Author: panamaendirecto

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia luego de una votación unánime, declaró inconstitucional la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, junto con sus adendas y el acto de prórroga, normas que sustentaban el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panamá Ports Company, S.A.

La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria del tribunal celebrada este 29 de enero de 2026, luego de un proceso de deliberación y discusión en torno a dos demandas de inconstitucionalidad presentadas ante el Órgano Judicial.

Según informó la Corte en un comunicado oficial, ambas demandas estaban dirigidas contra el marco legal que regulaba la concesión para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de contenedores, carga general, Ro-Ro, pasajeros y carga a granel en los puertos de Balboa y Cristóbal.

El máximo tribunal señaló que el fallo responde a su obligación constitucional de ejercer el control de la legalidad de las leyes y actos del Estado, en su rol como garante del orden constitucional.

El alcance práctico de la decisión y sus efectos sobre el contrato de concesión deberán definirse una vez se notifique formalmente el contenido íntegro del fallo y se determinen las acciones administrativas y legales correspondientes.

La audiencia del caso Odebrecht avanzó con una extensa exposición técnica centrada en el análisis de flujos financieros asociados a empresas vinculadas al conglomerado, a partir del informe presentado por el perito Lim, cuyo objetivo principal fue reconstruir la ruta del dinero y establecer los beneficiarios finales de múltiples transferencias.

Desde las primeras intervenciones, el perito explicó que su trabajo consistió en identificar sociedades utilizadas como intermediarias para el movimiento de fondos, muchas de ellas registradas como empresas sin actividad comercial real. En ese contexto, mencionó a Dementeri, una compañía dedicada formalmente a la venta de arena, utilizada —según su análisis— como proveedor habitual de Odebrecht. En relación con esta empresa, detalló transferencias que habrían llegado a cuentas vinculadas a la familia del exministro Jimmy Papadimitriu, con ingresos que superaron los dos millones de dólares entre 2012 y 2013. Sin embargo, al afirmar que las sociedades eran directamente propiedad del exministro, la defensa objetó y la jueza Baloisa acogió la objeción.

El informe también incluyó a Wallace Holding, empresa asociada a la familia Papadimitriu Bagatela, que habría recibido más de 1.4 millones de dólares en varios pagos entre 2011 y 2013. En otro segmento de la exposición, el perito se refirió al exministro de Vivienda Carlos Dubois, señalando que una de sus empresas habría sido beneficiaria de fondos canalizados desde Odebrecht a través de una cuenta en el Banco General.

La fiscalía continuó el interrogatorio con el caso de Rodrigo Díaz, vinculado a la casa de valores Mundial de Valores, desde donde se manejaban dos estructuras de inversión: Logaro y Villa Loly. Ambas, según el perito, recibieron transferencias de empresas relacionadas con Odebrecht por montos que superaron el millón de dólares, siendo Díaz el beneficiario final en ambas operaciones.

Otro eje del informe giró en torno a Caribbean Holding Services, empresa registrada tanto en Panamá como en Antigua, que habría servido como punto de triangulación de fondos hacia cuentas vinculadas al expresidente Ricardo Martinelli y su empresa Importadora Ricamar. El perito afirmó que entre 2009 y años posteriores se movieron cerca de 1.5 millones de dólares, procedentes de sociedades relacionadas con Odebrecht, aunque varias defensas objetaron la inclusión de nombres de personas no presentes en la sala.

En su testimonio también aparecieron referencias a Financial Pacific, al empresario Freddy Barco Vera —quien habría recibido fondos derivados de sobrecostos de obras— y a Ramón Carretero, cuyas empresas habrían manejado más de dos millones de dólares provenientes de sociedades controladas por la constructora brasileña.

Concluido el interrogatorio directo de la fiscalía a las 10:20 a.m., se dio paso al contrainterrogatorio por parte de las defensas. En esta fase, los abogados cuestionaron la metodología del perito, la ausencia de libros contables, la falta de acceso a registros internos de las empresas investigadas y la inexistencia de cadena de custodia formal sobre la información utilizada. El propio perito reconoció que su análisis se basó en documentación suministrada por el Ministerio Público y en informes previos, sin haber revisado contabilidades completas ni registros accionarios.

