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La situación legal del exvicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén entra este miércoles en una nueva fase al enfrentar una primera audiencia en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

Carrizo fue detenido a su llegada al país, luego de regresar desde Guatemala, donde buscaba concretar su juramentación como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). El exvicepresidente arribó en el primer vuelo disponible y quedó bajo custodia de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía Anticorrupción.

A su llegada, Carrizo afirmó que optó por retornar voluntariamente para enfrentar el proceso. “Decidí venir a Panamá y dar la cara. Soy inocente y esto es una persecución política”, manifestó ante medios de comunicación.

El intento de juramentación en el Parlacen no llegó a materializarse. Ese acto era clave, ya que de haberse concretado le habría permitido adquirir la investidura parlamentaria y, con ella, las prerrogativas asociadas al cargo, incluida la inmunidad. En ese escenario, cualquier investigación penal habría debido tramitarse mediante un procedimiento especial ante la Corte Suprema de Justicia, y no en la jurisdicción penal ordinaria.

Según su equipo legal, Carrizo decidió regresar al país luego de conocer, a través de informaciones públicas, que existía una orden de aprehensión en su contra. Su abogado Víctor Orobio aseguró que el exvicepresidente renunció a un derecho constitucional para someterse al proceso judicial. “No tiene nada que ocultar y por eso vuelve al país”, sostuvo.

La orden de aprehensión fue emitida el 26 de enero de 2026 por la Fiscalía Anticorrupción, mediante un oficio firmado por la fiscal superior Adela Cedeño, dentro de una investigación por delitos contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

La defensa cuestiona tanto la legalidad como la necesidad de la medida. Orobio calificó la aprehensión como desproporcionada y afirmó que su cliente no representaba riesgo de fuga ni obstaculización del proceso. Además, denunció la apertura de una nueva carpeta de investigación en reserva, sin notificación previa a la defensa, pese a que —según indicó— existen otras investigaciones activas sobre los mismos hechos en las que ya se habían presentado pruebas.

En la misma línea, el abogado Adecio Mojica señaló que se trata de múltiples investigaciones por un supuesto hecho único y recordó que se han realizado verificaciones patrimoniales en diversas entidades bancarias del país.

De manera paralela al proceso penal, la Contraloría General de la República ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias de Carrizo por un monto superior a 1.3 millones de dólares, como parte de una auditoría patrimonial. La institución informó que se trata de un trámite administrativo y que el expediente es confidencial.

La defensa sostiene que un señalamiento inicial cercano a los tres millones de dólares fue sustentado con documentación contable y peritajes financieros, y cuestiona que esas justificaciones no se reflejen en los informes oficiales.

Antes de su aprehensión, Carrizo presentó un recurso de amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia para frenar las medidas administrativas de la Contraloría, al considerar que vulneran derechos fundamentales.

La audiencia programada para este miércoles definirá los próximos pasos del proceso, mientras el equipo legal anunció que solicitará que la aprehensión sea declarada ilegal.

La audiencia celebrada este martes 27 de enero estuvo marcada por la declaración de testigos, objeciones de las defensas y dificultades para la comparecencia de varios convocados, en el proceso judicial relacionado con presuntas irregularidades en el financiamiento de campañas políticas.

Al inicio de la sesión, el tribunal verificó la presencia de las partes procesales y dejó constancia de la inasistencia de algunos testigos propuestos por el Ministerio Público, debido a que son ciudadanos brasileños y existe una decisión adoptada por su país que impide su comparecencia. También se informó que uno de los imputados no pudo asistir por motivos de salud y por encontrarse fuera de Venezuela.

Declaración de Yara Campos

La audiencia avanzó con el testimonio de Yara Campos, presentada tanto por la Fiscalía como por la defensa de Carlos Dubois. Tras ser juramentada, Campos explicó que fue requerida en 2020 para rendir declaración sobre donaciones de campaña y detalló su trayectoria de más de tres décadas en el Tribunal Electoral, donde actualmente se desempeña como directora ejecutiva.

Durante su exposición, la testigo explicó la evolución de la normativa sobre financiamiento político. Señaló que entre 2004 y 2009 las donaciones debían registrarse ante el Tribunal Electoral y estaban protegidas por un régimen de confidencialidad, el cual solo podía levantarse en caso de investigación penal. Indicó que en 2012 se establecieron prohibiciones expresas, como la recepción de donaciones anónimas, de origen extranjero o provenientes de fundaciones foráneas, así como aportes de empresas vinculadas al Estado.

Campos añadió que estas reglas fueron modificadas en 2019, cuando se eliminó el velo de confidencialidad, se estableció la obligación de publicar las donaciones en la página web del Tribunal Electoral y se introdujeron los topes de gasto de campaña, con el objetivo de fortalecer la transparencia.

