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La detención de Nicolás Maduro durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas provocó un saldo de al menos 55 militares muertos, de acuerdo con informes oficiales divulgados por las autoridades de Venezuela y Cuba. Los reportes coinciden en que entre las víctimas hubo efectivos venezolanos y personal cubano asignado a tareas de apoyo y protección del poder político en el país sudamericano.

Según el Ministerio de Defensa de Venezuela, 23 integrantes de la Fuerza Armada Nacional fallecieron durante los ataques ejecutados el sábado contra instalaciones consideradas estratégicas. El parte oficial no incluyó información sobre posibles víctimas civiles ni precisó el alcance total de los daños materiales ocasionados por los bombardeos.

Horas después, el gobierno cubano confirmó la muerte de 32 de sus efectivos, pertenecientes tanto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias como al Ministerio del Interior, quienes se encontraban desplegados en Venezuela. De acuerdo con La Habana, los fallecidos —con edades entre los 26 y los 67 años— incluían dos coroneles y un teniente coronel, lo que subraya el nivel jerárquico del personal involucrado.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, reconoció que una parte de los cubanos muertos formaba parte del anillo de seguridad personal de Maduro, estructura que quedó desarticulada durante el asalto final. La operación, según fuentes oficiales, se inició con ataques aéreos y culminó con el ingreso de fuerzas especiales estadounidenses por vía helicoportada, que capturaron al mandatario y a su esposa, Cilia Flores.

Tras su traslado a Nueva York, Maduro y Flores comparecieron ante un tribunal federal y se declararon no culpables de los cargos que enfrentan, entre ellos narcotráfico. En Caracas, el poder fue asumido de inmediato por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien juró como jefa del Ejecutivo pocas horas después de la captura.

Desde Washington, el presidente Donald Trump afirmó estar dispuesto a trabajar con Rodríguez si su administración facilita el acceso de empresas estadounidenses a las reservas petroleras venezolanas. Al mismo tiempo, lanzó advertencias públicas sobre eventuales represalias en caso de incumplimiento de las condiciones planteadas por su gobierno.

La transición se ha producido en un contexto de continuidad institucional dentro del chavismo. Hasta ahora, Rodríguez no ha anunciado cambios en el gabinete y figuras clave como el ministro del Interior Diosdado Cabello y el propio Padrino López permanecen en sus cargos, lo que sugiere el respaldo de los sectores que mantienen el control de las fuerzas de seguridad.

Las primeras horas del nuevo escenario político estuvieron marcadas por denuncias de restricciones a la prensa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que al menos 14 periodistas y trabajadores de medios, en su mayoría de organizaciones internacionales, fueron detenidos mientras cubrían la juramentación de Rodríguez en el Parlamento. Otros dos comunicadores fueron arrestados cerca de la frontera con Colombia. Todos fueron liberados posteriormente.

Desde la oposición, María Corina Machado criticó el respaldo de Washington a Rodríguez y cuestionó su historial político. En declaraciones a Fox News, sostuvo que la dirigente chavista ha sido una figura central en prácticas de represión y corrupción, y advirtió sobre sus vínculos con potencias como Rusia, China e Irán.

Trump defendió nuevamente la operación militar, al describir a Maduro como un gobernante que recurrió de forma sistemática a la violencia y la tortura. En contraste, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió que el exmandatario venezolano reciba un juicio justo en Estados Unidos.

La Constitución venezolana establece que, ante la ausencia definitiva del presidente, deben convocarse elecciones en un plazo de 30 días. Machado afirmó que, bajo condiciones libres y verificables, la oposición obtendría una victoria contundente y se comprometió a desmontar las redes criminales, recuperar el sector energético y facilitar el retorno de millones de venezolanos que emigraron.

Más allá del desenlace judicial de Maduro, la operación estadounidense dejó al descubierto la participación directa de personal cubano en la estructura de seguridad del chavismo y abrió una etapa de transición marcada por la presión internacional, la incertidumbre política interna y el desafío inmediato de restablecer garantías democráticas y libertades fundamentales en Venezuela.

El presidente José Raúl Mulino, encabezó el lanzamiento oficial del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, al cumplirse 200 años de la histórica asamblea convocada en 1826 por el Libertador Simón Bolívar, considerada la primera expresión formal de un sistema multilateral en América.

Durante su intervención, el mandatario destacó que 2026 ha sido declarado el Año del Congreso Anfictiónico, con una agenda nacional de actividades diplomáticas, académicas, culturales y conmemorativas para resaltar su trascendencia histórica.

Mulino subrayó que el congreso impulsado por Bolívar buscaba la creación de una confederación de Estados recientemente independizados, una “nación de repúblicas”, con el objetivo de preservar la independencia frente a conflictos internos, el caudillismo y la dominación extranjera. A su juicio, dos siglos después América Latina enfrenta desafíos similares, marcados por la tensión entre democracia y autoritarismo, ante los cuales —dijo— Panamá no puede permanecer en silencio.

En ese contexto, el presidente reiteró su llamado a la unidad, la coordinación y el trabajo conjunto entre las naciones del continente para enfrentar los retos regionales, al tiempo que hizo referencia a la situación en Venezuela, señalando que la experiencia panameña demuestra que la salida a las crisis políticas pasa por el respeto a la democracia y la voluntad popular.

“El Congreso Anfictiónico nos dejó una enseñanza vigente: la soberanía pertenece a los pueblos, no a los gobiernos. Ese principio guía hoy nuestra política exterior”, afirmó Mulino, al reiterar que el mandato expresado por los ciudadanos en las urnas debe ser respetado.

El lanzamiento contó además con la presencia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, la magistrada María Cristina Chen Stanziola, y del presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, el diputado Jorge Herrera, así como del presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá y viceministro de Asuntos Multilaterales, Carlos Guevara Mann.

Por su parte, el canciller Javier Martínez-Acha destacó la necesidad de revitalizar el diálogo, la diplomacia y el multilateralismo en un escenario internacional marcado por conflictos y rivalidades. Señaló que Panamá ha recuperado un papel activo en los foros internacionales y vuelve a ser un actor con capacidad de propuestas en temas clave como comercio, sostenibilidad, democracia y gobernanza global.

Como parte de la conmemoración, Panamá acogerá en junio de 2026 reuniones de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC), coincidiendo con la fecha de instalación del Congreso de 1826. Además, el presidente Mulino convocará una reunión de jefes de Estado y de Gobierno para reafirmar los principios de unidad continental, democracia y cooperación multilateral.

Como parte de las obligaciones inherentes al ejercicio de la función pública, el presidente de la República, José Raúl Mulino, presentó este martes su Declaración Jurada de Intereses Particulares ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).

Junto al presidente, también presentaron su declaración el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, entre otros miembros del Gabinete.

Los documentos fueron recibido por la directora general de la institución, Sheyla Castillo de Arias. El trámite da cumplimiento a lo establecido en la Ley 316 de 2022, que regula los conflictos de intereses en la función pública.

La ANTAI es la entidad responsable de velar por el cumplimiento y la correcta aplicación de la Ley 316, que exige a los sujetos obligados presentar anualmente su Declaración Jurada de Intereses Particulares.