Durante las preguntas de las defensas, se reiteró que muchas de las cuentas investigadas habían sido abiertas años antes del inicio de la investigación, que varias transferencias no fueron calificadas como sospechosas por el propio perito y que no se estableció de forma concluyente la relación directa entre algunos de los acusados y los fondos analizados.

La audiencia se reanudó en la tarde con nuevas intervenciones de abogados defensores, quienes insistieron en que el informe pericial no logró probar vínculos claros entre determinadas personas y las operaciones financieras descritas. En varios casos, la jueza solicitó reformular preguntas por considerarlas confusas o repetitivas, mientras el perito reiteró que su rol se limitó a describir movimientos bancarios y no a establecer responsabilidades penales.

El cierre de la jornada dejó en evidencia un punto central de tensión: mientras la fiscalía sostuvo que existía un patrón sistemático de triangulación de fondos provenientes de Odebrecht, las defensas argumentaron que el informe carecía de sustento probatorio suficiente para atribuir participación directa a sus representados.

El ex vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, fue imputado por el delito de enriquecimiento injustificado y permanecerá bajo detención domiciliaria, luego de una audiencia de garantías celebrada este miércoles en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) del Primer Distrito Judicial.

La decisión fue adoptada por la jueza de garantías Oris Medina, quien además impuso al exmandatario la prohibición de salida del país, tras considerar que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal y que concurren riesgos procesales asociados a la gravedad del hecho investigado.

Carrizo compareció ante el tribunal horas después de haber sido aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando ingresaba al país procedente de Guatemala. El exvicepresidente llegó a la sede judicial escoltado por unidades especiales de la Policía Nacional.

Durante la diligencia, el Ministerio Público formalizó la imputación a través de las fiscales anticorrupción Adela Cedeño y Patricia Herrera, mientras que la defensa estuvo a cargo de los abogados Roberto Moreno, Pedro Meilán y Leonardo Paul Aparicio.

Tanto la Fiscalía como la defensa anunciaron recursos de apelación contra la medida cautelar impuesta. La audiencia para resolver dichas impugnaciones fue fijada para el jueves 12 de febrero, a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones.

En el desarrollo de la audiencia, la defensa planteó un incidente de inconstitucionalidad, argumentando que Carrizo habría adquirido la condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que, a su juicio, modificaría la competencia del proceso y trasladaría el caso a la Corte Suprema de Justicia. Este planteamiento provocó un receso de aproximadamente hora y media mientras el tribunal evaluaba la solicitud.

El abogado Víctor Orobio, quien también integra la defensa, sostuvo que los señalamientos por un supuesto enriquecimiento de 1.9 millones de dólares carecen de sustento y que el expediente penal abierto en su contra es reciente. Carrizo, por su parte, aseguró que regresó voluntariamente al país para enfrentar el proceso.

La causa penal tiene su origen en un informe emitido por la Contraloría General de la República, que en octubre de 2025 ordenó el secuestro administrativo de cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles vinculados al exvicepresidente, por un monto estimado de hasta 1.3 millones de dólares.

Según la Resolución N.º 3757-2025-LEG/PJ, firmada por el contralor Anel Flores, las medidas incluyeron cuentas en el Banco Nacional de Panamá, Banco General, Multibank y Banco Prival, así como vehículos y posibles créditos a favor de Carrizo. El documento también dejó abierta la posibilidad de ampliar el secuestro a otros activos financieros que pudieran estar relacionados.

Con base en esa investigación administrativa, la Contraloría presentó una denuncia ante el Ministerio Público, señalando un presunto enriquecimiento no justificado por un total de 1.9 millones de dólares, lo que dio inicio al actual proceso penal.

