Manifestantes que participaron en las protestas recientes en Teherán relataron escenas de extrema violencia tras la represión de las autoridades. Varios dijeron haber visto hospitales colapsados, con heridos graves y “cuerpos amontonados”, después de que fuerzas de seguridad dispararan contra la multitud.
Personas entrevistadas por CNN, que pidieron mantener el anonimato por razones de seguridad, describieron grandes concentraciones de ciudadanos de todas las edades en las calles el jueves y viernes. Según su testimonio, la noche del viernes la situación empeoró cuando efectivos armados con rifles militares abrieron fuego y causaron numerosas muertes.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre como reclamos en los bazares de la capital por la fuerte inflación y, en pocos días, se extendieron a más de 100 ciudades del país, convirtiéndose en uno de los mayores desafíos al régimen iraní en años.
En medio de un apagón de internet, otros manifestantes contaron que intentaron ayudar a un hombre de unos 60 años con múltiples heridas de perdigones y un brazo roto. Aseguraron que buscar atención médica fue “caótico”, con hospitales desbordados y sin capacidad de respuesta.
Varios participantes coincidieron en que, antes de la represión, el ambiente era de esperanza y unidad. Sin embargo, esa sensación cambió tras un discurso televisado del líder supremo, Alí Jameneí, luego del cual —afirman— la violencia se intensificó.
Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio expresó apoyo al pueblo iraní, después de que el presidente Donald Trump reiterara una advertencia a Teherán en caso de que continuaran las muertes de manifestantes.
Por su parte, el ministro del Interior iraní reconoció “algunas deficiencias” en la respuesta del gobierno y prometió un “mejor futuro económico”. Testimonios adicionales recogidos por medios locales y organizaciones civiles describen el uso de balas, gases lacrimógenos y dispositivos eléctricos contra los manifestantes.
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, informó este martes que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que abordaron la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos bilaterales existentes entre ambos países.
A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump calificó la llamada como un “gran honor” y señaló que el mandatario colombiano se comunicó para explicar su posición sobre los temas en discusión. El presidente estadounidense destacó el tono de la conversación y expresó su aprecio por la iniciativa de Petro, así como su disposición a mantener un diálogo directo en el corto plazo.
Trump adelantó además que ya se están realizando gestiones diplomáticas para concretar un encuentro oficial entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Según indicó, dicha reunión se llevará a cabo en la Casa Blanca, en Washington, D.C.
El anuncio sugiere un intento de reencauzar la relación bilateral entre Washington y Bogotá, particularmente en temas sensibles como la lucha contra las drogas y otros asuntos de política exterior que han generado fricciones recientes entre ambos gobiernos.
La detención de Nicolás Maduro durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas provocó un saldo de al menos 55 militares muertos, de acuerdo con informes oficiales divulgados por las autoridades de Venezuela y Cuba. Los reportes coinciden en que entre las víctimas hubo efectivos venezolanos y personal cubano asignado a tareas de apoyo y protección del poder político en el país sudamericano.
Según el Ministerio de Defensa de Venezuela, 23 integrantes de la Fuerza Armada Nacional fallecieron durante los ataques ejecutados el sábado contra instalaciones consideradas estratégicas. El parte oficial no incluyó información sobre posibles víctimas civiles ni precisó el alcance total de los daños materiales ocasionados por los bombardeos.
Militares cubanos que murieron durante la captura de Nicolás Maduro
Horas después, el gobierno cubano confirmó la muerte de 32 de sus efectivos, pertenecientes tanto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias como al Ministerio del Interior, quienes se encontraban desplegados en Venezuela. De acuerdo con La Habana, los fallecidos —con edades entre los 26 y los 67 años— incluían dos coroneles y un teniente coronel, lo que subraya el nivel jerárquico del personal involucrado.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, reconoció que una parte de los cubanos muertos formaba parte del anillo de seguridad personal de Maduro, estructura que quedó desarticulada durante el asalto final. La operación, según fuentes oficiales, se inició con ataques aéreos y culminó con el ingreso de fuerzas especiales estadounidenses por vía helicoportada, que capturaron al mandatario y a su esposa, Cilia Flores.
Tras su traslado a Nueva York, Maduro y Flores comparecieron ante un tribunal federal y se declararon no culpables de los cargos que enfrentan, entre ellos narcotráfico. En Caracas, el poder fue asumido de inmediato por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien juró como jefa del Ejecutivo pocas horas después de la captura.
Desde Washington, el presidente Donald Trump afirmó estar dispuesto a trabajar con Rodríguez si su administración facilita el acceso de empresas estadounidenses a las reservas petroleras venezolanas. Al mismo tiempo, lanzó advertencias públicas sobre eventuales represalias en caso de incumplimiento de las condiciones planteadas por su gobierno.
