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El Estado panameño, a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), respondió al reciente pronunciamiento de Panama Ports Company, S.A. (PPC) rechazando de forma categórica las afirmaciones realizadas por la empresa y el Grupo Hutchison, a las que calificó como falsas e injuriosas.

La entidad recordó que la controversia surge tras el fallo emitido el 29 de enero de 2026 por la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se declaró inconstitucional la Ley No. 5 de 1997, que sustentaba el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, junto con sus adendas y prórrogas. Según la AMP, esta decisión es definitiva, de obligatorio cumplimiento y debe ser ejecutada por el Estado.

De acuerdo con el comunicado oficial, tras conocerse la sentencia, el Gobierno intentó establecer un proceso de transición ordenado con la participación de PPC. Sin embargo, la empresa —según la versión estatal— se habría negado a colaborar, limitando el acceso a información clave y obstaculizando una coordinación adecuada.

Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio portuario, el Estado asumió de manera temporal la administración, mantenimiento y operación de ambas terminales, amparado en lo establecido en la Ley General de Puertos. La AMP subrayó que esta acción responde a la condición del Estado como propietario legítimo de las instalaciones.

Asimismo, el Órgano Ejecutivo emitió un decreto de ocupación como mecanismo excepcional, aclarando que la medida no constituye una expropiación, sino una utilización temporal de los bienes mientras se determina su valor, respetando el debido proceso.

La institución también defendió la legalidad de sus actuaciones, indicando que todas las decisiones han sido adoptadas dentro del marco constitucional. En ese sentido, rechazó las acusaciones de “actos arbitrarios” o “confiscación”, asegurando que a la empresa se le han garantizado sus derechos en todo momento.

Tras asumir el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, previamente operados por el Grupo Hutchison, las autoridades señalaron haber encontrado un estado de deterioro significativo en las instalaciones, alejadas —según indicaron— de estándares internacionales.

En paralelo, PPC ha iniciado un proceso de arbitraje internacional bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). La AMP aseguró que el Estado panameño participará en dicho proceso conforme a derecho y ejercerá su defensa ante el tribunal arbitral, que será el encargado de resolver el fondo de la disputa.

Finalmente, el Gobierno informó que evitará pronunciamientos públicos adicionales sobre este caso hasta la conclusión del arbitraje, y reiteró su compromiso de garantizar la operación continua, segura y eficiente de los puertos, así como la protección de la inversión nacional y extranjera bajo el marco legal vigente.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá resolvió revocar el amparo de garantías constitucionales que favorecía al empresario Aaron Mizrachi Malca, una decisión que reactiva la acusación penal en su contra y lo obliga a enfrentar un juicio dentro del caso Odebrecht.

La medida fue notificada este martes mediante el Edicto N.° 391, con lo cual el máximo tribunal del país cierra la última vía legal que había mantenido al empresario fuera del proceso judicial por presunto blanqueo de capitales.

El fallo, adoptado de forma unánime bajo la ponencia de la magistrada Maribel Cornejo, deja sin efecto la decisión emitida el 16 de septiembre de 2025 por el Primer Tribunal Superior, que había concedido un amparo a favor de Mizrachi y anulado los cargos en su contra. En ese momento, los magistrados Carlos H. Pizarro, Guimara Aparicio Ortega y Melina Robinson Oro concluyeron que la Fiscalía Especial Anticorrupción no había detallado adecuadamente aspectos esenciales de la imputación, como el modo, tiempo y lugar de los hechos, lo que constituía una causal de nulidad conforme al artículo 2294 del Código Judicial.

Esa decisión permitió que Mizrachi quedara excluido del juicio principal del caso Odebrecht, que se desarrolló entre el 12 de enero y el 27 de febrero de 2026. Sin embargo, con la nueva resolución de la Corte Suprema, se restablecen los efectos del Auto N.° 103 del 4 de abril de 2025, mediante el cual el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales ordenó su llamamiento a juicio.

Como consecuencia, la jueza Baloisa Marquínez deberá fijar una nueva fecha para la audiencia correspondiente, en la que Mizrachi tendrá que comparecer, presentar pruebas y enfrentar el proceso penal, al igual que lo hará la Fiscalía Anticorrupción.

El caso Odebrecht es uno de los expedientes judiciales más complejos y extensos en Panamá, con más de 3,000 tomos de pruebas. Durante el juicio, que se prolongó por 46 días, la Fiscalía solicitó condena para 16 de los 21 imputados, incluyendo al expresidente Ricardo Martinelli, varios exministros, empresarios y figuras políticas. Asimismo, pidió la absolución de cinco acusados.

En sus alegatos finales, la fiscal Ruth Morcillo expresó confianza en la solidez del material probatorio, aunque admitió que no todos los elementos pudieron ser incorporados, señalando que no existe una investigación perfecta. Por su parte, los abogados defensores cuestionaron la validez de las pruebas y denunciaron la ausencia de testigos clave, solicitando fallos absolutorios para sus representados.

Al cierre de la audiencia, el 27 de febrero, la jueza Marquínez se acogió al término de ley para emitir su veredicto, una decisión que podría demorar más de 30 días debido al volumen del expediente.

En paralelo, varios imputados no participaron en ese juicio y serán procesados por separado. Entre ellos figuran el expresidente Juan Carlos Varela, el exministro de Obras Públicas Jaime Ford y los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, quienes, en su condición de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), deben ser juzgados por la Corte Suprema.

También permanecen fuera de la audiencia la exdirectora de Conades, Danna Harrick Atie, así como la brasileña Luz Elena de Sousa, el estadounidense Barry Williams Herman y Javier Díaz Torres, señalados por presuntamente colaborar en el manejo y ocultamiento de fondos provenientes de la denominada Caja 2 de Odebrecht.

Con esta decisión, el proceso judicial suma un nuevo capítulo, reconfigurando la situación de uno de los implicados que había logrado apartarse del juicio mediante recursos legales previos.