Panamá aprovechó el escenario del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe para proyectarse como un actor de articulación regional, tanto en el plano político como en el económico, en medio de un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, reconfiguración de alianzas y presiones sobre las finanzas públicas.

En la jornada inaugural, el presidente José Raúl Mulino sostuvo que la región enfrenta el desafío de dejar atrás las respuestas fragmentadas y avanzar hacia una lógica de mayor coordinación entre países, con el objetivo de ganar peso colectivo frente a los grandes centros de poder mundial. En ese marco, subrayó que Panamá, por su historia y por su posición estratégica, está llamada a desempeñar un papel de facilitador en los procesos de integración latinoamericana.

El mandatario destacó como hitos recientes la incorporación de Panamá al Mercosur, el fortalecimiento de los vínculos bilaterales con Colombia —particularmente en materia energética, de seguridad y migración— y la normalización de relaciones comerciales con Ecuador. También valoró la salida del país de listados internacionales que, a su juicio, afectaban injustamente su imagen financiera, y reiteró que el Canal debe entenderse como una plataforma regional al servicio del comercio global.

El componente económico del foro estuvo marcado por el balance fiscal presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien aseguró que Panamá cerró 2025 con un déficit del sector público no financiero inferior al 4% del PIB, cifra que estaría por debajo de la meta trazada por el propio Gobierno. Según explicó, este resultado responde a un esquema de ajuste que prioriza el control del gasto y una mejora sostenida en la recaudación, tras el fuerte incremento de la deuda en los últimos años.

Chapman recordó que la deuda pública creció de manera significativa entre 2019 y 2024, superando los 53 mil millones de dólares, lo que obligó a replantear la política fiscal para evitar un deterioro mayor de la sostenibilidad financiera. En ese contexto, señaló que el cumplimiento —e incluso la superación— de las metas de déficit envía una señal positiva a los mercados y a las agencias calificadoras, en un momento clave para la confianza del país.

De cara a 2026, el ministro adelantó que el Ejecutivo apunta a alcanzar un superávit primario por primera vez en casi década y media, como parte de una estrategia de consolidación gradual orientada a estabilizar la deuda y recuperar márgenes de maniobra fiscal. A su juicio, más allá de los indicadores macroeconómicos, el foro debe traducirse en inversiones, generación de empleo y mejoras concretas en la calidad de vida de la población.

La sesión dedicada a estabilidad macroeconómica reunió además a autoridades financieras de Ecuador, Jamaica y El Salvador, con la moderación del exministro chileno Felipe Larraín, en un intercambio que reflejó las preocupaciones compartidas de la región frente a la deuda, el crecimiento y la necesidad de fortalecer la credibilidad fiscal en un entorno internacional cada vez más exigente.

La esclusa de Cocolí del Canal de Panamá fue este martes el escenario de un encuentro simbólico entre varios jefes de Estado de América Latina y el Caribe, en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por CAF.

Bajo el liderazgo del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, participaron en la reunión los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Jamaica, Andrew Holness; Colombia, Gustavo Petro; Guatemala, Bernardo Arévalo; Bolivia, Rodrigo Paz; Chile, José Antonio Kast; y Ecuador, Daniel Noboa.

La fotografía, realizada en uno de los puntos más emblemáticos de la infraestructura panameña, fue presentado como una señal de unidad regional, respeto mutuo y visión compartida frente a los desafíos políticos, económicos y sociales del continente. La imagen conjunta en las esclusas, donde convergen rutas comerciales globales, buscó reforzar el papel de Panamá como puente natural entre América Latina y el Caribe.

Desde el Canal, los líderes destacaron la importancia del diálogo y la cooperación como herramientas clave para fortalecer la integración regional y promover soluciones conjuntas en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y transformaciones económicas.

A este gesto se refirió también el profesor Edwin Cabrera en redes sociales, al señalar que la fotografía oficial de los presidentes en Cocolí constituye “un mensaje político”, al tratarse de un espacio que —según comentó— funcionarios de Estados Unidos no han visitado en esta ocasión, subrayando el valor simbólico del lugar elegido para el encuentro.

