El juicio por los sobornos de Odebrecht avanzó este viernes 27 de febrero de 2026 hacia su etapa final de alegatos, con la participación de varios abogados defensores, entre ellos el representante legal del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
La audiencia se desarrolló ante la jueza Baloisa Marquínez, luego de que la Fiscalía Especial Anticorrupción solicitara condena para 16 personas y la absolución de 5 acusados por el delito de blanqueo de capitales.
Defensa de Martinelli insiste en nulidad
La jornada comenzó con la intervención de Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, quien reiteró que a su cliente se le ha vulnerado el principio de especialidad contemplado en el tratado bilateral de extradición entre Panamá y Estados Unidos. Con base en ese argumento, pidió que se declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso relacionado con los sobornos que Odebrecht habría distribuido durante la administración 2009-2014.
Como sustento, Carrillo presentó una nota firmada por Fernando Gómez Arbeláez, director de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, fechada el 11 de julio de 2024, en la que se indica que en ese despacho no consta ninguna solicitud para levantar el principio de especialidad. Esa comunicación fue emitida 11 días después de la toma de posesión del presidente José Raúl Mulino y de la designación de Javier Martínez Acha como canciller, ambos identificados como cercanos a Martinelli.
No es la primera vez que la defensa plantea este argumento. Ya lo había hecho en la audiencia preliminar, pero la jueza Marquínez rechazó la solicitud, recordando que el tema fue decidido en 2022 y que esa determinación fue revisada por instancias superiores.
Desde Estados Unidos, país que extraditó a Martinelli en 2018, tanto la embajada como el Departamento de Estado han sostenido que el exmandatario perdió el beneficio del principio de especialidad cuando en 2019 se le levantaron medidas cautelares de impedimento de salida y viajó fuera del país.
Carrillo también cuestionó la idoneidad de Marquínez para juzgar a su cliente, señalando que está designada como jueza adjunta ad honorem. Además, objetó el uso de pruebas provenientes de Brasil, alegando que en 2024 el magistrado brasileño José Dias Toffoli anuló evidencias aportadas por delatores del caso Lava Jato. Esa decisión ha sido polémica en Brasil y ha sido invocada tanto por Martinelli como por el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), quien también figura como acusado, aunque su proceso deberá ventilarse ante la Corte Suprema de Justicia debido a su condición actual de parlamentario centroamericano.
Martinelli sigue las audiencias por Zoom desde Colombia, donde se encuentra asilado para evitar cumplir una condena de prisión por blanqueo de capitales en el caso conocido como “New Business”, relacionado con la compra de acciones de Epasa con fondos públicos.
Rodrigo Díaz plantea prescripción
Pedro Meilán, defensor de Rodrigo Díaz, presentó un incidente de prescripción de la acción penal. Argumentó que la pena máxima aplicable es de 12 años y que la última transacción vinculada a su cliente ocurrió en 2008, mientras que el llamamiento a juicio se produjo después de vencido el plazo legal.
Díaz fue uno de los principales ejecutivos de Mundial de Valores, firma que recibió fondos de la denominada Caja 2 de Odebrecht. Según el auto de llamamiento a juicio, los recursos fueron dirigidos a cuentas de inversión de Inversora Villa Loly y Logaro, S.A., ambas controladas por Díaz, por un total de 11.7 millones de dólares que, según la Fiscalía, provendrían de dinero ilícito.
Meilán sostuvo que los fondos correspondían al pago de un servicio prestado por Hugo Torrijos Richa (q.e.p.d.) a Odebrecht, cuando ninguno de los involucrados ejercía cargo público. Añadió que su cliente operaba un negocio de equipo pesado mediante la sociedad Río Fuente y que los recursos eran legítimos. También cuestionó el uso de pruebas enviadas desde Estados Unidos que, según afirmó, habrían sido anuladas.
Cambio de defensa de Navin Bhatka
Durante la audiencia se informó que Navin Bhatka cambió de representación legal. Aunque había sido defendido por Guillermina McDonald, el alegato final fue presentado por el exmagistrado Jerónimo Mejía, tras una sustitución formal del poder.
De acuerdo con la acusación, Bhatka habría integrado una estructura societaria empleada por los hermanos Martinelli Linares para adquirir un helicóptero matrícula N1626L. Se le señala como propietario de MTI Corporation, empresa que emitió un cheque por 814 mil dólares para la compra de un Eurocopter, operación completada con fondos de Aeon Group. La aeronave fue inscrita a nombre de Silver Wing Corporation, cuya totalidad de acciones pertenece a Importadora Ricamar.
Además, Bhatka es socio del expresidente y sus hijos en Corporación Energía del Istmo, empresa que utilizó fondos de la Caja 2 como garantía para un préstamo de 10 millones de dólares en Global Bank.
Mejía sostuvo que su cliente desarrollaba inversiones hidroeléctricas en los proyectos Las Cruces y San Bartolo, en Veraguas, y que una fusión con el proyecto La Laguna —vinculado al grupo Martinelli— explica las relaciones comerciales. Afirmó que ningún ejecutivo de Odebrecht ha mencionado a Bhatka y que el aporte de 814 mil dólares para el helicóptero no guarda relación con actos ilícitos.
Aunque la Fiscalía pidió la absolución de Bhatka, lo incluyó entre quienes deberían responder civilmente. La defensa solicitó que tampoco se le imponga esa responsabilidad.
Defensa de Duboy y otros acusados
Basilio González, abogado del exministro de Vivienda Carlos Duboy, argumentó que se pretende sancionar a su cliente por una donación política recibida en 2008, cuando era tesorero del Partido Panameñista. Alegó prescripción y presentó un incidente de nulidad, señalando que cualquier irregularidad correspondería al ámbito electoral. También indicó que el expresidente Juan Carlos Varela tenía conocimiento del manejo de los fondos por parte del comité de finanzas del partido.
Por su parte, Alejandro González, defensor de Michelle Lasso, destacó que la Fiscalía pidió su absolución y afirmó que su clienta actuó bajo instrucciones de su padre, Jaime Lasso, también acusado en la causa.
Finalmente, Fernando Peñuelas solicitó la absolución para los peruanos María Carmona y Fernando Monteverde. Cuestionó el testimonio del perito Antonio Lin, quien mencionó a las empresas Izagon, Cementerio Central, Deltora y Construmat —vinculadas a sus defendidos— como receptoras de fondos de Odebrecht, pero admitió no haber revisado sus cuentas ni actividad financiera. Según la defensa, ambos desconocían que estaban siendo investigados en Panamá y se enteraron durante la audiencia preliminar celebrada en 2022.
Con estos alegatos, el proceso entra en su recta final, a la espera de que la jueza emita su decisión sobre uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país.
