Panamá En Directo – Miércoles 14 de Enero de 2026.
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Trump eleva la presión sobre Irán y deja abierta la puerta a una respuesta militar
Las amenazas de Trump reabren el debate sobre los límites del poder militar estadounidense y su impacto real en los movimientos prodemocracia.
El pulso entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán entra en una fase de alta tensión. El presidente Donald Trump endureció su discurso frente a la represión de las protestas en Irán y advirtió que su gobierno podría adoptar “medidas enérgicas” si el régimen continúa con ejecuciones y violencia contra civiles.
En una entrevista con CBS News, Trump señaló que Washington no permanecerá indiferente ante lo que describió como una escalada represiva. Aunque evitó detallar acciones concretas, el mensaje reforzó la expectativa de que Estados Unidos haga algo más que emitir condenas diplomáticas, especialmente después de semanas de advertencias públicas dirigidas a Teherán.
La presión no solo proviene de la Casa Blanca. Voces influyentes del ámbito de seguridad nacional sostienen que la credibilidad estadounidense está en juego. El exsecretario de Defensa y exdirector de la CIA Leon Panetta afirmó que, tras prometer apoyo al pueblo iraní, Washington debe respaldar sus palabras con hechos visibles, aunque no necesariamente con una guerra a gran escala.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y reportes extraoficiales hablan de miles de víctimas en medio de un apagón informativo casi total dentro de Irán. La falta de internet ha dificultado confirmar cifras, pero imágenes filtradas desde Teherán sugieren una represión masiva que podría haber dejado más de 2.000 muertos.
Un régimen debilitado, una decisión de alto riesgo
Analistas coinciden en que el contexto regional ofrece a Trump una oportunidad estratégica inédita. La República Islámica atraviesa una crisis económica profunda, enfrenta protestas sostenidas y observa con incertidumbre el futuro de su liderazgo, encabezado por el ayatolá Ali Jamenei, de 86 años. A ello se suma el debilitamiento militar de Irán tras enfrentamientos regionales recientes y la pérdida de figuras clave de su aparato de seguridad.
Para aliados de línea dura del presidente estadounidense, el momento es histórico. El senador republicano Lindsey Graham llegó a comparar el escenario con la caída del Muro de Berlín, sugiriendo que Trump podría pasar a la historia como el líder que empujó el colapso del régimen iraní.
Sin embargo, la experiencia pesa. Intervenciones pasadas de Estados Unidos —desde Vietnam hasta Irak y Libia— muestran que decisiones tomadas desde Washington pueden tener consecuencias imprevisibles sobre el terreno. Incluso el expresidente Barack Obama, criticado por su cautela durante las protestas iraníes de 2009, reconoció años después que el apoyo moral a los movimientos prodemocracia es necesario, aunque sin avalar ataques militares.
Dudas sobre la eficacia de la fuerza
Expertos advierten que no está claro si una acción militar limitada protegería realmente a los manifestantes o, por el contrario, fortalecería la narrativa del régimen iraní frente a una “agresión extranjera”. Opciones como ciberataques o sanciones adicionales están sobre la mesa, pero su impacto inmediato en las calles de Teherán es incierto.
Además, el despliegue militar estadounidense enfrenta límites prácticos. Parte de la flota naval y de los recursos estratégicos de Washington están comprometidos en otras regiones, lo que reduce el margen de maniobra para una operación rápida y decisiva en Irán.
Trump, fiel a su estilo, mantiene la ambigüedad. Tras reunirse con su equipo de seguridad nacional, evitó revelar sus planes y se limitó a decir: “Sé exactamente qué haría”. Cuando se le preguntó si podía garantizar que un ataque protegería a los manifestantes, respondió con franqueza: “Nunca se sabe”.
Esa incertidumbre resume el dilema actual: actuar podría cambiar el curso de la historia iraní, pero también abrir un nuevo capítulo de consecuencias impredecibles en Medio Oriente y para la propia presidencia de Trump.
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Fiscalía detalla red de sobornos y financiamiento político en el segundo día del juicio Odebrecht
Las vistas fiscales detallan entregas millonarias, triangulación de recursos y acuerdos políticos a cambio de beneficios contractuales.
La audiencia del caso Odebrecht se reanudó este martes 13 de enero, iniciando a las 9:05 a.m., bajo la conducción de la Baloisa Marquínez, quien solicitó verificar la presencia de todas las partes procesales. En sala se encontraban siete abogados defensores, entre ellos la abogada Guillermina Macdonald, además de defensores públicos, querellantes y representantes del Ministerio Público.