Ciudad de Panamá se convierte desde hoy en el epicentro del debate económico y político de la región con la celebración del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– y que se desarrollará entre este martes 28 y mañana miércoles 29 de enero en la capital panameña.

El encuentro reúne a jefes de Estado, ministros de Finanzas, líderes empresariales, representantes de organismos multilaterales, académicos y referentes del sector privado, en un espacio de alto nivel diseñado para analizar los principales desafíos económicos, sociales y geopolíticos que enfrenta la región, así como para construir consensos y propuestas orientadas al crecimiento sostenible, la inclusión y la competitividad.

Apertura con presidentes y líderes internacionales

La agenda del primer día inicia a las 7:00 a.m. con el registro de participantes y la intervención inaugural de Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
A partir de las 8:45 a.m., el foro entra en uno de sus momentos centrales con la sesión de jefes de Estado y de Gobierno, encabezada por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, junto a Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro, Daniel Noboa, Bernardo Arévalo, el primer ministro de Jamaica Andrew Holness, y el presidente electo de Chile José Antonio Kast, entre otros.

La mañana continúa con intervenciones de alto perfil, entre ellas la del presidente ejecutivo de Copa Holdings, Pedro Heilbron, y la del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi.

Estabilidad, crecimiento y confianza

Uno de los ejes transversales del foro es el Panorama Económico de América Latina y el Caribe, que se aborda en dos sesiones plenarias consecutivas.
La primera se enfoca en estabilidad macroeconómica, deuda y espacio fiscal, con la participación de ministros de Economía y Finanzas de la región y la moderación del exministro chileno Felipe Larraín.
La segunda profundiza en la agenda de crecimiento, analizando inversión, productividad y transformación productiva como motores para acelerar el desarrollo sostenible.

Antes del receso del mediodía, la secretaria general de la UNCTAD, Rebeca Grynspan, ofrece una intervención centrada en comercio y desarrollo.

Nobel de Economía y geopolítica global

En la jornada vespertina, destaca la ponencia magistral del Premio Nobel de Economía 2024, James Robinson, quien aborda el vínculo entre instituciones, desarrollo y desigualdad.
El día continúa con paneles dedicados a la relación estratégica entre América Latina, el Caribe y Europa, el futuro del comercio internacional, la diplomacia en un mundo fragmentado y las alianzas para el desarrollo democrático e inclusivo.

Segundo día: finanzas, energía, digitalización y desarrollo social

El miércoles 29 de enero, el foro se despliega en varias salas temáticas. En la Sala Azul, se discute el rol de Panamá como puerta de entrada a las Américas, el papel de la banca de desarrollo en la estructuración de inversiones, la transición energética y la filantropía orientada a resultados.
La Sala Verde concentra debates sobre transformación digital, economía azul, expansión regional del sector privado, vivienda social y cooperación Sur–Sur entre América Latina y África.
En paralelo, la Sala LAC Inspira aborda temas como deporte e inclusión, infraestructura de transporte, oportunidades económicas para el Caribe y nuevas agendas de crecimiento nacional.
Finalmente, la Sala LAC Futuro pone el foco en igualdad de género, minerales estratégicos, economía circular, democracia, seguridad y mercados ilegales, con la participación de organismos internacionales, gobiernos y expertos regionales.

Un espacio para el diálogo y la toma de decisiones

Con esta agenda, el Foro Económico Internacional de CAF busca consolidarse como una plataforma de diálogo estratégico y de construcción de soluciones concretas, en un contexto regional marcado por la desaceleración económica, las tensiones geopolíticas, la transición energética y los desafíos de gobernanza democrática.

La elección de Ciudad de Panamá como sede refuerza el papel del país como punto de encuentro regional y hub natural para el diálogo entre América Latina, el Caribe y el mundo.