Interrogatorios y objeciones

El interrogatorio del Ministerio Público se centró en identificar a los responsables de reportar las donaciones de campaña ante el Tribunal Electoral. Varias preguntas fueron objetadas por la defensa por considerarlas repetitivas, objeciones que en algunos casos fueron acogidas por la jueza.

Durante el contrainterrogatorio, la defensa de Carlos Dubois solicitó a la testigo reconocer una declaración rendida en 2020, lo cual fue confirmado por Campos tras revisar el expediente. La testigo aseguró no tener conocimiento de sanciones penales contra Dubois relacionadas con donaciones de campaña.

Ante una pregunta que hacía referencia a una persona no imputada en el proceso, la jueza intervino para recordar que solo debían mencionarse los nombres de quienes están siendo juzgados en esta causa.

Financiamiento entre 2009 y 2014

La defensa de otro de los procesados abordó el esquema de financiamiento vigente entre 2009 y 2014, buscando establecer si las restricciones aplicaban a campañas específicas o a los partidos políticos. Campos indicó que las donaciones privadas podían realizarse en distintos momentos, bajo determinadas regulaciones, y que no existían límites de gasto para los partidos políticos durante ese período.

Añadió que las sanciones previstas por incumplimientos a la normativa electoral eran de carácter pecuniario y que, a nivel del Tribunal Electoral, no se registraron triangulaciones ni sanciones vinculadas a los procesados durante esos años.

Donaciones privadas y confidencialidad

En el contrainterrogatorio, la abogada Alma Cortés centró sus preguntas en el régimen de confidencialidad vigente entre 2009 y 2014 y en quiénes tenían la facultad de levantar ese velo. También consultó sobre la posibilidad de recibir donaciones de empresas constructoras y de familiares de candidatos. La testigo reiteró que, aunque la norma no establecía sanciones penales, sí prohibía que familiares recibieran dinero para campañas.

El abogado querellante realizó preguntas consideradas reiterativas, sin que se introdujeran nuevos elementos relevantes al debate.

Dificultades para ubicar testigos

Durante la audiencia, varios abogados informaron sobre la imposibilidad de localizar a testigos propuestos por las defensas, algunos de los cuales se encuentran en el extranjero. En otros casos, se solicitó el apoyo del Ministerio Público para lograr su comparecencia. La jueza indicó que se esperará la citación formal para resolver estas situaciones.

Testigo protegido

La sesión continuó con la declaración de un testigo protegido, cuya identidad visual fue resguardada por orden judicial. El testigo relató la constitución de una sociedad en Belice y la apertura de cuentas bancarias, incluida una en Andorra. Indicó que firmó diversos documentos a solicitud de un intermediario y que, aunque se mencionó un contrato por 12 millones de dólares, nunca se le precisó el monto real de los fondos manejados.

El testigo reconoció haber viajado en varias ocasiones a Andorra, pero mostró imprecisiones sobre la estructura interna de las sociedades involucradas y la conformación de sus juntas directivas.

Próximas diligencias

Al cierre de la audiencia, la jueza fijó para el 28 de enero a las 8:30 de la mañana, la práctica de un nuevo testimonio solicitado por una de las defensas. Además, indicó que el tribunal gestionará la comparecencia de otros testigos cuya ubicación ha resultado infructuosa. El Ministerio Público advirtió que, de no lograrse ubicar a uno de ellos, se recurrirá a un testigo alterno previamente anunciado.

El Ministerio Público activó una nueva fase en las investigaciones que involucran al exvicepresidente de la República, José Gabriel “Gaby” Carrizo, al solicitar formalmente su aprehensión con fines de conducción dentro de un proceso por presunto enriquecimiento injustificado.

La solicitud fue emitida por la fiscal superior anticorrupción, Adela Cedeño, y comunicada a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional el lunes 26 de enero, aunque la resolución que la sustenta fue adoptada el viernes 23.
De forma paralela, la Fiscalía notificó al Servicio Nacional de Migración como medida preventiva ante una eventual salida del país. No obstante, tras hacerse pública la orden, el exvicepresidente reaccionó en sus redes sociales, donde aseguró que se encontraba fuera del territorio nacional y aseguró que regresará a enfrentar la justicia.

Carrizo, quien fue el abanderado presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las elecciones generales de 2024, se encuentra bajo investigación de las autoridades desde que concluyó su mandato como vicepresidente. En octubre del año pasado, la Contraloría General de la República ordenó el secuestro de cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados al exfuncionario, por un monto estimado de hasta 1.3 millones de dólares, como parte de un proceso administrativo previo.

Ante esa medida, el exvicepresidente recurrió a un amparo de garantías constitucionales presentado ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando su disposición a comparecer ante las instancias correspondientes y defendiendo la transparencia de su actuación pública.

Carrizo ha buscado incorporarse al Parlamento Centroamericano, alegando el derecho que le asiste como vicepresidente saliente. Sin embargo, hasta la fecha, el organismo regional no ha procedido a juramentarlo, ni a él ni al expresidente Laurentino Cortizo. De concretarse esa juramentación, la competencia para investigarlo pasaría de la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia, conforme al marco constitucional.