Tras la identificación de los acusados presentes, se dio inicio a la lectura de las vistas fiscales, en las que se detalló cómo la empresa Odebrecht habría implementado un sistema de simulación contractual para justificar el pago de sobornos, utilizando adendas, contrataciones ficticias y la creación de empresas para triangular fondos ilícitos. Entre los ejemplos mencionados figuró la solicitud de acero a una empresa que carecía de autorización para comercializar ese material.
Durante la lectura se expuso que Marcelo Odebrecht habría creado un departamento estructurado para la constitución de empresas offshore, utilizadas como “cascarones” con el objetivo de corromper funcionarios públicos, solicitar incrementos contractuales y justificar pagos por materiales inexistentes.
También se indicó que, entre 2014 y 2019, la empresa brasileña habría tenido acercamientos con familiares de un alto funcionario, a quienes se les entregaron sumas significativas de dinero.
Estructura financiera y “caja dos”
Según lo leído, Odebrecht operaba con dos estructuras principales desde Brasil, una en São Paulo y otra en Salvador, bajo la coordinación de Angela Ferreira Palmeira y Luisa Tavares, cada una con funciones específicas. El esquema incluía tres “cajas” independientes, siendo la segunda —conocida como la “caja negra” o “caja dos”— la utilizada para efectuar los pagos ilícitos.
La investigación destacó que Panamá fue elegido como centro para la creación de offshore, debido a las facilidades legales existentes en ese momento, lo que permitió operar la trama de sobornos.
Cuentas en Andorra y vínculos políticos
A las 9:43 a.m., se citó el tomo 1,104 del expediente, donde se señala la apertura de una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) para beneficiar a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli.
En la lectura de declaraciones del empresario Ramón Carretero Napolitano, este relató que, durante una conversación en la embajada de Panamá en La Habana, solicitó a un abogado la constitución de una empresa para recibir fondos provenientes de Odebrecht. En ese contexto mencionó al empresario Ricardo Francolini, a quien identificó como una figura de alto perfil vinculada al gobierno de Martinelli.
Carretero afirmó que la empresa constituida incluía a su hermano con un 15 % de participación, sin que este conociera el destino final de los fondos. Posteriormente, al percatarse del uso del esquema y del intento de utilizar un banco de origen chino para recibir el dinero, aseguró que rompió toda relación con Francolini.
Más adelante, Carretero relató una relación comercial con Jaime Lasso, quien le habría solicitado mercancía destinada a apoyar al Partido Panameñista.
Funcionarios, sobrefacturación y financiamiento electoral
En las vistas fiscales apareció el nombre de Carlos Ho, quien laboró en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante ese quinquenio. Ho declaró que, bajo la administración de Federico Suárez, en las oficinas del MOP operaban dos personas identificadas como Tito Gómez y Mauricio Coors, quienes fungían como enlaces entre Odebrecht y las obras en ejecución.
Tras un receso de 15 minutos, la audiencia se reanudó a las 11:20 a.m., abordándose un sistema creado por Odebrecht para ocultar la identidad de testaferros. Ho declaró que recibió una tarjeta de la empresa brasileña y que existía sobrefacturación como mecanismo para blanquear capitales y encubrir cuentas. Según los fiscales, los funcionarios involucrados conocían plenamente la actividad ilícita.
En relación con el excandidato presidencial José Domingo Arias, los investigadores sostuvieron que estaba al tanto del ingreso de fondos ilícitos a su campaña, canalizados a través de sus asesores Mónica Moura y João Santana. Santana afirmó que Moura era quien entregaba o depositaba el dinero, como parte de un esquema utilizado en varios países para financiar campañas presidenciales a cambio de futuros favores.
Durante ese período, se indicó que Mario Miller habría recibido cerca de 3 millones de dólares para la campaña. Santana también aseguró que Moura le comentó que las reuniones eran coordinadas por el propio presidente Martinelli y que existía un acuerdo según el cual Martinelli aportaría 16,500 dólares, mientras Odebrecht contribuiría con 11 millones de dólares. El primer desembolso fue de 400,000 dólares, depositados en cuentas en Suiza y Panamá.
Reanudación vespertina y más vinculaciones
A las 12:00 p.m. la jueza decretó un receso de dos horas, retomándose la audiencia a las 2:04 p.m., momento en el que la jueza Marquínez hizo un repaso de los involucrados.
Durante la tarde se mencionó una presunta entrega directa de 5 millones de dólares a la campaña de José Domingo Arias, pese a la prohibición de triangulación de fondos por parte del Tribunal Electoral. También se abordó la figura de Hugo Torrijos Richard (fallecido), quien habría recibido dinero tras constituir una empresa para Odebrecht, sin que se lograra establecer un vínculo directo con el entonces presidente, pese a la coincidencia de apellidos.