La transición se ha producido en un contexto de continuidad institucional dentro del chavismo. Hasta ahora, Rodríguez no ha anunciado cambios en el gabinete y figuras clave como el ministro del Interior Diosdado Cabello y el propio Padrino López permanecen en sus cargos, lo que sugiere el respaldo de los sectores que mantienen el control de las fuerzas de seguridad.
Las primeras horas del nuevo escenario político estuvieron marcadas por denuncias de restricciones a la prensa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que al menos 14 periodistas y trabajadores de medios, en su mayoría de organizaciones internacionales, fueron detenidos mientras cubrían la juramentación de Rodríguez en el Parlamento. Otros dos comunicadores fueron arrestados cerca de la frontera con Colombia. Todos fueron liberados posteriormente.
Desde la oposición, María Corina Machado criticó el respaldo de Washington a Rodríguez y cuestionó su historial político. En declaraciones a Fox News, sostuvo que la dirigente chavista ha sido una figura central en prácticas de represión y corrupción, y advirtió sobre sus vínculos con potencias como Rusia, China e Irán.
Trump defendió nuevamente la operación militar, al describir a Maduro como un gobernante que recurrió de forma sistemática a la violencia y la tortura. En contraste, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió que el exmandatario venezolano reciba un juicio justo en Estados Unidos.
La Constitución venezolana establece que, ante la ausencia definitiva del presidente, deben convocarse elecciones en un plazo de 30 días. Machado afirmó que, bajo condiciones libres y verificables, la oposición obtendría una victoria contundente y se comprometió a desmontar las redes criminales, recuperar el sector energético y facilitar el retorno de millones de venezolanos que emigraron.
Más allá del desenlace judicial de Maduro, la operación estadounidense dejó al descubierto la participación directa de personal cubano en la estructura de seguridad del chavismo y abrió una etapa de transición marcada por la presión internacional, la incertidumbre política interna y el desafío inmediato de restablecer garantías democráticas y libertades fundamentales en Venezuela.
El presidente José Raúl Mulino, encabezó el lanzamiento oficial del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, al cumplirse 200 años de la histórica asamblea convocada en 1826 por el Libertador Simón Bolívar, considerada la primera expresión formal de un sistema multilateral en América.
Durante su intervención, el mandatario destacó que 2026 ha sido declarado el Año del Congreso Anfictiónico, con una agenda nacional de actividades diplomáticas, académicas, culturales y conmemorativas para resaltar su trascendencia histórica.
Mulino subrayó que el congreso impulsado por Bolívar buscaba la creación de una confederación de Estados recientemente independizados, una “nación de repúblicas”, con el objetivo de preservar la independencia frente a conflictos internos, el caudillismo y la dominación extranjera. A su juicio, dos siglos después América Latina enfrenta desafíos similares, marcados por la tensión entre democracia y autoritarismo, ante los cuales —dijo— Panamá no puede permanecer en silencio.
En ese contexto, el presidente reiteró su llamado a la unidad, la coordinación y el trabajo conjunto entre las naciones del continente para enfrentar los retos regionales, al tiempo que hizo referencia a la situación en Venezuela, señalando que la experiencia panameña demuestra que la salida a las crisis políticas pasa por el respeto a la democracia y la voluntad popular.
“El Congreso Anfictiónico nos dejó una enseñanza vigente: la soberanía pertenece a los pueblos, no a los gobiernos. Ese principio guía hoy nuestra política exterior”, afirmó Mulino, al reiterar que el mandato expresado por los ciudadanos en las urnas debe ser respetado.
El lanzamiento contó además con la presencia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, la magistrada María Cristina Chen Stanziola, y del presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, el diputado Jorge Herrera, así como del presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá y viceministro de Asuntos Multilaterales, Carlos Guevara Mann.
Por su parte, el canciller Javier Martínez-Acha destacó la necesidad de revitalizar el diálogo, la diplomacia y el multilateralismo en un escenario internacional marcado por conflictos y rivalidades. Señaló que Panamá ha recuperado un papel activo en los foros internacionales y vuelve a ser un actor con capacidad de propuestas en temas clave como comercio, sostenibilidad, democracia y gobernanza global.
Como parte de la conmemoración, Panamá acogerá en junio de 2026 reuniones de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC), coincidiendo con la fecha de instalación del Congreso de 1826. Además, el presidente Mulino convocará una reunión de jefes de Estado y de Gobierno para reafirmar los principios de unidad continental, democracia y cooperación multilateral.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos, como parte de un plan que, según afirmó, busca beneficiar tanto al pueblo venezolano como al estadounidense.
De acuerdo con el mandatario, el crudo —que describió como petróleo sancionado— será vendido a precio de mercado, y los recursos generados quedarán bajo su control directo como presidente, con el objetivo de garantizar un uso que favorezca a ambos países.