Willie Bermúdez formalizó su salida del Partido Panameñista, poniendo fin a una relación política de más de una década con esa organización. La decisión, comunicada mediante una carta dirigida a la dirigencia del colectivo, marca un quiebre con la estructura partidaria en la que militó y ocupó espacios de participación.

En su pronunciamiento, Bermúdez plantea que su desvinculación responde a una evaluación personal del rumbo que ha tomado el partido y a la distancia creciente entre sus convicciones y las dinámicas internas de la organización. Señala que, pese a los años de trabajo político, considera que ya no existen las condiciones para continuar aportando desde esa plataforma.

El exdirigente hace referencia a un desgaste acumulado, tanto en lo político como en lo personal, y sostiene que su decisión no surge de un hecho aislado, sino de un proceso prolongado de reflexión. En ese contexto, subraya que su renuncia busca preservar la coherencia con sus principios y con la forma en que concibe la actividad política.

Bermúdez también recuerda su trayectoria dentro del Partido Panameñista, destacando su participación en distintas etapas y procesos electorales, así como el compromiso asumido con las bases y con la defensa de valores que históricamente identificaron al colectivo. No obstante, advierte que esos principios, a su juicio, se han ido debilitando con el paso del tiempo.

En el cierre de su mensaje, deja constancia de que su salida se realiza de manera formal y definitiva, agradeciendo a quienes compartieron con él años de militancia, y sin anunciar, por ahora, su incorporación a otra fuerza política. La renuncia abre interrogantes sobre su futuro político y se suma a un momento de reacomodos internos que atraviesa el Partido Panameñista tras los resultados electorales y los debates sobre su dirección y liderazgo.

El juicio por el caso Odebrecht retomó actividades este lunes 26 de enero con una agenda centrada en la discusión de las pruebas extraordinarias aportadas por las defensas, un debate que marcó el desarrollo de la mañana y dio paso, horas después, al inicio de la etapa testimonial.

La audiencia comenzó poco después de las 8:30 a.m., bajo la conducción de la jueza Baloisa Marquínez, quien abrió el espacio para que el Ministerio Público expusiera sus reparos a los elementos probatorios incorporados de forma extraordinaria por los abogados defensores. Desde el inicio, la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo adelantó que una parte significativa de esas pruebas no cumplía con los requisitos de oportunidad ni pertinencia.

Durante su intervención, la fiscalía cuestionó certificaciones y peritajes presentados en enero de 2026, señalándolos como extemporáneos y carentes de utilidad procesal. Entre los primeros puntos abordados estuvieron pruebas vinculadas a exministros y exfuncionarios, así como documentos que, según Morcillo, no guardan relación directa con los hechos investigados o buscan reabrir discusiones ya superadas en el proceso. En ese contexto, la fiscal señaló que la defensa del banquero Juan Antonio Niño solicitó la comparecencia del servidor público Javier Carrizo Esquivel, gerente del Banco Nacional de Panamá. El Ministerio Público calificó esta solicitud como un intento de dilación, al señalar que el testigo ya había rendido interrogatorio y que volver a practicar la prueba vulnera el principio de economía procesal, además de resultar repetitivo e innecesario.

A lo largo de la mañana, la fiscalía también objetó informes periciales complementarios y solicitudes de comparecencia de testigos que ya habían rendido declaración, argumentando que estas pretensiones podrían dilatar el juicio y afectar el principio de economía procesal. En uno de los señalamientos, Morcillo sostuvo que ciertas pruebas pretendían atribuir al perito funciones que corresponden exclusivamente al tribunal.

Alrededor de las 9:30 a.m., concluida la exposición de la fiscalía, la jueza Marquínez anunció un receso técnico para revisar los argumentos planteados, el cual se extendió más de lo previsto debido al volumen de documentos sometidos a consideración. Tras retomar la sesión, la magistrada informó que continuaría valorando algunas de las pruebas antes de pronunciarse sobre su admisibilidad.

Minutos después de las 11:00 a.m., la audiencia volvió a interrumpirse brevemente para ubicar a testigos convocados, con un llamado expreso de la jueza a la puntualidad y al uso eficiente del tiempo judicial. Al reanudarse la sesión, Marquínez comunicó que las jornadas del juicio se desarrollarán durante la semana en horario matutino, de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Cerca del mediodía, y una vez concluida su evaluación preliminar, la jueza dio por cerrada la fase de discusión sobre las pruebas extraordinarias, habilitando formalmente el inicio de la etapa testimonial con la participación del Ministerio Público.

El proceso, que transita ya su séptima jornada, continúa avanzando en medio de un estricto control judicial sobre los elementos probatorios, en un caso considerado uno de los más complejos y emblemáticos de corrupción en el país.