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El gobierno de Estados Unidos ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en al menos 14 aeropuertos del país, en un intento por mitigar las crecientes demoras en los controles de seguridad provocadas por la escasez de personal en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

La medida se produce en medio de un cierre parcial del gobierno federal que ha dejado a unos 61,000 empleados de la TSA trabajando sin salario durante más de un mes, situación que ha derivado en un aumento significativo de ausencias laborales y renuncias.

De acuerdo con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cientos de agentes de ICE —que sí continúan recibiendo remuneración— han sido desplegados en terminales aéreas, aunque no se han precisado cifras exactas por razones de seguridad operativa.

Los agentes han sido vistos en áreas públicas de los aeropuertos, como accesos y salidas, apoyando en tareas básicas con el objetivo de liberar a los oficiales de la TSA para funciones especializadas de seguridad. No obstante, el alcance exacto de sus funciones no ha sido detallado.

La falta de personal ha impactado severamente la operación en varios aeropuertos clave. En el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, uno de los más transitados del mundo, las filas han llegado a extenderse más allá de los puntos de control, ocupando áreas como la zona de equipaje y el atrio principal. La administración del aeropuerto ha recomendado a los pasajeros llegar con al menos cuatro horas de anticipación para poder completar los procesos de seguridad.

Situaciones similares se reportan en el aeropuerto George Bush Intercontinental de Houston, donde las autoridades han advertido sobre tiempos de espera superiores a cuatro horas y el riesgo de pérdida de vuelos.

Las cifras oficiales reflejan el deterioro en la disponibilidad de personal. Más de 400 agentes de la TSA han renunciado durante el cierre, mientras que miles han optado por ausentarse. En algunos aeropuertos, como los de Atlanta y Nueva Orleans, la tasa de ausentismo ha superado el 40%. A nivel nacional, cerca del 11.76% de los agentes faltaron a sus turnos en una sola jornada, el nivel más alto registrado desde el inicio de la crisis.

En paralelo, continúan las negociaciones en Washington para restablecer el financiamiento del DHS. Legisladores republicanos han señalado que existe consenso interno en torno a un plan para reabrir la agencia, aunque aún no está claro si contará con el respaldo de los demócratas.

El presidente Donald Trump ha condicionado su apoyo a cualquier acuerdo a la inclusión de nuevas disposiciones en materia electoral, lo que mantiene en suspenso una solución definitiva.

Mientras tanto, los retrasos en los aeropuertos persisten y los viajeros continúan enfrentando largas esperas, en un contexto donde la seguridad y la operatividad del sistema aéreo dependen de un personal que sigue trabajando sin compensación económica.

La administración de Donald Trump enfrenta cuestionamientos políticos tras autorizar un alivio temporal de sanciones que permitiría la venta de petróleo iraní retenido en altamar, una decisión que podría representar ingresos millonarios para Irán en plena escalada del conflicto.

La medida, emitida por el Departamento del Tesoro, habilita durante un mes la comercialización de unos 140 millones de barriles de crudo iraní ya cargados en buques. Con los precios internacionales del petróleo cercanos a los 100 dólares por barril, el movimiento podría traducirse en hasta 14 mil millones de dólares para Teherán.

El gobierno estadounidense ha defendido la decisión como una estrategia para aumentar la oferta global de crudo y contener el alza en los precios de la energía, que se ha intensificado tras las recientes acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la iniciativa busca utilizar los recursos energéticos iraníes como herramienta estratégica. Según explicó, permitir la venta de ese petróleo facilitaría un mayor control sobre las transacciones y reduciría las ganancias que Irán obtiene en mercados paralelos.

Sin embargo, expertos y exfuncionarios han puesto en duda la efectividad del plan. Advierten que ampliar el número de compradores podría, en la práctica, aumentar los ingresos de Irán, especialmente en un contexto de volatilidad en los mercados energéticos.

A esto se suma la falta de claridad sobre los mecanismos para bloquear los ingresos derivados de estas ventas. Organizaciones especializadas en política internacional han señalado que la licencia emitida no establece controles evidentes sobre los canales de pago ni garantías de que los fondos no lleguen al gobierno iraní.

La medida también ha generado críticas desde el ámbito político en Estados Unidos. Legisladores demócratas han resaltado lo que consideran una contradicción en la postura del mandatario, quien en el pasado cuestionó duramente a la administración de Barack Obama por transferencias de dinero a Irán vinculadas a acuerdos diplomáticos.

