La jueza Baloisa Marquínez rechazó varios incidentes de nulidad y concedió plazo a las defensas para revisar miles de fojas de documentación aportadas por la Fiscalía.
La audiencia del caso Odebrecht inició la mañana de este miércoles con retraso, alrededor de las 9:20 a.m., luego de verificarse la presencia de las defensas y de los representantes del Ministerio Público. Superado el pase de lista, el tribunal dio continuidad a la lectura del auto de llamamiento a juicio.
Durante la jornada, la Fiscalía expuso detalles relacionados con el manejo de fondos provenientes de la denominada “caja dos” de Odebrecht, así como la presunta triangulación de esos recursos a través de fundaciones, cuentas offshore y empresas intermediarias, con destino final en campañas políticas.
Uno de los ejes centrales fue la vinculación de Jaime Lasso y su entorno familiar con la Fundación Don James, entidad que —según la acusación— recibió transferencias que la Fiscalía identifica como sobornos. De acuerdo con lo expuesto, Lasso figuraba como tesorero de la fundación, mientras que Michelle Lasso aparecía vinculada a diversas sociedades. La Fiscalía sostuvo que los fondos fueron canalizados posteriormente hacia cuentas asociadas al expresidente Juan Carlos Varela.
En su declaración, Lasso señaló que desconocía el origen ilícito del dinero y aseguró que, al no estar en el gobierno, no consideró indebido recibir aportes a través de estructuras offshore. Reconoció, no obstante, que se recibieron 750 mil dólares en cinco transferencias, destinadas al Partido Panameñista, fondos que luego fueron transferidos a cuentas vinculadas a Varela. La Fiscalía detalló el recorrido del dinero y reiteró que tanto Lasso como su familia fueron receptores directos de recursos provenientes de Odebrecht.
La investigación también abordó el uso de alias para identificar destinatarios de transferencias, entre ellos el término “Cachaza”, asociado —según la Fiscalía— a cuentas del expresidente Varela, así como la participación de intermediarios identificados con nombres clave utilizados por la constructora brasileña.
Otro bloque de la audiencia se centró en la figura de Carlos Dubois, vinculado a varias empresas que habrían recibido fondos de Odebrecht. Aunque Dubois indicó que los aportes se hicieron a través de terceros, la Fiscalía subrayó que la legislación electoral panameña prohíbe la triangulación de recursos para campañas políticas. Se destacó además que algunos pagos no fueron reportados al Tribunal Electoral.
La acusación también incluyó a Aron Mizrachi Malta, a quien se le atribuye la recepción de fondos de Odebrecht y su posterior distribución a diversas personas y sociedades, con el objetivo —según el Ministerio Público— de ocultar el origen del dinero bajo aparentes operaciones comerciales.
En cuanto al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, la Fiscalía lo señaló como beneficiario final de transferencias realizadas desde el extranjero hacia empresas vinculadas, entre ellas Ricamar. Testimonios incorporados al expediente relataron entregas de dinero en efectivo y el uso de alias para identificarlo como destinatario final de los fondos. La Fiscalía presentó un desglose de montos que superarían el millón de dólares.
Tras la exposición de los cargos, la jueza Baloisa Marquínez anunció que el Ministerio Público solicitó omitir la lectura de los sobreseimientos. Sin embargo, abogados defensores pidieron que se leyera el contenido completo por razones de transparencia y derecho a la información.
Posteriormente, el tribunal decretó varios sobreseimientos provisionales, al considerar que no se configuraban los elementos necesarios para el delito imputado o que no existía evidencia suficiente de que los fondos hubieran ingresado al sistema financiero panameño. También se declaró la inimputabilidad de una de las acusadas, sustentada en evaluaciones médicas que acreditan un deterioro cognitivo severo.
Durante la tarde, la jueza rechazó múltiples incidentes de nulidad y solicitudes de prescripción presentadas por distintas defensas, al estimar que no se cumplían los presupuestos legales para acogerlos.
La audiencia se reanudó pasadas las 2:00 p.m. con la identificación de los abogados defensores y representantes del Ministerio Público. Minutos después, la Fiscalía informó su intención de presentar pruebas extraordinarias, lo que generó un amplio debate sobre el volumen del material, su acceso y los plazos para su revisión.
Defensores solicitaron que las pruebas fueran entregadas en formato digital, alegando la imposibilidad material de revisar miles de fojas en pocos días. La jueza reconoció la complejidad del caso y concedió un período adicional para que las partes examinen el material y presenten objeciones, fijando nuevas fechas para continuar con el proceso.
La sesión concluyó entrada la tarde, con el llamado de la jueza a mantener el orden en sala y con la advertencia de que el avance del juicio dependerá del cumplimiento estricto de los plazos establecidos para la revisión de las pruebas extraordinarias.