Panamá comenzó a recibir este martes a los jefes de Estado y de Gobierno que participarán en la segunda edición del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, una cita que reunirá este miércoles a seis presidentes, un primer ministro y un mandatario electo para debatir el rumbo económico y político de la región.

Las llegadas oficiales se produjeron a lo largo de la tarde en distintos puntos del país. El primero en arribar fue el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aterrizó en el Aeropuerto Panamá Pacífico y fue recibido por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha. El mandatario brasileño participa como invitado de honor en el foro, organizado por CAF en conjunto con el Gobierno de Panamá.

En el mismo aeropuerto arribaron posteriormente el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quienes también fueron recibidos por el jefe de la diplomacia panameña.

De forma paralela, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen se registraron las llegadas del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y del primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, recibidos por el vicecanciller Carlos Hoyos. Para las próximas horas está previsto el arribo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y del presidente de Bolivia.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, ejercerá como anfitrión del encuentro y encabezará la plenaria principal, en la que también intervendrán sus homólogos de Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y Bolivia, junto al presidente electo de Chile y el primer ministro de Jamaica.

El foro congrega a delegaciones de más de 25 países y marca una presencia interregional amplia, con representantes de África —incluidos Sudáfrica y Egipto—, así como de Asia, Europa y Medio Oriente. Según destacó el canciller Martínez-Acha durante la recepción de las delegaciones, el encuentro se inscribe en la estrategia de Panamá de diversificar sus vínculos internacionales y fortalecer sus relaciones económicas en un contexto global de creciente complejidad.

La agenda incluye, además, la participación de exjefes de Estado como Iván Duque, Juan Manuel Santos, Laura Chinchilla, Eduardo Frei y el ex primer ministro italiano Enrico Letta, quienes intervendrán como expositores en distintos paneles.

También se prevé la presencia de representantes de organismos multilaterales y regionales, entre ellos Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en un foro que busca posicionarse como un espacio de diálogo estratégico sobre los desafíos y oportunidades de la región.

La situación legal del exvicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén entra este miércoles en una nueva fase al enfrentar una primera audiencia en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

Carrizo fue detenido a su llegada al país, luego de regresar desde Guatemala, donde buscaba concretar su juramentación como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). El exvicepresidente arribó en el primer vuelo disponible y quedó bajo custodia de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía Anticorrupción.

A su llegada, Carrizo afirmó que optó por retornar voluntariamente para enfrentar el proceso. “Decidí venir a Panamá y dar la cara. Soy inocente y esto es una persecución política”, manifestó ante medios de comunicación.

El intento de juramentación en el Parlacen no llegó a materializarse. Ese acto era clave, ya que de haberse concretado le habría permitido adquirir la investidura parlamentaria y, con ella, las prerrogativas asociadas al cargo, incluida la inmunidad. En ese escenario, cualquier investigación penal habría debido tramitarse mediante un procedimiento especial ante la Corte Suprema de Justicia, y no en la jurisdicción penal ordinaria.

Según su equipo legal, Carrizo decidió regresar al país luego de conocer, a través de informaciones públicas, que existía una orden de aprehensión en su contra. Su abogado Víctor Orobio aseguró que el exvicepresidente renunció a un derecho constitucional para someterse al proceso judicial. “No tiene nada que ocultar y por eso vuelve al país”, sostuvo.

La orden de aprehensión fue emitida el 26 de enero de 2026 por la Fiscalía Anticorrupción, mediante un oficio firmado por la fiscal superior Adela Cedeño, dentro de una investigación por delitos contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

La defensa cuestiona tanto la legalidad como la necesidad de la medida. Orobio calificó la aprehensión como desproporcionada y afirmó que su cliente no representaba riesgo de fuga ni obstaculización del proceso. Además, denunció la apertura de una nueva carpeta de investigación en reserva, sin notificación previa a la defensa, pese a que —según indicó— existen otras investigaciones activas sobre los mismos hechos en las que ya se habían presentado pruebas.