Durante la campaña de 2016, Trump calificó esos pagos como un “escándalo” y acusó a sus adversarios de debilidad frente a Teherán. Ahora, sus críticos sostienen que el alivio de sanciones podría tener un efecto similar, al facilitar recursos financieros a un país con el que Estados Unidos mantiene tensiones abiertas.

El propio presidente ha restado importancia al impacto económico de la medida, afirmando que cualquier ingreso adicional para Irán no alterará el curso del conflicto. No obstante, insistió en la necesidad de estabilizar el mercado energético global.

En paralelo, el aumento en los precios del combustible ya se refleja en Estados Unidos, donde el galón de gasolina ha registrado incrementos significativos en las últimas semanas, añadiendo presión política en un año electoral.

Mientras tanto, persisten dudas sobre si la liberación de petróleo iraní logrará efectivamente reducir los precios o si, por el contrario, terminará fortaleciendo financieramente a Teherán en medio de un escenario geopolítico cada vez más complejo.

El enigma que durante décadas ha rodeado al artista urbano Banksy parece haber dado un giro decisivo. Una investigación periodística de la agencia Reuters atribuye su identidad a Robin Gunningham, un hombre originario de Bristol, Inglaterra, cuya vinculación con el creador ya había sido mencionada en reportes anteriores, aunque nunca confirmada de manera concluyente.

A pesar del impacto mediático de la revelación, el artista —conocido por su carácter reservado— no ha confirmado ni desmentido la información. Tampoco lo han hecho sus representantes, quienes han mantenido silencio ante las consultas de distintos medios.

El posible desenlace de uno de los mayores misterios del arte contemporáneo ha generado reacciones encontradas dentro del mundo artístico. Para algunos, el anonimato era una parte esencial de la propuesta de Banksy, un elemento que permitía que su obra trascendiera la identidad del creador. Otros consideran que, aunque la revelación cambia la narrativa, no necesariamente disminuye el valor artístico de su trabajo.

Artistas contemporáneos que también optan por el anonimato han expresado su preocupación por el impacto de este tipo de exposiciones. Señalan que ocultar la identidad no solo responde a una decisión estética o conceptual, sino que también ofrece libertad creativa y, en algunos casos, protección frente a posibles consecuencias legales.

Expertos del mercado del arte coinciden en que el anonimato de Banksy fue clave en la construcción de su mito. Sin embargo, advierten que la exposición de su identidad podría tener efectos tanto en la producción futura como en el valor de sus obras. Algunas piezas del artista han alcanzado cifras millonarias en subastas, como ocurrió con una de sus creaciones que se autodestruyó parcialmente durante una venta y luego fue revendida por una suma récord.

No obstante, existen precedentes de artistas que lograron consolidar su carrera tras abandonar el anonimato, aunque se trata de casos poco comunes. En el ámbito del arte urbano, muchos creadores prefieren mantenerse en el anonimato precisamente para conservar la esencia de su trabajo.

Más allá del caso puntual de Banksy, el debate reabre una discusión más amplia sobre el papel del anonimato en el arte. Especialistas sostienen que ocultar la identidad permite que las obras sean interpretadas sin prejuicios asociados al autor, enfocando la atención en el mensaje y no en la persona.

Con esta posible revelación, el fenómeno Banksy entra en una nueva etapa. Queda por verse si el interés del público y el valor simbólico de su obra se mantendrán intactos o si, por el contrario, la pérdida del misterio transformará la manera en que el mundo percibe a uno de los artistas más influyentes de las últimas décadas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que desplegará agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos del país a partir del lunes, en medio de la falta de acuerdo con los demócratas sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional.

A través de mensajes publicados en sus redes sociales, el mandatario presionó para que se apruebe de inmediato un plan presupuestario. Señaló que, de no concretarse un acuerdo, ordenará el traslado de agentes de ICE a las terminales aéreas para reforzar la seguridad. Horas después, confirmó que ya había tomado la decisión y que instruyó a la agencia a prepararse para su implementación.

La advertencia se produce en un contexto de estancamiento político en el Congreso, donde demócratas y la Casa Blanca no han logrado consensuar una ley de financiamiento, situación que derivó en un cierre parcial del gobierno que ya se extiende por varias semanas. Entre las entidades afectadas está la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), cuyos trabajadores continúan laborando sin recibir salario.

