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Las inmediaciones de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Boleíta, al este de Caracas, se transformaron en un campamento improvisado donde familiares de presos políticos permanecen desde el anuncio de excarcelaciones realizado el 8 de enero de 2026 por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

La vigilia, liderada mayoritariamente por mujeres, se mantiene como protesta pacífica. Las familias duermen en carpas instaladas sobre la acera, pese a la falta de servicios básicos como agua potable, baños y electricidad, en demanda de información sobre el paradero y la liberación de sus allegados.

Los manifestantes denuncian que funcionarios policiales evitan confirmar quiénes permanecen detenidos en la sede —conocida también como Zona 7— y que, en ocasiones, se establece un cordón de seguridad que restringe el acceso y limita el contacto con los familiares.

Esperas prolongadas y promesas sin respuesta

Petra Vera, cuñada de Wilfran Perea, detenido en Maracaibo el 26 de noviembre de 2025, describió el agotamiento físico y emocional que atraviesan las familias desde que se prometieron las liberaciones. “Creen que uno quiere estar aquí pasando frío, calor y sin agua. Yo tengo 12 días esperando que liberen a mi cuñado”, relató.

Ante la presión de las madres —que entonaron el himno nacional y exigieron la libertad de sus hijos frente al calabozo—, un funcionario identificado como Jhon García solicitó el sábado 17 de enero una lista de 31 nombres para verificar detenciones. No obstante, aclaró que el proceso de excarcelación no depende de su jurisdicción. Hasta la noche del 19 de enero, las familias seguían sin respuesta oficial.

El grupo decidió mantener las carpas de forma indefinida como medida de presión. “Si recogíamos, el mensaje se perdía”, explicaron, al tiempo que agradecieron el apoyo comunitario para alimentación y uso de baños.

Un policía detenido y sin paradero conocido

Entre los casos denunciados está el de Dionny Francisco Quintero Torres, oficial jefe de la PNB adscrito al estado Carabobo, detenido el 19 de noviembre de 2025 por funcionarios de la propia institución. Su esposa, Sandra Rosales, aseguró que fue aprehendido en su lugar de trabajo y que su vivienda fue allanada sin orden judicial, con incautación de equipos electrónicos.

Desde entonces, Rosales desconoce el paradero, imputación o cargos contra su esposo. “Ni una llamada, ni una foto. Que me digan al menos dónde está”, reclamó tras visitar centros de detención como Maripérez, Zona 7 y La Quebradita. La incertidumbre, dijo, afecta directamente a sus tres hijos, de 12, 10 y 6 años.

Detenciones por publicaciones y traslados sin aviso

También permanece detenido Simón Chacón Osorio, estudiante de ingeniería de 28 años, recluido en Yare 3 tras publicar un meme en WhatsApp. Su madre, María Soledad Osorio Pinto, denunció que fue arrestado el 22 de septiembre de 2024 y acusado de terrorismo y traición a la patria. Asegura que no lo ve desde hace casi dos meses y que presenta deterioro de salud y una infección dental severa sin atención médica.

En el caso de Wilfran Perea, comerciantes de Maracaibo, su familia denunció que fue detenido por una comisión sin identificación y trasladado sin información clara. Abogados privados se negaron a asumir la defensa por temor a represalias, y hasta ahora no existe judicialización formal, según sus parientes.

Protestas también frente a El Helicoide

De forma paralela, familiares de militares detenidos por la operación Gedeón se concentraron desde la tarde del 19 de enero en las adyacencias de El Helicoide. Denuncian desapariciones forzadas y exigen fe de vida de sus allegados, algunos detenidos desde 2020 y presuntamente trasladados al Fuerte Guaicaipuro sin notificación.

Los familiares aseguraron que mantendrán las protestas tanto en Boleíta como en El Helicoide hasta obtener respuestas concretas y la ejecución efectiva de las órdenes de libertad anunciadas por las autoridades.

La denuncia pública de residentes del corregimiento de Punta Chame, en el distrito de Chame, encendió las alertas ambientales por la presunta extracción ilegal de arena en la zona costera. Tras la difusión de reportes en redes sociales, el Ministerio de Ambiente activó mecanismos de verificación y fiscalización que derivaron en la paralización inmediata de la actividad.

De acuerdo con los primeros hallazgos técnicos en campo, la arena estaba siendo removida para relleno de playa frente a un proyecto turístico en desarrollo, a lo largo de un tramo aproximado de 2.5 kilómetros lineales. En aplicación del principio precautorio, la entidad ambiental ordenó detener los trabajos para evitar daños mayores a playas, dunas y ecosistemas costeros, y abrió una investigación para verificar el cumplimiento de permisos, normativa vigente y herramientas de gestión ambiental.

El caso se inserta en una tendencia más amplia de erosión costera que afecta al litoral pacífico panameño. Un estudio de la Universidad Tecnológica de Panamá, con apoyo del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (Cemcit-AIP), estima que alrededor de 900 km de los 1,700 km de costa del Pacífico presentan signos claros de erosión.

La investigación —basada en análisis de la línea costera entre 2000 y 2020 mediante imágenes satelitales, drones y GPS diferencial— identificó erosión severa en puntos como Punta Chame, Darién, Chepo y Playa El Uverito. En contraste, zonas como Tocumen e Islas Cañas mostraron acumulación de sedimentos, lo que evidencia una dinámica costera heterogénea incluso dentro de la misma región.

Para las comunidades del litoral, la pérdida de playas y dunas —formaciones que actúan como barreras naturales— supone riesgos económicos y amenazas directas a viviendas y patrimonio. Frente a este escenario, Miambiente reiteró su compromiso con la protección de los recursos naturales, la atención oportuna a las denuncias ciudadanas y la transparencia institucional, asegurando que las actuaciones se desarrollarán conforme a la ley y en defensa del patrimonio ambiental del país.