Israel dio un paso que marca un posible cambio en el equilibrio del conflicto en Medio Oriente. El ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó este martes la intención de su Gobierno de establecer control militar sobre todo el sur de Líbano hasta el río Litani, una franja que se extiende aproximadamente 30 kilómetros desde la frontera y que representa cerca del 10% del territorio libanés.
La zona en cuestión abarca unos 150 municipios y ha sido prácticamente despoblada en los últimos días, luego de órdenes de evacuación emitidas por Israel. Más de 200.000 personas han abandonado sus hogares. Desde Hezbolá, el diputado Hassan Fadlala advirtió que una ocupación de este tipo constituiría una “amenaza existencial” y aseguró que será enfrentada por la milicia.
El anuncio también abre interrogantes sobre el futuro de la misión de paz de Naciones Unidas desplegada en el área desde 1978. Este contingente, integrado por cerca de 10.000 efectivos de decenas de países —entre ellos 650 soldados españoles—, tiene su mandato vigente solo hasta finales de 2026, tras la decisión del Consejo de Seguridad de no renovarlo más allá de esa fecha. Esto podría dejar la zona sin supervisión internacional en medio de una eventual ocupación.
En el plano militar, Katz confirmó la destrucción de cinco puentes sobre el Litani, bajo el argumento de que eran utilizados por Hezbolá para el traslado de combatientes y armamento. Otros puentes permanecerán en pie, pero bajo control de las fuerzas israelíes. En los últimos días, la aviación israelí ha intensificado los ataques sobre infraestructuras clave —puentes y carreteras— con el objetivo de aislar completamente el sur del resto del país.
La situación contrasta con lo declarado en enero por el Ejército libanés, que aseguraba haber recuperado el control de esa región como parte del proceso de desarme de Hezbolá contemplado en el alto el fuego alcanzado tras el conflicto de 2024.
En paralelo, el Gobierno libanés ha dado señales de confrontación directa con la influencia iraní. Este mismo martes anunció la expulsión del embajador de Irán en Beirut, Mohamed Reza Sheybani, y días antes había prohibido las actividades de la Guardia Revolucionaria en su territorio. El primer ministro Nawaf Salam acusó a Teherán de arrastrar al país hacia la guerra.
Hezbolá reaccionó condenando la expulsión del diplomático iraní y acusando a las autoridades libanesas de acercar al país a una “tutela estadounidense-israelí”. Desde Israel, el ministro de Exteriores Gideon Saar respaldó la decisión, señalando que Irán ejerce control indirecto sobre Líbano a través de la milicia chií.
A pesar de estos movimientos internos en Líbano, el Gobierno de Benjamin Netanyahu mantiene su desconfianza hacia Beirut. Israel sostiene que las autoridades libanesas han sido incapaces de contener a Hezbolá y actúa bajo la premisa de que ni el Estado libanés ni la ONU pueden garantizar su seguridad.
Bajo ese argumento, Israel impulsa la creación de una “zona de seguridad” en territorio libanés, mediante desplazamientos forzosos y destrucción de viviendas e infraestructuras. Katz fue enfático: donde existan amenazas, no habrá población civil. Según explicó, las fuerzas israelíes ya operan en aldeas fronterizas para establecer una línea de defensa, señalando que muchas viviendas funcionan como posiciones operativas de Hezbolá.
La estrategia remite a precedentes históricos. Israel ya ocupó el sur de Líbano entre 1982 y 2000, un periodo marcado por episodios como la masacre de Sabra y Chatila, abusos en centros de detención y ataques a instalaciones de la ONU que dejaron un centenar de civiles muertos. Aquella ocupación terminó tras una fuerte presión interna en Israel, que llevó al entonces primer ministro Ehud Barak a retirar las tropas.
Desde entonces, la presencia israelí en territorio libanés había sido limitada y temporal. Sin embargo, tras el alto el fuego de 2024, Israel ha mantenido al menos cinco posiciones dentro de Líbano, en lo que ya constituía una violación del acuerdo.
El frágil equilibrio posterior a esa tregua nunca logró consolidarse. Israel ha denunciado —sin presentar pruebas concluyentes— un proceso de rearme de Hezbolá en la frontera, mientras Naciones Unidas ha contabilizado más de 10.000 violaciones al alto el fuego, en su mayoría atribuidas a acciones israelíes.
La actual ofensiva ha dejado un saldo de 1.072 muertos en Líbano, incluidos 121 niños y 42 paramédicos, además de casi 3.000 heridos. A pesar de ello, miles de personas permanecen en sus hogares, aisladas y bajo amenaza constante.
Israel ya había advertido que impedirá el retorno de civiles a la zona mientras considere que persiste el riesgo desde territorio libanés y que Hezbolá mantiene capacidad operativa.
En el plano político interno israelí, la idea de extender el control hasta el Litani cuenta con respaldo tanto en sectores militares, que la ven como una necesidad estratégica, como en corrientes nacionalistas. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, incluso propuso anexar formalmente esa franja y convertir el río en la nueva frontera norte de Israel.
En Líbano, el temor es que la actual escalada no sea un episodio aislado, sino el inicio de un nuevo ciclo de violencia, capaz de alimentar futuras insurgencias en una región marcada por décadas de conflicto.