Finalmente, la jueza informó que las partes acordaron omitir la lectura relacionada con Dana Harris (en rebeldía), los hermanos Martinelli Linares y el expresidente Juan Carlos Varela, al gozar de fuero como miembros del Parlacen.
La audiencia continuó con la exposición de los casos de los exministros Federico Suárez, Jimmy Papadimitriu y el exdiputado Jorge Rosas, detallándose sociedades, pagos desde la “caja dos”, sobrefacturación y desembolsos millonarios, antes de cerrar la jornada se hicieron también nuevas referencias a los hermanos Martinelli Linares, incluyendo la compra de un barco así como inversiones en la provincia de Veraguas.
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Cinco a las 5 – Martes 13 de Enero 2026
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La Caja de Ahorros impulsa solución hipotecaria para obreros #PED
Panamá En Directo – Martes 13 de Enero de 2026.
Santino Tapia, gerente directivo de Banca de Consumo de la Caja de Ahorros, destacó los beneficios de la solución hipotecaria diseñada especialmente para los obreros de la construcción, una iniciativa que busca facilitar el acceso a vivienda mediante condiciones adaptadas a la realidad laboral de este sector. -
Dino Mon nos habla de la demanda de fraude millonario en pensiones #PED
Panamá En Directo – Martes 13 de Enero de 2026.
La CSS pidió la realización de peritajes informáticos forenses, la investigación de funcionarios actuales y pasados, así como de terceros beneficiados, y la adopción de medidas urgentes para preservar la evidencia digital y documental.
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Panamá En Directo – Martes 13 de Enero de 2026.
Panamá En Directo – Martes 13 de Enero de 2026.
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La carrera por la Subcontraloría entra en fase de inscripciones
La Asamblea Nacional activó el mecanismo institucional para llenar la vacante de subcontralor general, dando paso a un breve pero decisivo periodo de inscripciones que definirá a los aspirantes al cargo.
El proceso quedó formalizado mediante la Resolución No. 28 del 12 de enero de 2026, aprobada por el pleno, y abre una ventana de cuatro días hábiles —a partir de este miércoles 14 de enero— para que los interesados presenten su postulación de manera presencial.
Quienes aspiren a la posición deberán acudir a la Secretaría General del Legislativo, en el Palacio Justo Arosemena, y consignar la documentación exigida por el artículo 279 de la Constitución. Entre los recaudos figuran el currículum vitae, el certificado de nacimiento original, el historial de antecedentes personales y una copia autenticada del título universitario.
La recepción de expedientes se realizará del jueves 15 al martes 20 de enero, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Con ello, el Parlamento pone en marcha una selección que trasciende lo administrativo, dada la influencia de la Subcontraloría en el control del gasto público y la supervisión de las finanzas del Estado.
La convocatoria responde a la vacante generada tras la renuncia presentada en septiembre de 2025 por Eli Felipe Cabezas, dimisión que fue aceptada por la Contraloría General de la República y que dejó pendiente la designación de quien acompañará al contralor en las labores de fiscalización.
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Fracasa intento de revocar mandato de la diputada Paulette Thomas, solo obtuvo 6 firmas
La iniciativa para revocar el mandato de la diputada independiente Paulette Thomas Horly quedó sin sustento tras fracasar ampliamente en la recolección de firmas exigidas por la ley, según confirmó el Tribunal Electoral.
Al concluir el plazo de 120 días calendario para reunir los apoyos necesarios, el promotor del proceso, Rubén Darío De La Rosa Caballero, solo logró presentar seis firmas válidas, una cifra que representa apenas el 0.012 % del mínimo requerido. Para que la revocatoria avanzara, era indispensable alcanzar al menos 50,162 firmas.
La Dirección Regional de Organización Electoral de Panamá Centro certificó el resultado y lo hizo oficial mediante una resolución publicada en el Boletín No. 5965 del Tribunal Electoral, con fecha 12 de enero de 2026. Conforme al procedimiento, la resolución puede ser impugnada dentro de los próximos cinco días hábiles.
Durante el desarrollo del proceso, la diputada había cuestionado públicamente la iniciativa, calificándola como una maniobra política sin respaldo real. “Hay personas que utilizan estos mecanismos como trampolín para hacerse visibles, y eso es lamentable”, expresó en su momento.
Paulette Thomas Horly fue electa por el circuito 8-3, que incluye los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania, Pueblo Nuevo y Calidonia. Con los resultados alcanzados, el intento de revocatoria q
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Inicia el juicio del caso Odebrecht con declaraciones de inocencia, controvercias y múltiples recesos
A las 9:13 de la mañana de este lunes 12 de enero, la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, dio inicio formal al juicio por el caso Odebrecht, una audiencia que estaba programada desde las 9:00 a.m. y que marca la reanudación de un proceso que había permanecido aplazado por más de cuatro años.