Mientras tanto, los aeropuertos del país enfrentan demoras y largas filas, en plena temporada alta de viajes por vacaciones de primavera. La escasez de personal, agravada por ausencias y renuncias, ha llevado a las autoridades a advertir que algunos aeropuertos pequeños podrían verse obligados a suspender operaciones si la situación persiste.

Según lo planteado por Trump, los agentes de ICE no solo asumirían funciones de seguridad, sino que también llevarían a cabo operativos migratorios más estrictos dentro de los aeropuertos. El presidente afirmó que se enfocarán en la detención inmediata de personas que se encuentren en el país sin estatus legal, lo que supondría un aumento en las acciones de control migratorio en estos espacios.

La propuesta ha generado fuertes críticas por parte de legisladores demócratas. La senadora Patty Murray cuestionó la medida al considerar que podría aumentar la preocupación entre los viajeros, especialmente en un momento en que ya enfrentan largas esperas en los controles de seguridad. Además, instó al presidente a priorizar el pago de los trabajadores de la TSA y avanzar en una solución legislativa.

En paralelo, los demócratas han insistido en la necesidad de establecer nuevas restricciones a las agencias federales de inmigración. Entre sus propuestas se incluyen exigir identificación visible a los agentes, prohibir el uso de máscaras, requerir órdenes judiciales para ciertos procedimientos y aplicar normas más estrictas sobre el uso de la fuerza.

Desde la Casa Blanca se ha mostrado cierta disposición a considerar algunos cambios, aunque los demócratas han señalado que esperan una propuesta formal. Por su parte, la senadora republicana Susan Collins indicó que el Ejecutivo ha introducido ajustes en su plan y pidió a la oposición responder oficialmente para avanzar en las negociaciones.

Aunque las conversaciones continúan en el Capitolio, líderes como el senador Chuck Schumer han reconocido avances en el diálogo, pero subrayan que aún se trata de un proceso en desarrollo sin un acuerdo definitivo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió públicamente a las versiones difundidas por el diario The New York Times sobre una presunta investigación en su contra en Estados Unidos, afirmando que no le preocupan esos procesos y que no tiene nada que ocultar.

A través de un mensaje en la red social X, el mandatario colombiano sostuvo que no le interesan las actuaciones judiciales fuera de su país, ya que —según indicó— en Colombia nunca ha sido acusado formalmente por hechos como los que se sugieren en la publicación. También expresó que desconoce el alcance real de esas indagaciones, las cuales calificó como preliminares.

En su pronunciamiento, Petro defendió su trayectoria personal y aseguró que no posee bienes en el exterior, ni ha tenido residencia en ciudades como Miami. Asimismo, afirmó que nunca ha cometido actos de corrupción ni ha apropiado recursos del Estado.

El presidente también manifestó que no siente temor frente a las investigaciones, señalando que durante décadas ha sido objeto de múltiples indagaciones como consecuencia de su actividad política y de sus posiciones públicas.

Investigación en E.U. y contexto del caso

El reportaje del The New York Times indica que fiscales federales en Nueva York, específicamente en Manhattan y Brooklyn, estarían adelantando indagaciones en las que se menciona el nombre del mandatario colombiano. Sin embargo, según información divulgada por Reuters, Petro no sería el objetivo central de la investigación, aunque sí figura dentro de las líneas de revisión.

Las pesquisas estarían relacionadas con supuestos encuentros con personas vinculadas al narcotráfico y con la posible entrada de recursos ilícitos a su campaña presidencial de 2022. En estas averiguaciones participarían entidades como la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

“Nunca he hablado con narcotraficantes”

En una segunda reacción, el jefe de Estado fue enfático al negar cualquier vínculo con organizaciones criminales. “Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”, afirmó.

Petro insistió en que en Colombia no existe ninguna investigación en su contra por este tipo de señalamientos y reiteró que su campaña presidencial no recibió aportes ilegales. Según explicó, los procesos de revisión adelantados sobre sus finanzas electorales no han evidenciado la entrada de dinero proveniente del narcotráfico.

El mandatario atribuyó estas acusaciones a sectores de la derecha colombiana, a los que señaló de intentar afectar su imagen en el ámbito internacional. En ese sentido, defendió la transparencia de su campaña y aseguró que su línea de conducta política ha sido clara frente al rechazo de recursos ilícitos.

Sin notificaciones oficiales

Por su parte, la Embajada de Colombia en Washington informó que, hasta el momento, no existe ninguna notificación formal dirigida al presidente Petro por parte de autoridades estadounidenses, ni se han presentado pruebas que respalden los señalamientos mencionados en la publicación.