Trump señaló que ha instruido al secretario de Energía, Chris Wright, para que ejecute el plan de manera inmediata. Detalló que el petróleo será transportado en buques de almacenamiento y trasladado directamente a puertos de descarga en Estados Unidos.
El anuncio fue realizado a través de un mensaje público en el que el presidente no precisó el origen exacto del crudo ni los mecanismos legales o administrativos mediante los cuales se llevará a cabo la operación, aunque enfatizó que la medida forma parte de una estrategia bajo su dirección directa.
Hasta el momento, no se han divulgado reacciones oficiales por parte de las autoridades venezolanas ni detalles adicionales sobre el cronograma de ejecución de la operación.
Como parte de las obligaciones inherentes al ejercicio de la función pública, el presidente de la República, José Raúl Mulino, presentó este martes su Declaración Jurada de Intereses Particulares ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).
Junto al presidente, también presentaron su declaración el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, entre otros miembros del Gabinete.
Los documentos fueron recibido por la directora general de la institución, Sheyla Castillo de Arias. El trámite da cumplimiento a lo establecido en la Ley 316 de 2022, que regula los conflictos de intereses en la función pública.
La ANTAI es la entidad responsable de velar por el cumplimiento y la correcta aplicación de la Ley 316, que exige a los sujetos obligados presentar anualmente su Declaración Jurada de Intereses Particulares.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio marcha atrás en una de las acusaciones más sensibles contra Nicolás Maduro: la afirmación de que encabezaba una organización criminal formal conocida como el “Cartel de los Soles”, según informó el diario The New York Times.
En la acusación revisada, divulgada el sábado tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, los fiscales abandonaron la tesis de que el llamado Cartel de los Soles exista como una estructura criminal organizada. En su lugar, el documento señala que el término se refiere a un “sistema de patronazgo” y a una “cultura de corrupción” dentro de sectores civiles y militares de Venezuela, sostenida por recursos provenientes del narcotráfico.
La acusación original, presentada en 2020, mencionaba en al menos 32 ocasiones al Cartel de los Soles y describía a Maduro como su líder. La versión actual, en contraste, solo lo menciona dos veces y sostiene que tanto Maduro como su antecesor, Hugo Chávez, participaron en la protección y perpetuación de ese sistema de corrupción, sin atribuirle la existencia de una organización criminal jerárquica.
De acuerdo con especialistas en crimen y narcotráfico en América Latina, el término “Cartel de los Soles” surgió en la década de 1990 como una expresión coloquial utilizada por la prensa venezolana para aludir a oficiales de alto rango presuntamente vinculados al tráfico de drogas, en referencia a los soles que distinguen a los generales en sus uniformes. Aun así, en julio de 2025 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designó como organización terrorista, una medida replicada meses después por el Departamento de Estado por orden del entonces secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio.
La corrección introducida en la nueva acusación pone en entredicho la solidez de esas designaciones. Ninguno de los principales informes internacionales sobre narcotráfico —incluidos los elaborados por la Drug Enforcement Administration y la United Nations Office on Drugs and Crime— ha identificado al Cartel de los Soles como una organización criminal real.
Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina del International Crisis Group, afirmó que la acusación revisada “se ajusta mucho más a la realidad” y sugirió que las autoridades estadounidenses sabían que no podían demostrar en tribunales la existencia del cartel como entidad formal.
Pese a ello, Rubio volvió a referirse públicamente al Cartel de los Soles como un cartel operativo en una entrevista televisiva el domingo, reiterando que Estados Unidos se reserva el derecho de actuar contra organizaciones transnacionales vinculadas al narcotráfico.
La acusación actualizada mantiene los cargos por conspiración para el tráfico de drogas contra Maduro, pero también ha generado cuestionamientos al incluir como presunto co-conspirador al líder de la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Analistas advierten que la relación expuesta es tenue y responde más a la retórica política que a pruebas sólidas, subrayando que ese grupo no controla grandes cargamentos de cocaína a escala internacional.
La dirigente opositora María Corina Machado afirmó que su regreso a Venezuela es inminente y expresó su reconocimiento al presidente estadounidense Donald Trump por las acciones que, según dijo, desembocaron en la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos.
En una entrevista concedida al presentador Sean Hannity en la cadena Fox News, Machado calificó de “valientes” las decisiones adoptadas por Washington y aclaró que, pese a su agradecimiento público, no ha mantenido conversaciones directas con Trump desde la captura del exmandatario venezolano.
La líder opositora recordó además que en octubre dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado y relató que tuvo que abandonar Venezuela de forma clandestina para viajar a Oslo a recibir el galardón, aunque llegó fuera de tiempo para la ceremonia oficial.
De cara al futuro, Machado delineó un programa de gobierno orientado a reposicionar a Venezuela como un polo energético para el continente, restablecer el Estado de derecho como garantía para la inversión extranjera y facilitar el retorno de millones de venezolanos que, aseguró, emigraron durante los años de Maduro en el poder. También sostuvo que, en unas elecciones “libres y justas”, su movimiento obtendría más del 90 % de los votos.