En la misma línea, el abogado Adecio Mojica señaló que se trata de múltiples investigaciones por un supuesto hecho único y recordó que se han realizado verificaciones patrimoniales en diversas entidades bancarias del país.

De manera paralela al proceso penal, la Contraloría General de la República ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias de Carrizo por un monto superior a 1.3 millones de dólares, como parte de una auditoría patrimonial. La institución informó que se trata de un trámite administrativo y que el expediente es confidencial.

La defensa sostiene que un señalamiento inicial cercano a los tres millones de dólares fue sustentado con documentación contable y peritajes financieros, y cuestiona que esas justificaciones no se reflejen en los informes oficiales.

Antes de su aprehensión, Carrizo presentó un recurso de amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia para frenar las medidas administrativas de la Contraloría, al considerar que vulneran derechos fundamentales.

La audiencia programada para este miércoles definirá los próximos pasos del proceso, mientras el equipo legal anunció que solicitará que la aprehensión sea declarada ilegal.

La audiencia celebrada este martes 27 de enero estuvo marcada por la declaración de testigos, objeciones de las defensas y dificultades para la comparecencia de varios convocados, en el proceso judicial relacionado con presuntas irregularidades en el financiamiento de campañas políticas.

Al inicio de la sesión, el tribunal verificó la presencia de las partes procesales y dejó constancia de la inasistencia de algunos testigos propuestos por el Ministerio Público, debido a que son ciudadanos brasileños y existe una decisión adoptada por su país que impide su comparecencia. También se informó que uno de los imputados no pudo asistir por motivos de salud y por encontrarse fuera de Venezuela.

Declaración de Yara Campos

La audiencia avanzó con el testimonio de Yara Campos, presentada tanto por la Fiscalía como por la defensa de Carlos Dubois. Tras ser juramentada, Campos explicó que fue requerida en 2020 para rendir declaración sobre donaciones de campaña y detalló su trayectoria de más de tres décadas en el Tribunal Electoral, donde actualmente se desempeña como directora ejecutiva.

Durante su exposición, la testigo explicó la evolución de la normativa sobre financiamiento político. Señaló que entre 2004 y 2009 las donaciones debían registrarse ante el Tribunal Electoral y estaban protegidas por un régimen de confidencialidad, el cual solo podía levantarse en caso de investigación penal. Indicó que en 2012 se establecieron prohibiciones expresas, como la recepción de donaciones anónimas, de origen extranjero o provenientes de fundaciones foráneas, así como aportes de empresas vinculadas al Estado.

Campos añadió que estas reglas fueron modificadas en 2019, cuando se eliminó el velo de confidencialidad, se estableció la obligación de publicar las donaciones en la página web del Tribunal Electoral y se introdujeron los topes de gasto de campaña, con el objetivo de fortalecer la transparencia.

Interrogatorios y objeciones

El interrogatorio del Ministerio Público se centró en identificar a los responsables de reportar las donaciones de campaña ante el Tribunal Electoral. Varias preguntas fueron objetadas por la defensa por considerarlas repetitivas, objeciones que en algunos casos fueron acogidas por la jueza.

Durante el contrainterrogatorio, la defensa de Carlos Dubois solicitó a la testigo reconocer una declaración rendida en 2020, lo cual fue confirmado por Campos tras revisar el expediente. La testigo aseguró no tener conocimiento de sanciones penales contra Dubois relacionadas con donaciones de campaña.

Ante una pregunta que hacía referencia a una persona no imputada en el proceso, la jueza intervino para recordar que solo debían mencionarse los nombres de quienes están siendo juzgados en esta causa.

Financiamiento entre 2009 y 2014

La defensa de otro de los procesados abordó el esquema de financiamiento vigente entre 2009 y 2014, buscando establecer si las restricciones aplicaban a campañas específicas o a los partidos políticos. Campos indicó que las donaciones privadas podían realizarse en distintos momentos, bajo determinadas regulaciones, y que no existían límites de gasto para los partidos políticos durante ese período.

