos gubernamentales.
En cuanto a la reparación económica, Morcillo recordó que la multa acordada asciende a 220 millones de dólares, de los cuales —según detalló— se han pagado 78 millones hasta la fecha. Añadió que se han concretado nueve acuerdos de colaboración y 17 acuerdos de pena, lo que ha derivado en igual número de condenas. Estos mecanismos, afirmó, han permitido recuperar alrededor de 85 millones de dólares.
Entre los nombres mencionados destacó el del empresario Raúl de Saint Malo, quien devolvió sumas de dinero y dos embarcaciones; Ramón Carretero; y Ricardo Francolini, este último con un acuerdo que contempla la devolución de más de un millón de dólares y una pena de 30 meses pendiente de formalización.
Durante la audiencia también se abordó el papel de testigos clave, como la exagente policial Damaris Rodríguez, señalada por la fiscal como pieza fundamental en el seguimiento de activos presuntamente blanqueados. Asimismo, cuestionó la credibilidad de dos testigos de la defensa que, pese a tener condenas previas, negaron su participación en los hechos investigados. Entre ellos mencionó a Cejudo, quien habría rendido información desde una sede diplomática y, según la acusación, desconoció datos aportados por autoridades de Andorra.
Con esta intervención, el Ministerio Público dio inicio formal a la fase conclusiva del proceso, en la que el tribunal deberá valorar el cúmulo probatorio presentado tras años de investigación sobre uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.
Ministerio Público abre fase de alegatos en el caso Odebrecht y centra su teoría en la ruta del dinero
La audiencia del caso Odebrecht entró este lunes 23 de febrero en la etapa de alegatos finales con la intervención del Ministerio Público, representado por la fiscal Ruth Morcillo, quien expuso la línea argumentativa con la que busca sustentar la responsabilidad penal de varios de los imputados.
Durante su presentación, la fiscal sostuvo que, más allá de la estrategia defensiva que —anticipó— intentará desvincular al exministro de la Presidencia Jimmy Papadimitriu Bagatela de la titularidad directa de acciones en determinadas sociedades, la investigación logró reconstruir un circuito financiero que, a su juicio, conduce hasta el exfuncionario. Según explicó, las acciones de empresas vinculadas al sector pesquero y de materiales de construcción figuraban a nombre de sus padres, Diamantis Papadimitriu y María Bagatela de Papadimitriu, lo que —argumentó— no desvirtúa quién habría sido el beneficiario real.
Morcillo subrayó que el rol desempeñado por el exministro dentro del Ejecutivo, especialmente en proyectos de alto perfil como la transformación del sistema de transporte y la construcción del Metro de Panamá, es un elemento relevante dentro del análisis de la causa. Recordó que la figura de la Secretaría del Metro se mantuvo durante su gestión y que se trataba de un servidor público con amplias facultades de decisión.
Uno de los ejes centrales del alegato fue la cooperación internacional, particularmente la asistencia judicial de Andorra. La fiscal indicó que la documentación obtenida en ese principado permitió rastrear movimientos financieros vinculados a la trama investigada, fortaleciendo así la hipótesis de la acusación sobre el flujo de fondos presuntamente ilícitos.
También hizo referencia a la llamada División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, conocida como “Caja 2”, señalada por autoridades estadounidenses como el mecanismo utilizado por la constructora brasileña para canalizar pagos indebidos. Según la fiscal, a lo largo del juicio han surgido referencias a sociedades que habrían servido como estructuras de fachada para recibir sobornos, aspecto que —dijo— será valorado integralmente por el tribunal.
En relación con las pruebas testimoniales, Morcillo adelantó que la defensa podría cuestionar la ausencia de ciertos declarantes brasileños. No obstante, afirmó que el Ministerio Público también habría tenido interés en escuchar versiones como las de Olivio Rodríguez y Angela Palmeira, quienes —según explicó— describieron el procedimiento interno para solicitar y autorizar pagos irregulares a cambio de contraprestaciones contractuales.
La fiscal recordó además el acuerdo de colaboración suscrito entre el Ministerio Público y la empresa constructora, en el que Andrés Luis Campos Ravelo asumió compromisos vinculados a la devolución de fondos pagados en concepto de sobornos a servidores públicos panameños.
Como parte de su exposición, presentó una cronología de los principales contratos adjudicados a Odebrecht en Panamá entre 2004 y 2017, incluyendo obras de infraestructura vial, saneamiento, proyectos energéticos y las líneas 1 y 2 del Metro, entre otras. Este recuento buscó contextualizar la magnitud de la presencia de la constructora en el país durante distintos periodos gubernamentales.
En cuanto a la reparación económica, Morcillo recordó que la multa acordada asciende a 220 millones de dólares, de los cuales —según detalló— se han pagado 78 millones hasta la fecha. Añadió que se han concretado nueve acuerdos de colaboración y 17 acuerdos de pena, lo que ha derivado en igual número de condenas. Estos mecanismos, afirmó, han permitido recuperar alrededor de 85 millones de dólares.
Entre los nombres mencionados destacó el del empresario Raúl de Saint Malo, quien devolvió sumas de dinero y dos embarcaciones; Ramón Carretero; y Ricardo Francolini, este último con un acuerdo que contempla la devolución de más de un millón de dólares y una pena de 30 meses pendiente de formalización.
Durante la audiencia también se abordó el papel de testigos clave, como la exagente policial Damaris Rodríguez, señalada por la fiscal como pieza fundamental en el seguimiento de activos presuntamente blanqueados. Asimismo, cuestionó la credibilidad de dos testigos de la defensa que, pese a tener condenas previas, negaron su participación en los hechos investigados. Entre ellos mencionó a Cejudo, quien habría rendido información desde una sede diplomática y, según la acusación, desconoció datos aportados por autoridades de Andorra.
Con esta intervención, el Ministerio Público dio inicio formal a la fase conclusiva del proceso, en la que el tribunal deberá valorar el cúmulo probatorio presentado tras años de investigación sobre uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.