No obstante, sus aspiraciones enfrentan reservas desde la propia Casa Blanca. Trump declaró durante el fin de semana que no respalda a Machado, al considerar que no cuenta con el apoyo interno suficiente para liderar el país, una postura que introduce incertidumbre sobre el escenario político posterior a la captura de Maduro.
El exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables este lunes de los cargos federales que les imputan las autoridades de Estados Unidos, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros delitos relacionados. La audiencia se celebró en un tribunal federal de Manhattan, apenas dos días después de que ambos fueran capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense.
Ante el juez Alvin K. Hellerstein, Maduro se identificó como “presidente de Venezuela” y aseguró haber sido “secuestrado”. “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”, afirmó por medio de un intérprete cuando se le pidió declarar su postura frente a las acusaciones. “Sigo siendo el presidente de mi país”, agregó.
Flores, quien compareció con una camisa azul marino de manga corta sobre un uniforme penitenciario naranja, declaró: “No culpable, completamente inocente”.
La comparecencia inicial —conocida como arraignment— marca el inicio formal del proceso penal, aunque fuentes judiciales advierten que el juicio podría tardar más de un año en celebrarse. El caso se produce tras una campaña de meses impulsada por la administración del presidente Donald Trump para desplazar a Maduro del poder.
Reacciones en Venezuela
Horas antes, durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas, Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario y también mencionado en la acusación, pronunció un discurso desafiante. Sostuvo que su padre y su “segunda madre” fueron “secuestrados” por Estados Unidos y advirtió sobre una “regresión peligrosa” hacia el imperialismo. Llamó, además, a la solidaridad internacional con su familia y con Venezuela.
Mensajes contradictorios desde Washington
En paralelo, la dirigente venezolana Delcy Rodríguez, considerada parte del círculo cercano de Maduro, expresó el domingo por la noche disposición a trabajar con Estados Unidos en una “agenda cooperativa”. Sin embargo, el presidente Trump reiteró que su gobierno estaba “a cargo” de Venezuela, una afirmación que contrastó con declaraciones previas del secretario de Estado Marco Rubio, quien había sugerido que Washington buscaría forzar cooperación con un nuevo liderazgo en Caracas.
Trump también insinuó posibles acciones contra otros países, incluidos Colombia, México y el territorio semiautónomo danés de Groenlandia. Consultado sobre una eventual operación contra Colombia, respondió: “Me suena bien”.
Respuesta internacional
Las declaraciones generaron reacciones diversas. El presidente colombiano advirtió que cualquier intento de detención provocaría una respuesta popular. La primera ministra de Dinamarca, aliado de la OTAN, instó a Trump a “detener las amenazas”. En contraste, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, restó importancia a los dichos y afirmó: “Es solo la forma de hablar del presidente Trump”.
Mientras el proceso judicial avanza en Nueva York, el caso continúa elevando la tensión diplomática y política en la región, con efectos aún inciertos tanto en Venezuela como en las relaciones de Estados Unidos con sus vecinos y aliados.
A pocas horas de su primera audiencia en Estados Unidos, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, formalizaron la estrategia legal con la que enfrentarán el proceso penal abierto en su contra ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
De acuerdo con los registros judiciales, Maduro será representado por Barry J. Pollack, abogado penalista con base en Washington D.C. y una trayectoria de más de tres décadas en litigios complejos. Pollack, socio de la firma Harris St. Laurent & Wechsler LLP, es conocido por haber asumido defensas de alto perfil, entre ellas la del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, cuya negociación judicial derivó en su liberación en 2024. En su carrera también figuran absoluciones y la revocatoria de condenas de larga data en casos de gran impacto mediático.
Flores, por su parte, optó por Mark E. Donnelly, abogado litigante radicado en Houston y socio de Parker Sanchez & Donnelly PLLC. Donnelly cuenta con experiencia tanto en la acusación como en la defensa: fue fiscal durante ocho años en el condado de Harris, y posteriormente se desempeñó más de una década como asesor senior del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde supervisó investigaciones de fraude, corrupción pública y delitos financieros. En 2023 integró el equipo legal que participó en el proceso de destitución del fiscal general de Texas, Ken Paxton.
Según las autoridades estadounidenses, Maduro y Flores enfrentan cargos incluidos en una acusación complementaria desclasificada el pasado 3 de enero. Entre ellos figuran conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de armas y otros delitos relacionados.
Ambos fueron detenidos ese mismo día en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos y trasladados posteriormente a Nueva York. Fuentes cercanas al caso anticipan que la defensa podría centrar sus primeros movimientos en cuestionar la jurisdicción del tribunal y plantear eventuales alegatos de inmunidad soberana.