Añadió que las sanciones previstas por incumplimientos a la normativa electoral eran de carácter pecuniario y que, a nivel del Tribunal Electoral, no se registraron triangulaciones ni sanciones vinculadas a los procesados durante esos años.

Donaciones privadas y confidencialidad

En el contrainterrogatorio, la abogada Alma Cortés centró sus preguntas en el régimen de confidencialidad vigente entre 2009 y 2014 y en quiénes tenían la facultad de levantar ese velo. También consultó sobre la posibilidad de recibir donaciones de empresas constructoras y de familiares de candidatos. La testigo reiteró que, aunque la norma no establecía sanciones penales, sí prohibía que familiares recibieran dinero para campañas.

El abogado querellante realizó preguntas consideradas reiterativas, sin que se introdujeran nuevos elementos relevantes al debate.

Dificultades para ubicar testigos

Durante la audiencia, varios abogados informaron sobre la imposibilidad de localizar a testigos propuestos por las defensas, algunos de los cuales se encuentran en el extranjero. En otros casos, se solicitó el apoyo del Ministerio Público para lograr su comparecencia. La jueza indicó que se esperará la citación formal para resolver estas situaciones.

Testigo protegido

La sesión continuó con la declaración de un testigo protegido, cuya identidad visual fue resguardada por orden judicial. El testigo relató la constitución de una sociedad en Belice y la apertura de cuentas bancarias, incluida una en Andorra. Indicó que firmó diversos documentos a solicitud de un intermediario y que, aunque se mencionó un contrato por 12 millones de dólares, nunca se le precisó el monto real de los fondos manejados.

El testigo reconoció haber viajado en varias ocasiones a Andorra, pero mostró imprecisiones sobre la estructura interna de las sociedades involucradas y la conformación de sus juntas directivas.

Próximas diligencias

Al cierre de la audiencia, la jueza fijó para el 28 de enero a las 8:30 de la mañana, la práctica de un nuevo testimonio solicitado por una de las defensas. Además, indicó que el tribunal gestionará la comparecencia de otros testigos cuya ubicación ha resultado infructuosa. El Ministerio Público advirtió que, de no lograrse ubicar a uno de ellos, se recurrirá a un testigo alterno previamente anunciado.

El Ministerio Público activó una nueva fase en las investigaciones que involucran al exvicepresidente de la República, José Gabriel “Gaby” Carrizo, al solicitar formalmente su aprehensión con fines de conducción dentro de un proceso por presunto enriquecimiento injustificado.

La solicitud fue emitida por la fiscal superior anticorrupción, Adela Cedeño, y comunicada a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional el lunes 26 de enero, aunque la resolución que la sustenta fue adoptada el viernes 23.
De forma paralela, la Fiscalía notificó al Servicio Nacional de Migración como medida preventiva ante una eventual salida del país. No obstante, tras hacerse pública la orden, el exvicepresidente reaccionó en sus redes sociales, donde aseguró que se encontraba fuera del territorio nacional y aseguró que regresará a enfrentar la justicia.

Carrizo, quien fue el abanderado presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las elecciones generales de 2024, se encuentra bajo investigación de las autoridades desde que concluyó su mandato como vicepresidente. En octubre del año pasado, la Contraloría General de la República ordenó el secuestro de cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados al exfuncionario, por un monto estimado de hasta 1.3 millones de dólares, como parte de un proceso administrativo previo.

Ante esa medida, el exvicepresidente recurrió a un amparo de garantías constitucionales presentado ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando su disposición a comparecer ante las instancias correspondientes y defendiendo la transparencia de su actuación pública.

Carrizo ha buscado incorporarse al Parlamento Centroamericano, alegando el derecho que le asiste como vicepresidente saliente. Sin embargo, hasta la fecha, el organismo regional no ha procedido a juramentarlo, ni a él ni al expresidente Laurentino Cortizo. De concretarse esa juramentación, la competencia para investigarlo pasaría de la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia, conforme al marco constitucional.