En la apertura de la sesión tomó la palabra la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, quien compareció junto a las fiscales Jenisbeth Malek y Thalía Palacios, además del fiscal Mahmad Daud Hasan, como parte del equipo del Ministerio Público a cargo de la acusación.
Minutos después comenzaron a comparecer los abogados defensores, quienes informaron a quiénes representaban, mientras algunos imputados participaban de forma presencial y otros de manera remota. Entre los asistentes virtuales figuró el expresidente Ricardo Martinelli, asilado en Colombia, quien se conectó a la audiencia a las 9:34 a.m. para proporcionar sus datos generales, al igual que otros acusados.
Entre los abogados defensores presentes estuvieron Guillermina McDonald; Carlos Carrillo G., defensor de Martinelli; Alfredo Vallarino, representante de Aurora Mudarás; Juan Antonio Kuan, abogado de Frank De Lima; así como José María Castillo, Pedro Meilán, entre otros. En total, el proceso involucra a 26 imputados.
Durante la jornada, la jueza explicó que el expediente físico del caso cuenta con 2,973 tomos, y precisó que tanto las defensas como los querellantes han tenido acceso al expediente digital desde el inicio del proceso. Ante solicitudes para contar con los tomos físicos en sala, Marquínez advirtió que movilizarlos implicaría un retraso operativo de aproximadamente 6 horas, aunque aclaró que se podría solicitar tomos o folios específicos de ser necesario.
Durante la mañana, la fiscalía solicitó la validación confidencial de dos acuerdos de pena, lo que obligó a evacuar temporalmente la sala para la celebración de audiencias reservadas, una a las 10:20 a.m. y otra que se reanudó pasadas las 11:45 a.m., luego de presentaciones previas de imputados y de algunas fallas técnicas.
Posteriormente, la jueza procedió a formular a cada acusado la pregunta de rigor sobre su culpabilidad en los cargos de blanqueo de capitales. En total, los 24 imputados presentes se declararon no culpables mientras que los dos faltantes fueron declarados en rebeldía.
Hacia las 12:40 p.m., tras varias controversias con abogados defensores —entre ellos Pedro Meilán, quien alegó desventaja procesal por no tener acceso a testigos— la jueza decretó un receso. En ese momento informó que las audiencias se desarrollarán de lunes a jueves, en horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., con un receso de dos horas, para luego reanudarse de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., y que el viernes será el único día de descanso dentro del calendario del juicio.
La audiencia se reanudó pasadas las 2:00 de la tarde con una controversia entre la jueza Marquínez y el abogado Carlos Carrillo, defensor del expresidente Martinelli, quien cuestionó que el juicio continuara pese a que el acceso a testigos en Brasil quedaría para una eventual apelación. Carrillo sostuvo que esta situación colocaba a las defensas en estado de indefensión y advirtió que podría derivar en una nulidad de lo actuado.
La jueza respondió que las diligencias correspondientes ante las autoridades brasileñas sí se realizaron, pero que la respuesta de ese país fue negativa y definitiva. Ante la insistencia del abogado Carrillo, Marquínez solicitó al Ministerio Público detallar las gestiones efectuadas y las respuestas recibidas. El planteamiento fue respaldado por el abogado Pedro Meilán, quien reiteró que la defensa se encontraba en desventaja por esta condición.
Luego de esta discusión, y una vez aclarado el punto, la jueza anunció que, al continuar la audiencia, se procedería con el auto de llamamiento a juicio. Durante este tramo del proceso, las auxiliares judiciales iniciaron la lectura de las diligencias que constan en el expediente del caso en Panamá.
Tras varias horas de lectura y un receso adicional de 15 minutos, la fiscal Morcillo informó que el auto había sido leído hasta la página 100 de un total de 407, y adelantó que la lectura podría concluir el miércoles.
Finalmente, a las 5:58 p.m., la jueza Marquínez declaró el cierre de la sesión, anunciando que el juicio se reanudará este martes 13 de enero a partir de las 9:00 a.m. También comunicó que desde el mediodía del martes estarán disponibles los audios correspondientes a la validación de acuerdos de pena.
El juicio del caso Odebrecht, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en Panamá, contempla la presentación de unas 160 pruebas, más de 60 testigos y 12 asistencias judiciales para sustentar la acusación por blanqueo de capitales mediante sociedades fantasmas. El expediente consta de 2,973 tomos y recoge una investigación que se ha extendido por más de una década, tras varios intentos fallidos de suspender el proceso.